• Home /

  • Interior /

  • Policías nacionales y guardias civiles vuelven a la carga en su lucha por la equiparación salarial

Interior

Policías nacionales y guardias civiles vuelven a la carga en su lucha por la equiparación salarial

Las concentraciones se celebrarán el 24 de septiembre frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España a las 12.00 horas.

Periodista y escritor.

2 minutos

Agentes de Policía Nacional delante de una concentración de sindicatos de Policía JUPOL y CEP junto a las asociaciones de Guardia Civil JUCIL y AEGC, frente al Ministerio del Interior, a 6 de noviembre de 2023, en Madrid. Foto: Europa Press.

La asociación JUSAPOL, que aglutina a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha convocado para el próximo martes 24 de septiembre concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España. Las concentraciones supondrán el inicio de nuevas movilizaciones y acciones en la lucha para reclamar la equiparación salarial, la jubilación digna y la declaración como profesión de riesgo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como para la mejora de las condiciones laborales. Jusapol ofrece a todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil hacer un frente común, como señala en un comunicado “contra las desigualdades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contra los engaños reiterados y los desprecios de la Administración”.

Incumplimiento de acuerdos

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha decidido unirse a esta protesta y exige “el cumplimiento inmediato de los acuerdos de equiparación salarial firmados en 2018, compromisos que hoy siguen sin cumplirse”. “Seis años después de aquellos acuerdos sigue sin ser real, una jubilación digna y la consideración de profesión de riesgo, de forma que se igualen las condiciones para la jubilación anticipada a los 59 años de las que ya disfrutan los miembros de los cuerpos policiales autonómicos”, añade.

Conviene recordar que el año pasado, la Audiencia Nacional instó al cumplimiento íntegro del Acuerdo de Equiparación Salarial, pero el pasado mes de junio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo organismo anulaba la sentencia que reconocía la obligación del Gobierno de cumplir las cláusulas tercera y octava del citado acuerdo, referidas a evitar las disfunciones salariales.

Años de afrentas

Desde JUSAPOL, su presidente Miguel Gómez asegura que “ya son muchos años los que los policías nacionales y guardias civiles llevamos aguantando las mentiras y los engaños de la Administración en prácticamente la totalidad de las acciones que se han llevado a cabo desde los diferentes Gobiernos de España en relación a las condiciones de trabajo”.

Se da la circunstancia de que el Gobierno frenó en 2020 la Iniciativa Legislativa Popular de JUSAPOL sobre la equiparación. Para la organización, no es tolerable que en España existan policías de primera y de segunda y sitúa la diferencia retributiva actual “en favor de las policías autonómicas en un 20 por ciento en el salario, un 61 por ciento en las pagas extra y un 32 por ciento en las pensiones de jubilación, a lo que se suma que las policías autonómicas y locales pueden jubilarse a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, algo vetado a día de hoy a los policías nacionales y guardias civiles”.

Aumento de la brecha salarial

Por su parte, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, afirma que, lejos de reducirse, la brecha salarial ha aumentado: “En lugar de acercarse, las diferencias han crecido. Hoy los guardias civiles no solo seguimos cobrando menos, sino que tampoco se nos reconoce como profesión de riesgo, una condición que sí se aplica a nuestros compañeros autonómicos. Es una situación intolerable que exige una acción inmediata”.

Vilariño subraya la importancia de estas concentraciones: “La equiparación salarial es una cuestión de justicia y dignidad. Nos enfrentamos a los mismos o mayores riesgos que nuestros compañeros de las policías autonómicas, pero el Gobierno sigue tratándonos como agentes de segunda categoría”.