Este miércoles ha fallecido el ocupante de una narcolancha tras colisionar contra una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la desembocadura del río Guadalquivir, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. El suceso ha sido recogido por la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) en un comunicado en el que recuerda que lleva años reclamando más recursos para esta zona y reprocha al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las "promesas vanas que durante meses ha repetido en distintos momentos cuando se ha referido a las posibles soluciones al incremento de la violencia y de la delincuencia en el sur de España, en concreto en el área de la desembocadura del río Guadalquivir, en la provincia de Cádiz".
JUCIL incide en que lleva "mucho tiempo" pidiendo al Ministerio del Interior una mayor atención para esta zona, donde señala que las bandas dedicadas al narcotráfico no sólo han aumentado su actividad con la constante llegada de inmigrantes desde las costas africanas, sino que también han desarrollado una actitud mucho más violenta, como considera pone en evidencia el mencionado suceso. Según su relato, se produjo cuando la patrullera Río Águeda se disponía a abordar la narcolancha, que parecía vacía, pero que los ocupantes pusieron rápidamente en marcha y, en su intento de esquivar el abordaje, terminó estrellada contra la embarcación de la Guardia Civil.
"JUCIL lamenta que este hecho haya finalizado con la muerte de uno de los ocupantes de la embarcación que iba a ser revisada por los guardias civiles. Pero este incidente demuestra cómo se ha incrementado el nivel de violencia con el que las bandas que controlan el narcotráfico en esta zona y se ha perdido el principio de autoridad", ha afirmado el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño.
"JUCIL lleva años reclamando al Ministerio del Interior y a la Administración del Gobierno de España que actualice las patrullas del cuerpo y, sobre todo, que nos dote de los medios necesarios para luchar contra esta lacra que es el narcotráfico. Es una irresponsabilidad por parte de la Administración no garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no proteger a nuestros jóvenes contra esta lacra de la droga y no emplear los recursos adecuados, que los hay, para frenar este despropósito", ha manifestado el portavoz de JUCIL, Agustín Leal.
Un área de enorme peligro en la que los guardias civiles se juegan la vida a diario
JUCIL insiste en que "desde hace años" ha reclamado "más medios materiales y un aumento de las plantillas destinadas al control de las bandas organizadas del narcotráfico". Sin embargo, apunta que la zona de la desembocadura del río Guadalquivir no ha dejado de estar falta de los recursos apropiados para el control del narcotráfico, lo que ha propiciado se convierta en "un área de enorme peligro para la seguridad de los ciudadanos en la que los guardias civiles se juegan a diario la vida para intentar detener el tránsito casi suicida de lanchas lanzadas a gran velocidad que no responden a los requerimientos para detenerse". Y es que, según subraya, los grupos organizados del narcotráfico se están haciendo cada vez "más potentes y muestran mayores niveles de violencia" para evitar su detención y para lograr el objetivo de introducir nuevos alijos de drogas.
"Casi a diario se viven momentos en los que los compañeros del Servicio Marítimo, a veces en embarcaciones más ligeras que la patrullera, ven como los tripulantes de las lanchas rápidas, para evitar ser detenidos, les echan encima las embarcaciones en las que viajan a velocidades casi suicidas. Pese a las muchas promesas del ministro Grande Marlaska, lo cierto es que ni los medios disponibles ni las plantillas resultan suficientes para atender un problema de seguridad que afecta de forma muy seria a los ciudadanos de la desembocadura del Guadalquivir", ha advertido Vilariño. "Da la impresión, cada vez más, de que los guardias civiles estamos abandonados a nuestra suerte en la tarea de mantener la seguridad con medios más escasos y con una creciente falta de interés por parte de los responsables del Ministerio", ha añadido.
Exige incentivos
Ante este panorama, JUCIL también reclama la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar y para otras áreas de la provincia de Cádiz como es la desembocadura del río Guadalquivir, de forma que los guardias civiles destinados en ellas cuenten con incentivos económicos, "al igual que los que prestan servicio en el País Vasco"