Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Rumana ha permitido la desarticulación de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en condiciones muy extremas, según informa la Dirección General de la Guardia Civil.
En dicha operación se han detenido a un total de ocho personas de una misma familia en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor por captar a personas en Rumanía para explotarlos en labores agrícolas.
Las víctimas acudían a España bajo la promesa de un trabajo digno y de unas condiciones de vida prósperas, pero los miembros del grupo aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales. Entre las diez personas liberadas, se encuentra una menor de 15 años en avanzado estado de gestación.
El origen de la investigación se remonta al mes de junio del año 2019, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de dos denuncias interpuestas por dos víctimas en las localidades de Villena (Alicante) y Coria del Rio (Sevilla).
Si bien las denuncias parecían no estar relacionadas debido al gran margen espacial y temporal, los investigadores encontraron nexos de unión como el modus operandi utilizado para la captación de las víctimas, nacionalidad de los autores, así como coincidencias en lugares donde eran retenidas y explotadas laboralmente entre otros.
Fue entonces cuando los agentes de ambos cuerpos policiales aunaron esfuerzos para coordinarse e investigar los hechos. La información facilitada por la Policía de Rumanía, por medio de la División de Cooperación Internacional por la Agregaduría de Interior, resultó fundamental para el éxito de la investigación.
Una familia de nacionalidad rumana perfectamente estructurada
Los ahora detenidos pertenecían a una organización criminal formada por una familia de nacionalidad rumana perfectamente estructurada, que captaba a los trabajadores en origen para su explotación laboral en fincas agrícolas de la provincia de Sevilla.
Cada persona contraía con la organización una deuda de 500 euros para formalizar la situación laboral, así como gastos de alimentación y alojamiento, los cuales eran descontados del precario salario que no recibían al tener que liquidar los intereses que generaba la deuda contraída. Los miembros de la organización además adoptaban medidas de vigilancia y asilaban por completo a las víctimas para impedir que contactaran con sus familiares o salir del domicilio sin vigilancia.