Los funcionarios de prisiones no pasan por buenos momentos. En una entrevista con Joaquín Leiva, Portavoz de ACAIP UGT, Escudo Digital se hizo eco de sus reivindicaciones yde los agravios recibidos por estos funcionarios, ninguneados en el ámbito de la seguridad: expulsados de sus viviendas en Nanclares de Oca, con menos autoridad que un conductor de autobuses y unos sueldos muy por debajo de sus responsabilidades.
Si a ello añadimos la altísima tasa de Covid en las prisiones y la bajísima tasa de reposición de estos funcionarios, el cóctel para este colectivo es letal. Los sindicatos que representan a los funcionarios de prisiones piden una reunión con Marlaska y amenazan con movilizaciones si no se cumple lo que el Ministerio del Interior prometióa finales del año pasado, una nueva Ley de Función Pública Penitenciaria.
El pasado 24 de febrero se celebró una reunión extraordinaria de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que se informó de la remisión del borrador al ministerio de Interior, sin que se haya aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces, manifiesta el comunicado remitido por ACAIP-UGT, CIG y CSIF a Escudo Digital.
Añaden que en julio del año pasado se inició el grupo de trabajo entre los sindicatos representativos y la administración penitenciaria con el " objetivo era sacar adelante un texto con rango de ley que respondiese a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, que, reconociendo las especificidades del colectivo, supusiera una modernización de nuestra institución y la unificación de una legislación dispersa, a la vez que mejorara las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios".
Y es que casi tres meses antes el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska se había comprometido en una reunión celebrada el 3 de diciembre a dar una impulso a la negociación de la futura ley de Función Pública Penitenciaria y solicitó a la administración penitenciaria que se iniciasen los trabajos para adjuntar una memoria económica a la norma.El proyecto debería haberse firmado en el el primer trimestre de este año.
Son ya cuatro años y tres gobiernos sin dar respuesta a las peticiones de los funcionaros de prisiones, Marlaska tampoco ha cumplido su promesa
ACAIP-UGT, CIG y CSIF han hecho los deberes y hanpresentado en el grupo de trabajo "la memoria económica que recoge los costos necesarios para llevar a cabo los objetivos de la Ley, además de distintas propuestas para llegar a un acuerdo en beneficio de la institución".
Tras diversas reuniones, la administración penitenciaria presentó un borrador de la Ley de Función Pública penitenciaria el pasado 17 de febrero. A juicio delos mencionados sindicatos no recoge determinados aspectos absolutamente imprescindibles para sustentar el proyecto normativo. Por ese motivo, las organizaciones sindicales hicieron alegaciones al texto, y solicitaron una reunión de carácter extraordinario de la mesa delegada celebrada el pasado 24 de febrero.
En dicha reunión, la administración penitenciara expuso que el texto presentado no era definitivo, que se iban a realizar las gestiones necesarias para que la futura Ley tuviera memoria económica dotada presupuestariamente, y que se había remitido al Ministerio del Interior para subsanar las posibles dificultades técnicas. Según el comunicado facilitado "Cabe destacar que, en la citada reunión de diciembre, Marlaska mostró su compromiso con este proyecto y con los empleados públicos penitenciarios, al señalar que, una vez finalizado el acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegaba el turno de Instituciones Penitenciarias".
El ministro, sin embargo, no ha cumplido. Se ha agotado el plazo que Fernando Grande Marlaska se autoimpuso sin que se haya producido una respuesta de la administración en más de un mes.
Por este motivo, el pasado 26 de marzo, ACAIP-UGT, CIG y CSIF, que representan los intereses de los funcionarios de prisiones mandaron una carta al Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska,pidiéndole un esfuerzo para solucionar la situación. También solicitan una reunión en la que se aclare la situación y el recorrido de este proyecto normativo.
El conflicto colectivo en prisiones se inició en abril de 2017, y como señala el comunicado "son ya 4 años y 3 gobiernos".
Desde ACAIP UGT, CIG y CSIF indican que “los empleados públicos penitenciarios nos merecemos que de una vez se reconozca públicamente y se ponga en valor la labor constitucional que realizamos, algo que no recoge la norma presentada por la administración”. En caso de que no se desbloquee la situación, estas organizaciones sindicales reiniciarán las movilizaciones en el sector.