Escudo Digital ha recabado testimonios e investigado directamente la secuencia de los hechos que terminaron con el asesinato de David Pérez, del Grupo de Acción Rápida [GAR], y de Miguel Ángel González, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas [GEAS], y la conclusión es que fue la presión del alcalde de Barbate y de la subdelegada del Gobierno lo que llevó al jefe de la comandancia de Cádiz, el coronel Luis Martín Velasco, a tomar la decisión última de mandar a Barbate un pequeño dispositivo para ahuyentar a las lanchas de narcotraficantes que habían convertido el puerto marítimo en su guarida ante el malestar de los patronos de los barcos atuneros y otras embarcaciones que allí se encontraban y que temían pudiera ocurrir alguna desgracia.
El primero en recibir las quejas fue el alcalde de la localidad andaluza, Miguel Francisco Molina Chamorro, del grupo Andalucía por Si (AxSí), que se puso en contacto a lo largo del día con el Centro Operativo de Servicios [COS] de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para que intervinieran y les sacaran del puerto lo antes posible.
El propio coronel Luis Martín le comunicó al alcalde que la embarcación del Servicio Marítimo no podía salir de Cádiz y que era materialmente imposible llegar a Barbate debido al temporal. Ante esta primera negativa, Miguel Francisco se habría puesto en contacto con la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca del Pilar Flores, quien a su vez habría vuelto a llamar a la comandancia de Cádiz para hablar una vez más con el coronel jefe para pedirle nuevamente un plan de actuación.
Ante tanta presión, el coronel Luis Martín Velasco se habría visto obligado a improvisar una solución y comunicar con los GEAS con base en Algeciras para que se desplazaran a Barbate con el único medio que tenían a su alcance, una furgoneta y la neumática de seis metros que usan habitualmente para sus trabajos de rescate en el agua, y que les prestaran apoyo sus compañeros del GAR más acostumbrados a ese tipo de operaciones.
El objetivo era disuadir a los narcotraficantes de las lanchas para que abandonaran el puerto de Barbate lo más rápidamente posible para tranquilizar tanto al alcalde como a la subdelegada del Gobierno; la presión en esos momentos era muy intensa según las fuentes consultadas por Escudo Digital que niegan tajantemente que tanto el propio ministro del Interior como el director general de la Guardia Civil intervinieran en la decisión final.