La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la mayoritaria entre los agentes del Instituto Armado, atraviesa la que seguramente sea la peor crisis desde su fundación, convertida en una auténtica guerra interna.
Veintiún secretarios provinciales, agrupados bajo la plataforma 'Regeneremos JUCIL', han firmado una carta abierta en la que denuncian supuestas "irregularidades, mala praxis y gestión opaca" por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), liderado por Ernesto Vilariño, de quien exigen su dimisión. La dirección nacional de JUCIL ya ha respondido a la misiva, negando las acusaciones y defendiendo su gestión.
Silencio ante anomalías
La carta abierta, dirigida a los asociados y remitida a nuestra redacción desde el correo electrónico regeneremosjucil@gmail.com, critica duramente la gestión de Vilariño y de su equipo, asegurando que la situación es "insostenible" y "requiere de una profunda regeneración y de medidas urgentes que garanticen la reputación y el buen nombre de nuestra organización".
Los firmantes sostienen que la Junta Directiva ha hecho "caso omiso" sus peticiones de información, que han incluido una serie de preguntas sobre "gastos supuestamente irregulares" efectuados por Vilariño y que han quedado sin respuesta con el argumento de que la documentación requerida es "desproporcionada". "Sin embargo, nosotros estamos comprometidos con la familia de la Guardia Civil para no permitir que se silencien estas anomalías", afirman.
En esta línea, recuerdan la demanda de transparencia solicitada recientemente por JUCIL a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para considerar que "muestra cierta hipocresía, en tanto en cuanto el Comité Ejecutivo Nacional dista mucho de hacer uso de la claridad en su gestión diaria, sobre todo en cuanto a las decisiones económicas se refieren".
Sombras de influencia política
Por otra parte, los 21 secretarios provinciales señalan la presunta infiltración de antiguos miembros de Ciudadanos en la estructura de JUCIL. "Los asociados y secretarios de JUCIL deben conocer y preguntar por el contrato y la actividad que ha desarrollado en nuestra asociación el exdiputado Miguel Ángel Gutiérrez", advierten.
"En esa falta de independencia y misión apolítica no se entiende tampoco como el CEN ha contratado, para gestionar la comunicación interna de nuestra asociación, a una agencia que dirige el también exdiputado de Ciudadanos Pablo Yáñez. Un político que salió rebotado de Ciudadanos al descubrirse como muñidor de una operación para situar a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente en la presidencia de Ciudadanos en esa región", añaden.
Los firmantes también cargan contra la contratación del bufete Sarabia y Asociados, liderado por el exconcejal socialista Diego Sarabia. Según indican, esta decisión, que "vulnera el código ético de la asociación y pone en entredicho su sentido apolítico", tiene como objetivo presentar una demanda en Bruselas solicitando la equiparación salarial "a espaldas de nuestros hermanos de JUSAPOL Y JUPOL".
Presiones y dimisiones
"Todas estas decisiones perjudican claramente la consecución de los objetivos de JUCIL", avisan. Además, aseguran que "el desgaste, la dudosa gestión y las presiones" ejercidas por el CEN no solo han provocado varias dimisiones, entre las que destacan las de Agustín Leal, secretario nacional de comunicación de JUCIL, y la del Coordinador general de Canarias, sino que también han propiciado "ceses directamente de provinciales críticos con la gestión, llevando a nuestra asociación a un camino desconocido en caso de no enderezar su rumbo".
"Por la transparencia, la justicia y el compromiso con nuestros asociados nos vemos abocados a anunciar que en los próximos días presentaremos una demanda para que la Justicia depure las posibles responsabilidades que pudieran existir en la gestión y administración irregular de los fondos de la asociación", subrayan los firmantes.
Antes de cerrar su misiva, insisten en que el CEN "está deslegitimado para continuar su labor". "Con la información que tenemos se confirma la justa rebelión y se constata que no cuentan con el apoyo de buena parte de los secretarios provinciales, aumentando cada día esa desconfianza entre los asociados y la estructura de otras secretarias provinciales", aseveran, y apostillan: "JUCIL debe ser una asociación que represente con honor y transparencia los intereses de sus miembros, guardias civiles. No podemos permitir que las irregularidades y la mala gestión empañen los valores que nos guían".
La dirección de JUCIL defiende su gestión
La dirección nacional de JUCIL no ha tardado en reaccionar a esta embestida, difundiendo un comunicado en el que niega las acusaciones de los 21 secretarios provinciales, alegando que la asociación "actúa con total transparencia e independencia apolítica" y que esas supuestas irregularidades ya fueron objeto de debate y de "explicación" en una reunión informativa celebrada el pasado 23 de diciembre, previa a la asamblea extraordinaria prevista para el primer trimestre del presente año. Esta asamblea no se celebrará antes del 10 de marzo, pese a que la Plataforma Regeneremos JUCIL reclamó al CEN que la adelantara, como comenta en su carta.
La cúpula de JUCIL declara no tener "ningún miedo porque somos transparentes" y además asegura que "las cuentas serán auditadas y sometidas, como siempre, a la aprobación de la asamblea".
"Esta misiva sólo busca desprestigiar la trayectoria de la asociación, cuyo único fin es proteger y defender los derechos de todo el cuerpo", apuntan desde el ejecutivo de JUCIL, que critica que los firmantes no revelen su identidad, amparándose a una "supuesta plataforma" de la que pone en cuestión la existencia. "No representa a ningún colectivo", zanjan.