El Ministerio del Interior ha anunciado la adjudicación de los servicios de apoyo a la seguridad exterior en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior y vigilados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Hasta el pasado 30 de diciembre, en la Plataforma Contratación Sector Público se publicitan cinco lotes de un total de seis, con un valor estimado de 77.418.656,72 euros, según la propia página, y que han sido adjudicados de la siguiente manera:
- Lote 1. Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. El adjudicatario ha sido Garda Servicios de Seguridad, por un importe total ofertado de 9.488.230,56 euros.
- Lote 3. Castilla La Mancha y dos centros penitenciarios de Madrid (Aranjuez y Valdemoro). El adjudicatario ha sido Grupo Omega, por un importe total ofertado (sin impuestos) de 4.565.451,18 euros.
- Lote 4. Andalucía. El adjudicatario ha resultado Ilunion Seguridad, por un importe total ofertado (sin impuestos) de 8.266.438,22 euros.
- Lote 5. Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. El adjudicatario ha resultado Coviar, por un importe total ofertado (sin impuestos) de 8.002.432,84 euros.
- Lote: 6. Canarias, Ceuta y Melilla. Ha resultado adjudicatario Eulen Seguridad por un importe total ofertado (sin impuestos) de 4.474.584,21 euros.
Y, como se habrá advertido, sigue sin aparecer el conflictivo lote, correspondiente a los 15 centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La última empresa a la que se le había confiado el servicio de seguridad privada en las prisiones madrileñas, extremeñas y castellano-manchegas fue Ombuds Compañía de Seguridad SA, empresa a la que en julio de 2019 el Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores, y el 9 de enero de 2020, el juez acordó la apertura de la fase de liquidación y la disolución de esta compañía, asfixiada por las deudas con clientes y los impagos que mantenía con la Agencia Tributaria.
En 2021, Interior intentó adjudicar la seguridad privada de las cárceles de Madrid y Extremadura a Sicor Seguridad de El Corte Inglés y a Secoex, las cuales retiraron las ofertas ante el riesgo de tener que asumir a los trabajadores de la última contrata. Finalmente, la falta de adjudicación de este servicio obligó a que fuesen agentes de la Guardia Civil los que realizaran estas funciones.
Por su parte, UGT ha denunciado que, “el Ministerio de Interior adjudica la seguridad en prisiones dejando fuera del mercado laboral a ciento ochenta vigilantes de seguridad que pertenecieron a la empresa OMBUDS y que realizaban sus funciones en centros penitenciarios antes de ser apartados por el propio Ministerio.
El Ministerio de Interior durante este último año que es el plazo de vigencia para la subrogación de personal impulsó varias licitaciones para los mencionados centros penitenciarios que por un lado resultaban inasumibles en su adjudicación por su bajo precio y que tenían como único objetivo precarizar la actividad así como establecer una cortina de humo para ocultar su voluntad real que siempre ha sido no asumir el empleo de los ciento ochenta vigilantes y por ende la posible asunción de la deuda producida por OMBUDS que fue su máximo proveedor en los servicios de seguridad en prisiones.
El Ministerio encabezado por Marlaska una vez más demuestra en la adjudicación de prisiones un total desprecio a los vigilantes de seguridad que fruto de su exclusión inicial del servicio en prisiones y de dilatar la adjudicación del mismo quedan fuera del mercado laboral cuando podrían hoy mantener su trabajo mediante la subrogación establecida en Convenio, como así ha sucedido en otras administraciones en el conjunto del territorio nacional afectadas en las mismas circunstancias si hubiera existido la más mínima voluntad política por parte de Interior”.