Las principales asociaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han reaccionado rápidamente al anuncio de la continuidad de Fernando Grande-Marlaska al frente del Interior, poniendo de manifiesto el recelo que sienten hacia esta decisión de Pedro Sánchez al trasladar algunas exigencias al ministro, al que incluso no tienen reparos en criticar abiertamente.
Una de las críticas coincidentes entre las organizaciones es que Grande-Marlaska no se ha reunido directamente con ellas en los cinco años que se ha prolongado la primera legislatura, en la que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) señala que el ministro "no ha estado a la altura de las circunstancias".
Más dura se ha mostrado la Confederación Española de Policía (CEP), que considera que su crédito está "a cero" después de que haya salido "airoso de todas las crisis de Gobierno" y "pese a haber sido reiteradamente reprobado y criticado por partidos de todo el espectro parlamentario". CEP califica a Grande-Marlaska como un "superviviente" que despierta nula confianza entre sus afiliados. "Nada esperamos de quien nada ha impulsado en estos años para mejorar los derechos profesionales de los policías".
La asociación escala de suboficiales de la Guardia Civil (ASEGC) también ha manifestado su disconformidad con la permanencia de Grande-Marlaska al frente de Interior, cartera de la que en poco menos de tres meses se va a convertir en el ministro más longevo de la historia de la democracia. ASEGC no lo ve con buenos ojos al estimar que supone la continuidad de las políticas que "han propiciado la pérdida de competencias" de la Benemérita, así como la merma de agentes "con la consiguiente desatención del medio rural". Además, ha recriminado al ministro que haya primado a la Policía Nacional sobre la Guardia Civil en la oferta pública de empleo, y le ha reprochado el "estrangulamiento del movimiento asociativo dentro del Cuerpo, que ha generado retroceso en los derechos profesionales".
AUGC también ha denunciado la "creciente involución en los derechos de los guardias civiles" y que todavía "quedan asuntos pendientes de gran calado que afectan a la vida social, económica y profesional de los guardias civiles". Entre estos asuntos, destaca el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, aprobado en marzo de 2018.
Por otro lado, JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha pedido a Grande-Marlaska que repare "de una vez por todas" en la necesidad de abordar la equiparación salarial "real" de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. "Una equiparación que lleva ya muchos años estancada y que supone un grave agravio comparativo y una desigualdad entre cuerpos policiales".
Las organizaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil coinciden en reclamar el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial con las policías autonómicas y también solicitan una "jubilación digna", en igualdad de condiciones con las que ya tienen otros cuerpos policiales españoles, ser reconocidos como profesión de riesgo, así como cambios en la jornada laboral.
Piden a Grande-Marlaska un "cambio de rumbo y de actitud"
Para lograr estas metas, requieren que el juez y ministro realice un "cambio de rumbo" que mejore la interlocución en un contexto que la mayoría ve con "incertidumbre" por los pactos firmados por el PSOE con partidos independentistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Según AUGC, existe "una brecha significativa en la comunicación entre el ministerio del Interior y las asociaciones representativas".
Las asociaciones no solo instan al ministro del Interior a cambiar de rumbo, también de actitud. Desde JUPOL esperan que se abra una "nueva etapa" y se produzca "una apertura por parte del ministro y su equipo" para mantener una "actitud de diálogo y colaboración" que, aseguran, sería contraria a la de estos últimos cuatro años. Igualmente, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha animado a Marlaska a que "se abra al diálogo con las asociaciones" y "revierta la inoperancia" de la pasada legislatura. Para APROGC el ministro tiene ahora "una segunda oportunidad para que los guardias civiles tengan una equiparación salarial y aumente la plantilla de acorde con las necesidades", según ha indicado a EFE.
Las reivindicaciones de AUGC a Grande-Marlaska van más allá, incluyendo el nombramiento de un nuevo director general "que esté verdaderamente comprometido" con abordar las problemáticas en las que últimamente se ha visto envuelta la Benemérita, "donde presuntamente existen altos mandos implicados acompañan esa gran preocupación ya que en la actualidad no se han tomado medidas efectivas que en un futuro eviten la corrupción". Para AUGC es vital necesidad implementar "medidas efectivas para erradicar esta problemática y restaurar la confianza en nuestra institución" y también pide al ministro "una nueva gobernanza en el seno de la institución, ya que la actual esta degradada", y avances para un cuerpo policial como la Guardia Civil, "que debe evolucionar y adaptarse al siglo XXI".
SUP y JUCIL también exigen al ministro reuniones urgentes
A todas esas exigencias se suman las reuniones urgentes que han pedido a Grande-Marlaska el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL).
En el caso de SUP, la reunión estaría destinada a abordar una Ley de Retribuciones, como se pactó en el mencionado acuerdo de 2018 y reivindican las organizaciones, para evitar las diferencias con policías autonómicas.
"Le instamos a que frene la esquizofrénica decisión de ceder Vía Layetana a quienes calumnian a la Policía", ha señalado el sindicato en referencia a la posibilidad de que en esta legislatura el Gobierno acepte que la sede de la Jefatura Superior en Barcelona, lugar de los disturbios al conocerse en 2019 la sentencia del 'procés', pase a convertirse en un museo de la memoria de los represaliados del franquismo, como piden los partidos independentistas.
"Tiene la oportunidad en esta nueva etapa de revertir la inoperancia de la anterior, la cual calificamos de negativa", ha añadido SUP, que también quiere "reforzar el principio de autoridad" para evitar que las personas que agreden a los agentes no reciban castigo penal.
Por su parte, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha pedido una reunión urgente al titular de Interior para que explique cuáles son sus planes, programas e iniciativas para el futuro de los guardias civiles después de una legislatura en la que subraya han visto "cómo aumentaban las diferencias salariales con respecto a los cuerpos de policía autonómicos". Además, apunta que "se vislumbra la salida de la Guardia Civil de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña".
"Nos hallamos al inicio de una legislatura con numerosas incertidumbres para los guardias civiles y, como asociación mayoritaria representativa de este colectivo, esperamos que el titular de este Ministerio aclare el futuro de la Guardia Civil recordando que seremos inflexibles con nuestra reclamación de la equiparación salarial", advierte.
JUCIL espera que este encuentro no solo sirva para resolver las "dudas e incertidumbres que ahora acechan el porvenir de los guardias civiles", sino también para que el ministro retome las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones salariales y laborales de la plantilla del Instituto Armado "tras una legislatura en la que no se han registrado avances y las anteriores diferencias de sueldo con los cuerpos de las policías autonómicas se han incrementado".
"Defenderemos con todos los recursos, siempre dentro de la ley y el respeto a la Constitución, la estabilidad laboral y social de los guardias civiles y sus familias", sostiene JUCIL, que también afea que la petición de que Cataluña sea declarada Zona de Especial Singularidad haya quedado en "papel mojado". "Y por supuesto, no nos olvidaremos de algunos de las más importantes exigencias de los guardias civiles que se han negociado en estos últimos meses y siguen pendientes de una resolución, como la aplicación del turno 6x6 a los efectivos de la Guardia Civil, al igual que ya lo tienen los policías nacionales", añade.
Estas declaraciones de JUCIL llegan pocas semanas después de que su portavoz fuera expedientado por las críticas vertidas a la ley de amnistía. La misma suerte corrieron dos miembros de la Asociación Pro Guardia Civil, que ha felicitado al magistrado por su reelección como ministro del Interior y le ha tendido la mano para trabajar de manera conjunta "por la legislación vigente".