La Audiencia provincial de Cantabria juzgará la próxima semana a siete acusados -cinco mujeres y dos hombres- de nacionalidad nigeriana, de formar parte de una organización de trata y prostitución asentada en España, Italia, Libia y Nigeria.
Esta red se dedicaba a trasladar a mujeres procedentes de Nigeria, a las que sometían a un rito vudú, hasta Libia, país en el que las mantenían en centros de refugiados en condiciones lamentables.
Tras esta parada, las hacían atravesar el Mediterráneo en pateras con destino a Italia, y, desde allí, se las conducía a España con documentación falsa.
"Cuando las mujeres decidían acceder, eran obligadas a someterse a un rito vudú, de profundo arraigo espiritual en la cultura nigeriana, conforme al cual juraban obediencia a los miembros de la organización, y se comprometían a no acudir a la policía y a pagar su deuda, so pena de caer en las mayores desgracias, incluida la muerte, tanto de ellas como de sus familiares", señala el Ministerio Fiscal.
30.000 euros en concepto de "deuda"
Según el ministerio fiscal, una vez en España, las mujeres "eran obligadas a prostituirse" con el fin de pagar 30.000 euros en concepto de "deuda", dinero que "se repartían entre los acusados residentes en nuestro país y los demás miembros del grupo en otro países".
El fiscal explica que "las mujeres eran captadas en su país de origen, donde se encontraban en situación de seria precariedad económica", y les ofrecían trabajo y oportunidades en España, "ocultándoles en la mayoría de los casos que una vez en nuestro país tendrían que ejercer la prostitución".
"Los captadores las decían que contraían con la organización una deuda de 30.000 euros, desconociendo ellas el equivalente en nairas, moneda nigeriana, ignorando asimismo que la cifra era desproporcionadamente superior a los gastos reales del viaje", señala el escrito.
La lista de acusados
Entre los acusados, se encuentran un matrimonio residente en Torrelavega y tres mujeres residentes en Vizcaya, Gijón y Lérida, quienes se encargaban de recibir a las chicas y controlarlas, asegurándose de que ejercían la prostitución en distintos clubes del territorio nacional y de que les entregaban las ganancias.
Para lograrlo, las amenazaban con hacer vudú. Una vez obtenían el dinero, lo repartían entre los miembros de la organización.
También está acusada una mujer que tenía por misión controlar a una de las víctimas, asegurándose de que efectivamente se prostituía y gestionando el dinero que ganaba para enviarlo a los miembros de la organización.
El séptimo acusado es un hombre residente en Nápoles que recibía a las chicas a su llegada desde Libia y les proporcionaba la documentación falsa necesaria para viajar por Europa, así como los billetes para llegar a nuestro país.
El ministerio fiscal considera los hechos descritos varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos de prostitución coactiva y delitos de ayuda a la inmigración ilegal.
Y solicita 36 años de cárcel para uno de los acusados que actuaba desde Nápoles; 27 años de prisión para un matrimonio residente en Torrelavega; 15 años para una mujer residente en Gijón y 13 años para otras dos mujeres residentes en Lérida y Vizcaya.