La terrible situación económica que viven muchos países como consecuencia de la pandemia recrudece las prácticas ilícitas relacionadas con la explotación de seres humanos. La Policía Nacional ha sido la responsable de la desarticulación de una organización que explotaba laboralmente a mujeres como asistentas del hogar en la provincia de León.
Se las captaba en Honduras y entraban en Europa a través de Italia. Los ganchos eran a veces miembros de sus propias familias. Como resultado de la investigación, cuatro personas han sido detenidas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició tras las declaraciones de varias víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes la existencia de una organización dedicada a la explotación laboral en la provincia de León. La organización gestionaba los billetes de avión con destino a España, generalmente con escala en El Salvador, Cuba y Milán (Italia).
Una vez en España, contaba con la colaboración de unmiembro de la organización que gestionaba la documentación y el traslado de lasvíctimas desde el aeropuerto a la estación de autobuses de Barcelona a cambiode 500 euros. Posteriormente, eran trasladadas en autobús hasta la provincia deLeón.
Disponibles 24 horas del día para pagar una deuda de 2.000 euros
Las víctimas eran alojadas en domicilios alquilados y con malas condiciones de habitabilidad, sin calefacción o agua caliente. Además se les exigía una deuda de 2.000 euros por el viaje, que debían pagar trabajando como asistentes del hogar a través de una empresa española.
Las personas que contrataban a las víctimas ignoraban la situación ilegal de las trabajadoras, pagando por sus servicios cantidades muy superiores a las que finalmente recibían las víctimas. Con esta remuneración debían pagar tanto la deuda contraída por el viaje como la generada por los tratantes debido a las gestiones practicadas para su explotación.
La administradora de la empresa de contratación de las víctimas obtenía beneficios al ahorrarse las cotizaciones de la Seguridad Social y abonar a las trabajadoras salarios muy por debajo del mínimo legal, a pesar de su disponibilidad las 24 horas del día.
Las trabajadoras ilegales tenían prohibido hablar de su situación con las personas a las que asistían o sus familiares bajo amenazas de las tratantes. En caso de encontrarse enfermas debían pagar por ser atendidas por un médico, lo que incrementaba su deuda con la administradora de la empresa en la que trabajaban.
La operación ha culminado con tres entradas y registros en la provincia de León. Dos de ellos se han realizado en las oficinas de la propietaria de la empresa y otro en el domicilio de la líder de la organización.
En los registros practicados se han intervenido 2.500 euros en efectivo, terminales telefónicos, documentación contable y documentos manuscritos relacionados con las víctimas de trata.
Han sido detenidas cuatro personas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
La Policía Nacional cuenta con la línea 900 10 50 90 y con el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.