El sindicato JUPOL muestra su indignación por las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno y sus socios en materia de seguridad. Según su secretario general, Aarón Rivero, el Ejecutivo “legisla para sediciosos y delincuentes, mientras abandona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la infame reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
Ante estos cambios, el secretario general de JUPOL ha indicado que “hoy se hace más necesaria que nunca la unidad de acción sindical entre las diferentes organizaciones de representación policial en el seno del Consejo de Policía”. Los diferentes sindicatos y organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están estudiando una respuesta común a las iniciativas legislativas.
Reforma del delito de sedición
La reciente aprobación en el Senado del delito de sedición y la rebaja de penas por delitos de corrupción lleva a Rivero a instar de nuevo al Gobierno y en concreto al Ministerio del Interior a que “defienda en todo momento la actuación de la Policía Nacional y que legisle de forma responsable y sin dificultar el trabajo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
La eliminación del delito de sedición supone “una falta de respeto para los cientos de policías lesionados durante los disturbios de Cataluña en 2017 y en 2019, que hoy sienten como todo su trabajo y sus lesiones no han servido para nada”, añade.
Ataque al principio de autoridad
A juicio de Rivero, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está gestando en el Congreso de los Diputados “abandona y desampara a los policías y supone un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la eliminación del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático, el recorte en los medios policiales para garantizar la seguridad ciudadana y el riesgo para la seguridad de los propios agentes y de sus familias”.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, según JUPOL, deja a los policías sin derecho a la intimidad, porque se permite que “delincuentes puedan difundir nuestra imagen, poniendo en grave riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias”.
JUPOL ha solicitado en distintas ocasiones la dotación de cámaras para ser presentadas en juicios sin ser tergiversadas, ya que graban de principio a fin las actuaciones policiales y estas no pueden ser manipuladas por videos editados en redes sociales y demás plataformas.
Como ya publicábamos recientemente en Escudo Digital, está previsto que los grupos políticos vuelvan a tratar esta reforma en enero, pero no hay fecha todavía para que esta Ley se eleve a la Comisión de Interior, que es el paso previo y obligado para que pueda ser aprobado en el Pleno del Congreso.
Entre las novedades que plantea la reforma cabe destacar la supresión del artículo 36.2, que penalizaba rodear el Parlamento. La “perturbación grave” ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas autonómicas dejará de ser delito.
También preocupa a los policías que se retire la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de una concentración o manifestación y que, salvo excepciones (si pueden afectar a la seguridad de los policías, sus familias o a algún operativo en marcha), no se sancione la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad.
Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la de no sancionar al que provoque desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada. Otros cambios polémicos son la rebaja de sanciones en caso de desobediencia a la Policía y el nuevo sistema de identificación para ciudadanos indocumentados, que paraliza el trabajo policial.
Tampoco serán sancionables la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, denominado popularmente top manta, ni la “perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos.