Aye se conoció que había acuerdos para que los presos etarras tuvieran un trato privilegiado por parte del Ministerio del Interior. Se supo después de que El Confidencial publicara que La Guardia Civil disponía de un informe de de 426 folios que recogía varios mensajes en los que el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luís Ortiz, hablaba, entre otras cosas, de adelantarles el grado. Y todo para que pudieran estar antes en la calle.
No hubo explicaciones ni excusas. Hasta en Antena3 hablaron del asunto y dijeron que el Ministerio del Interior se había negado a comentar lo ocurrido. Isabel Ayuso, en el Pleno de la Comunidad de Madrid, ha cargado duramente contra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el Gobierno: "Solo falta que pongan un salario mínimo vital a los etarras por dejar de matar", ha dicho.
Más lejos ha llegado Pablo Casado, que acusa al Gobierno de negociar "con un asesino de 13 inocentes", entre ellos, el hermano de un diputado por Burgos. Según publica El Español, el presidente del Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro del Interior tras conocer esta semana que "ha contactado con líderes etarras para dar beneficios penitenciarios a los presos de ETA". Se refería al condenado a 1.210 años de cárcel, 'Kubati', quien cumplió 26 por su participación en los 13 asesinatos a los que aludió Casado y 16 intentos más. Fue puesto en libertad en noviembre de 2013 por la Audiencia Nacional junto a otros 12 miembros de ETA .
La puntilla, la admisión del recurso al Supremo del jefe de la UCO, cesado en circunstancias discutibles por el ministro
El llíder popular lo ha dicho durante una comparecencia pública desde una cooperativa bodeguera de Toro (Zamora), donde ha realizado una visita electoral cuando solo faltan tres días para las elecciones de Castilla-León. Por si esto fuera poco, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo señalo ayer jueves que estudiará el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) porque entiende que la cuestión de si este tipo de decisiones relativas a puestos de libre designación han de ser motivadas o no "tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia".
En un auto de 12 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala admite el recurso en contra del criterio de la Abogacía del Estado y por tanto se pronunciará sobre ese cese, que fue avalado en 2020 por la Audiencia Nacional. Cabe recordar que Sánchez Corbí fue cesado el 1 de agosto de 2018, al poco de llegar al Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska, y la razón fue pérdida de confianza. El cese de Sánchez Corbí fue firmado por la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras enviar este mando policial un correo a sus subordinados en el que les explicaba que había que parar las operaciones vinculadas a la partida de fondos reservados porque había sido congelada con la llegada del nuevo equipo ministerial.
Sánchez Corbí en su escrito de preparación alegaba que se había producido una infracción de los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso y permanencia en el puesto funcionarial, y explicaba que la confianza se deposita en un puesto de libre designación "no es una confianza personal, ideológica o política" por lo que sólo se puede cesar por pérdida de "confianza profesional".
Los funcionarios de prisiones, desde ACAIP-UGT, piden que no se desvirtúe el relato de los hechos
Escudo Digital ha hablado con fuentes del Ministerio del Interior no afines al ministro y están convencidos de que "Marlaska no va a dimitir. Se va a comer todos los sapos que haga falta, porque ya no tiene ninguna salida. Se ha convertido en el antihéroe. Y al mismo tiempo que siga al frente del MInisterio es algo muy cómodo para Pedro Sánchez, que siempre puede utilizarlo como cabeza de turco".
Hace algunos meses pudo tener una salida más honrosa, tras los desafortunados ceses a altos mandos de la Guardia Civil, pero si cayera ahora, añaden, "lo haría desde un precipicio. No le queda más remedio que morir con las botas puestas tras haber hecho todo el trabajo feo a su jefe". Y es que dejar de ser ministro significaría su muerte civil. "No hay delito en lo que ha hecho, es moralmente absolutamente reprobable, pero con la ley en la mano Kubati es un ciudadano libre, por mucho que haya sido un asesino. Es lo más perverso de este asunto. Puede resultar asqueroso, pero es legal. Su caso, guardando las distancias, es parecido al de los responsables de dejar en la calle al asesino del niño del Lardero. ¿Era legal? No. Fue una decisión completamente equivocada y reprobable. Sí ".
Desde esta redacción también nos hemos puesto en contacto con el Sindicato de funcionarios de Prisiones ACAIP-UGT. Su sede fue diana de ETA durante mucho tiempo, así como muchos de sus funcionarios, quienes no podían decir a sus hijos en qué trabajaban. Desde el sindicato nos han dicho que todas estas noticias que aparecen no nos deben desviar de lo más importante, y "es que no se desvirtúe el relato de los hechos, que no sean los verdugos los que cuenten la historia de ETA y el País Vasco en lugar de las víctimas. Que dentro de veinte años no se haya perdido la memoria de lo ocurrido y no se tergiversen los hechos".