Colegios y asociaciones de detectives privados quieren que el Gobierno considere su trabajo como un “servicio esencial”. En definitiva, que puedan realizarlo sin las limitaciones que les impone el confinamiento.
En su opinión, los alzamientos de bienes, fugas deinformación confidencial, robos de material, bajas médicas falsas, solicitudesfraudulentas de ERTE, estafas al seguro o conductas irresponsables en el ámbitofamiliar se están multiplicando al amparo de la situación extraordinaria creadapor el Covid-19 y por el estado de alarma.
Según denuncian en un comunicado, el impacto económico y social que les está produciendo la actual situación de “cautiverio” es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia. Mientras tanto, despachos de detectives privados de toda España están recibiendo peticiones de ayuda de ciudadanos y empresas que se ven impotentes para frenar conductas y actuaciones — tanto de personal interno como externo — constitutivas de delitos perseguibles a instancia de parte.
Denuncian la situación de indefensión de ciudadanos y empresas ante conductas constitutivas de delito
La repercusión económica de estas prácticas irregularespuede provocar además el cierre irreversible de industrias y comercios oafectar a las arcas del Estado, como se ha visto en varios casos recientes decompras millonarias de material sanitario a través de empresas sin garantías.
El sector también subraya que “clientes particulares yabogados de familia han mostrado también su preocupación por la falta decontrol en las custodias de los menores — hijos de padres separados odivorciados — y por las condiciones en las que están pasando su confinamiento,a menudo al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos”.Preocupación, según ellos, que se ha visto agravada en los últimos días comoconsecuencia de la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salidaa la calle de los menores de catorce años.
Escrito presentado a los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia
Se quejan también de que la lectura restrictiva del estadode alarma, por parte de los responsables de Interior, les impide realizar losimprescindibles trabajos de campo, multiplicando la sensación de impunidad delos infractores.
Todos los colegios y asociaciones profesionales de Españahan presentado de forma conjunta el escrito ante los ministerios de Sanidad,Interior y Justicia para que se considere a los detectives privados como unservicio esencial y puedan regresar a las calles con todas las garantíasjurídicas. De esta manera, según los firmantes, se podrán cumplir los objetivosde servicio a la ciudadanía y de apoyo a las autoridades.
En la actualidad – señalan - se ven imposibilitados parareunir pruebas válidas ante la Justicia sobre delitos e infracciones en losámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar,como recoge el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada. Situación que causaindefensión y que puede complicar la saturación de los juzgados en los próximosmeses.
Los colegios y asociaciones profesionales se vierondesagradablemente sorprendidos cuando, tras varias consultas oficiales, losresponsables de Investigación Privada del ministerio del Interior comunicaronque los detectives no estaban considerados servicios esenciales en el RealDecreto de estado de alarma de 14 de marzo, pese a la inclusión en él de unaparte de la Seguridad Privada, como la vigilancia uniformada y los servicios detransporte de seguridad.
Sin embargo, la decisión del gobierno de permitir la vuelta a la actividad de algunos sectores y profesionales, desde el lunes 13 de abril, llevó al CODPCAT (Colegio Oficial de Detectives de Cataluña) a realizar una nueva consulta sobre el trabajo en el exterior, reafirmando las autoridades autonómicas el anterior dictamen restrictivo.
Finalmente, a finales de la semana pasada, todos loscolegios y asociaciones unificaron sus esfuerzos para requerir al Gobierno, deuna forma conjunta y urgente, la ya señalada consideración de los detectivesprivados como un servicio esencial.