La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) solicitó este miércoles a la Dirección General del Instituto Armado que se evite la reintroducción de embarcaciones requisadas a los narcotraficantes por "representar un grave riesgo para la seguridad de los guardias civiles y de la ciudadanía".
Así lo expresó la organización mediante un comunicado, donde recuerda que estas narcolanchas "no se encuentran homologadas, cuentan con escasa seguridad estructural, son inestables y están construidas con materiales con alto riesgo de incendio o explosión, especialmente si se utilizan armas de fuego".
La asociación precisó que dotar al Servicio Marítimo con una flota de patrulleras como la recientemente presentada 'Río Iro', que alcanza los sesenta nudos de velocidad (110 kilómetros/hora), "resulta mucho más seguro y cumple con las especificaciones de seguridad para la vida de los tripulantes".
Las narcolanchas han sido utilizadas entre los años 2020 y 2022, especificó, pero fueron retiradas por su falta de homologación e inspección por parte de Capitanía Marítima.
Asimismo, destacó que "se han identificado importantes riesgos en el uso de estas embarcaciones, como su inestabilidad y su visibilidad reducida, ya que han sido diseñadas en talleres clandestinos para el transporte de grandes volúmenes de sustancias estupefacientes y de combustible".
La asociación apuntó que están fabricadas en fibra y equipadas con grandes depósitos de gasolina, lo que supone un riesgo significativo de incendio y explosión, especialmente si se utilizan armas de fuego durante las operaciones.
"Resultaría inaceptable que se pongan en riesgo las vidas de los guardias civiles utilizando estas embarcaciones inadecuadas. La seguridad y la salud de nuestros compañeros del Servicio Marítimo, y de cualquier otro que pueda ir a bordo, son nuestra prioridad, y estas embarcaciones no cumplen con los estándares necesarios para su uso en operaciones policiales", afirmó la portavoz de Jucil, Mila Cívico.
Por su parte, instó a la Dirección General de la Guardia Civil a que se realice una evaluación de los riesgos laborales de estas embarcaciones que sea exhaustiva y aclare su idoneidad o no para las operaciones policiales. De manera que, en tanto no se disponga de este informe, se inmovilicen preventivamente estas narcolanchas.
La asociación reclamó además que se proporcionen los estudios periciales que justifiquen la posible utilización de estos medios extraordinarios siempre que se han considerado y se han evaluado todas las medidas de protección necesarias.