Con la ley en la mano un hombre puede conseguir en el registro su cambio de sexo y mantener el nombre, apariencia y estado civil. Lo único que se exige es la autopercepción como mujer. Otro asunto es que pueda parecer sorprendente, sobre todo en el caso de militares, policías y guardias civiles. Ante estas situaciones, crece la sospecha de engaño, alentada por distintos medios de comunicación. Hay quien se pregunta incluso si no será una operación para poner en solfa la legislación. No es un número elevado, ni mucho menos, pero esta cuestión provoca gran interés en la opinión pública.
La mecha de la polémica se prende cuando se conoce que el Ministerio de Justicia ha tramitado en la ciudad autónoma de Ceuta el pasado año 39 solicitudes de cambio de sexo de hombres que aseguran sentirse mujeres.
La decisión en muchos de estos casos de mantener su nombre de varón, el estado civil y el mantenimiento de su vida anterior junto a sus mujeres e hijos llevó el asunto a los medios de comunicación, sobre todo porque había un buen número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército. También en 2023 en Ceuta ocho mujeres solicitaron modificar su género oficial, pero sí cambiaron el nombre.
Nueva ley
El derecho a la autodeterminación de género, establecido por la Ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, reconoce la posibilidad, a partir de los 16 años, de cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil sin que se precise requisito alguno. Con anterioridad a la nueva normativa, se exigía el diagnóstico médico que avalase la existencia de disforia de género (angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género) y la acreditación de haber recibido tratamiento médico durante al menos dos años.
Ya durante la tramitación de la ley, las críticas se concentraron en las posibilidades que se ofrecían a comportamientos inadecuados, tachados como fraude. El miedo: que algunos hombres pudieran beneficiarse de las distintas normas concebidas específicamente para las mujeres, tales como sacar ventaja en un proceso selectivo de condiciones con menos exigencia, ejemplo las pruebas físicas para ingresar en la Policía o en Bomberos. Transcurridos seis meses del cambio de sexo, se puede revertir ese cambio y regresar al originario, circunstancia que abona las sospechas de engaño en estos casos en boga.
Ventajas del cambio
Periódicos y televisiones han sido escenario de las andanzas de la cabo del Ejército Roberto. Con apariencia masculina, barba frondosa y los genitales de nacimiento, ha relatado las ventajas de su nuevo estado: habitación privada, baño propio, mejora en pensión de jubilación, facilidades para ascender… También alguna cadena de televisión se ha hecho eco de la historia de la ex guardia civil Francisca Javier, que cambió de género para intentar recuperar la custodia de su hijo. Que se critique la iniciativa de Roberta o de Francisca Javier puede ser penado como delito de transfobia, que acarrea multas de hasta 150.000 euros.
Pasar de hombre a mujer supone también cierta ventaja en la aplicación de la ley que exigirá representación paritaria en órganos de decisión del ámbito político o la empresa. También despierta suspicacia que los militares trans se beneficien en su jubilación de un complemento para la reducción de la brecha de género, de 33,20 euros mensuales por hijo o hija.
Otro fuego de este incendio mediático lo ha protagonizado la reciente aparición en escena de la asociación de militares, policías y guardias civiles Trans No Normativos, que incluye a más de doscientas integrantes, según sus organizadores.
Juanjo, militar, su presidente, ha declarado a este diario “que los requisitos que exige la ley están muy claros, y que los que les atacan deben pensárselo, porque probablemente estén cometiendo un hecho sancionable por la propia ley”. “La norma busca despatologizar la realidad trans”, apunta.
No comprende tampoco que se aluda a que buscan ventajas con el cambio de sexo: “Precisamente estas críticas vienen de gente feminista transexcluyente que llevan dando la vara desde hace años con que la mujer está siendo machacada por parte del hombre. No entiendo entonces dónde están esas ventajas que dicen”.
Sobre el mantenimiento del nombre, apariencia y estado civil, Juanjo afirma que “se está centrando mucho el debate en el tema de la mujer transexual y no sé está pensando para nada en el hombre transexual”. “Para nosotros el género trans es un constructo, se va realizando a lo largo de tu vida. La ley anterior, la de 2007, permitía no cambiar de nombre. No entendemos la polémica”, añade. Acerca de mantener el estado civil, Juanjo declara que el preámbulo de la ley es muy claro: “Lo que se busca es vivir con total libertad, tanto tu identidad, tu expresión, como tu orientación sexual”.
“En lo que se refiere a los vestuarios -relata-, se está intentando hacer un problema de algo que ya existía. No queremos incomodar a las mujeres CIS. Quizá con esta nueva ley y este cambio de paradigma los vestuarios deberían ser expresión de género. Nosotras somos transgénero”.
Alerta el presidente de Trans No Normativos de ciertos cambios últimamente en el registro: “En el procedimiento hay dos comparecencias. Han debido dar instrucciones en los juzgados porque en la primera nos hacen una especie de interrogatorio que no viene a cuento y es agresivo, te preguntan tu orientación sexual, si tienes pareja, si tienes hijos”.
No es fraude de ley
Técnicamente no se les puede acusar de fraude de ley. Así lo explica a Escudo Digital Eduardo García, secretario de Comunicación de la Unión de Guardias Civiles (UGC): “Como la norma habla solamente de autopercepción y no es necesario ningún tipo de reconocimiento psicológico, no existe fraude de ley, porque nadie puede entrar en la mente de cada uno y nadie puede saber si es cierto que una persona se considera de una forma o de otra”. Estima García que “debemos ser respetuosos con las leyes que están en vigor”. “Pero la polémica está generada por la propia redacción de la ley”, añade.
“Al final, por más vueltas que le demos, la polémica se debe precisamente a lo que permite la ley. No exige el cambio de nombre, la hormonación, ningún tipo de cirugía, solamente la autopercepción y después una ratificación en el juzgado”, sostiene el secretario de Comunicación de la UGC.
Las sospechas se alimentan con el hecho de que las pruebas físicas para opositar a determinados cuerpos resultan más fáciles para las mujeres que para los hombres. “Esta ley permite -dice García- que una vez que me he percibido como mujer y en algún caso obtenga algún tipo de ventaja, como puede ser una oposición, pues una vez dentro del cuerpo para el que he opositado puedo volver a percibirme como hombre”.