Esta semana la AUGC madrugaba con un tweet en el que anunciaba un hecho muy grave para centenares de Guardias Civiles: la modificación del convenio suscrito entre la Guardia Civil y la Comunidad de Madrid para reducir el empleo de guardias civiles en reserva que ocupan puestos de seguridad en dicha región.
Muchos Guardias Civiles en la reserva o con incapacitaciones físicas seguían trabajando en Madrid, donde vivían sus hijos y tenían sus casas, hasta la jubilación completa, y la Comunidad cubría la parte del sueldo que les había disminuido con la jubilación. Se acabó lo que se daba. El Ministerio del Interior reducirá desde abril el número de agentes que protegen los edificios púbicos, consejerías y sedes del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, como la Asamblea, Sol o la Academia de Policías, según informa El Mundo.
Ha sido una decisión unilateral de Fernando Grande-Marlaska, e Isabel Ayuso no ha tenido nada que ver. Ha decidido por su cuenta y riesgo suprimir el convenio suscrito con la Comunidad de Madrid por el cual 120 agentes de la Guardia Civil en la reserva con más de 56 años ejercían tareas de seguridad en los mencionados edificios.
Tras la subida del sueldo base de los agentes, y con la la aportación de dinero anual de la Comunidad de Madrid, era demasiado dinero para los guardias que ahora perciben un complemento extra por ese trabajo. "Y no se puede tolerar que un Guardia Civil, y encima residente en Madrid, pueda llegar a cobrar lo mismo que los policías autonómicos, aunque esté retirado y no perciba horas extras pagadas decentemente ni nocturnidades ni alevosías algunas", nos comentan con sorna fuentes de la Guardia Civil que denuncian que la equiparación con lo que cobran los Mossos o la Ertzaintza, no ha sido real, sino una tomadura de pelo, porque, entre otras cosas, precisamente no contempla la situación de los guardias en la reserva. Jusapol, la entidad que defiende los intereses tanto de guardias civiles como policías lo denuncia constantemente en sus tweets. Antes de llegar al poder, el Ministro del Interior actual se comprometió a ayudar a ambos cuerpos policiales e incluso se puso la pulsera de Jusapol.
La decisión de disminuir el número de guardias que prestan servicio y no renovar el convenio no puede ser más absurda, porque solo hay una salida: contratar empresas de seguridad, lo cual sale más caro a las arcas del conjunto de la ciudadanía. Fuentes sindicales citadas por el diario El mundo afirman que el coronel jefe de la UPROSE (Unidad de Protección y Seguridad) firmó recientemente la orden para la disminución de efectivos y de vigilancia, que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes día 4 de abril.
Si se prescinde del servicio de los guardias habría que recurrir a la seguridad privada
Las sedes del Gobierno regional únicamente permanecerán vigiladas en el horario comprendido entre las 07.00 horas y las 15.00 horas, y permanecerán sin guardias el resto del día cuando antes eran vigiladas 24 horas. La Comunidad de Madrid tendrá que gastarse el dinero en Seguridad Privada. El ministro del Interior mata dos pájaros de un tiro: humilla a la Guardia Civil, su cuerpo menos preferido, y de paso, le mete un gol por toda la escuadra a Isabel Ayuso.
Las Consejerías de Justicia e Interior aseguran que se ha enterado recientemente de la anulación del convenio y de las nuevas condiciones impuestas por el departamento de Grande-Marlaska. "Nos han cambiado de repente todos los planteamientos y no sabemos quién ha dado la orden de reducir los efectivos, ya que todavía no había nada cerrado y solo se había hablado con Interior verbalmente de las nuevas condiciones", indican desde la Consejería de Justicia a El Mundo.
Según ha podido saber Escudo Digital la decisión la ha adoptado Fernando Grande-Marlaska, quien ejerce un control absoluto sobre todas las decisiones que se toman en el cuerpo, donde la directora, María Gámez, apenas tiene margen de actuación.
Aunque fuentes de Interior hayan afirmado que ha sido la Comunidad quien decidió rebajar el número de guardias civiles, el Mundo, que cita fuentes de la Comunidad de Madrid, afirma que ha sido el ministerio del Interior quien se ha negado a formalizar una prórroga, "lo que provocó que desde el 1 de enero de 2021 no tengamos el convenio que regula la prestación del servicio". Según publica este periódico, en el nuevo texto de la encomienda de gestión, la Guardia Civil recomienda, según la Comunidad, "la aportación de un vehículo y unos puestos de mando que ahora no se contemplan y que buscaremos la manera de satisfacer, sin que este nuevo coste, suponga una merma de efectivos operativos en los edificios". Fuentes de la Comunidad de Madrid han manifestado que si es preciso ampliarán el crédito de más de 2,2 millones que tenían destinado para completar los sueldos de los Guardias Civiles que vigilaban los edificios.
Afirman que pretenden enfrentar a la Guardia Civil con el Ministerio del Interior, y que están dispuestos a seguir pagando los 2,2 millones el tiempo que haga falta para seguir contando con la protección de los Guardias Civiles. La Comunidad Autónoma no es la única institución en la que prestan servicio los Guardas, también lo hacen en lugares como el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil y otros centros que no dependen directamente de la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio del Interior.