Este pasado martes, 17 de diciembre, el Gobierno ha aprobado una nueva licitación del concierto de MUFACE. En la propuesta, plantea que el convenio se extienda a 2027. Además, el porcentaje de la prima sube al 33.5% y se reparte en los tres años de duración. ¿Bastará la oferta para que las aseguradoras firmen un acuerdo? Mientras se espera el desenlace, un millón y medio de funcionarios recelan del futuro.
Ante el anuncio del Ejecutivo, el sindicato policial JUPOL emitió un comunicado en el que decía: "Esperamos que suponga un punto final a esta crisis y por lo tanto una solución a las preocupaciones de los más de 75.000 policías nacionales y de sus familias,, mientrastanto, desde JUPOL, nos mantendremos vigilantes ante cualquier merma o pérdida de las prestaciones sanitarias de los policías nacionales y mantendremos una actitud reivindicativa de la mano del sindicato CSIF".
Óscar López Águeda, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, tiene ante sí una bola de partido en su corta trayectoria en esta cartera (desde septiembre de este año). Se trata de resolver satisfactoriamente (para casi todas las partes) la crisis abierta por el convenio de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), tras la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras privadas, que demandaron más financiación en una primera licitación. SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV pidieron una subida del 40%. El Ejecutivo, por su parte, quiso cerrar el acuerdo con una subida de la prima del 14%.
Finalmente resultó desierto el concurso de licitación de los Conciertos de Asistencia Sanitaria el 5 de noviembre, por ausencia de ofertas. Se abrió entonces un plazo hasta el 4 de diciembre para que las aseguradoras participaran en las consultas y aportaran datos relevantes para el nuevo proceso. Un fracaso de las gestiones del ministro daría al traste con sus intenciones de disputarle la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.
Mientras se agotan las posibilidades, un millón de funcionarios (profesores de colegios, institutos y universidades; policías nacionales; funcionarios de prisiones; y de la Agencia Tributaria) y medio millón de familiares viven con incertidumbre. Algunos de ellos sienten auténtico pánico a tener que pasar a la sanidad pública o a contratar un seguro privado por su cuenta.
Despedida y cierre
Un funcionario empleado en MUFACE señala a Escudo Digital que “la sensación que tenemos desde hace tiempo es que esto tarde o temprano se acabaría. Es un plan que viene de lejos”. Pero mientras se liquida el sistema, ¿cómo se continúa?: ¿subiendo las primas a los mutualistas? ¿dejando fuera a los nuevos funcionarios? ¿metiendo en la ecuación a médicos autónomos y hospitales para que compitan con las aseguradoras?
En el ámbitos de la seguridad del Estado, 75.000 policías nacionales y sus familias corren el riesgo de quedarse sin la prestación sanitaria que hasta ahora recibían a través de MUFACE. El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, había manifestado reiteradamente su preocupación por la situación en la que quedarían.
'Que no nos dejen en la estacada'
JUPOL se unió a la concentración convocada el pasado sábado 14 de diciembre, convocada por el sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, frente a la sede nacional de MUFACE en Madrid. El portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, se queja de que “la situación se encuentra en un punto crítico, por lo que nos preocupa especialmente la inacción que apreciamos en el Gobierno, que no aporta medida alguna en sus planes, tal y como pudimos comprobar por la filtración del argumentario que habían preparado para el Consejo de Ministros”. Reclama el sindicato policial “una solución al concierto sanitario de MUFACE que no deje en la estacada a 75.000 policías nacionales y a sus familias”.
Entre las medidas que ha realizado JUPOL figura la presentación de una reclamación formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la indefensión en la que se encuentran los policías nacionales ante la futura falta de una asistencia sanitaria adecuada. También ha elaborado una encuesta entre los afiliados para evaluar los problemas que están surgiendo en la actualidad con las compañías sanitarias. Y ha impulsado una unidad de acción sindical en la Policía Nacional, en la que participan todos los sindicatos representativos, salvo EYA.
La izquierda, en contra de MUFACE
La actitud de los llamados sindicatos de clase, CC.OO. y UGT, ha irritado a JUPOL, que no entendió la convocatoria paralela a la concentración organizada por CSIF, salvo que busquen “diluir, dividir y deshinchar la concentración del sábado”.
Al Gobierno de dos cabezas que preside Pedro Sánchez le salen enemigos desde dentro una vez sí y otra también. Son las dos caras, las dos supuestas almas del conglomerado de la izquierda: la socialdemócrata y la estatalista. Se supone que el PSOE quiere solucionar el conflicto de MUFACE, pero las iniciativas de la ministra de Sanidad, Mónica García (de Sumar), que apuesta por la integración de los mutualistas de MUFACE en la sanidad pública, no tranquilizan a los funcionarios.
Y no disimula nada García su deseo de que encalle el proceso y fracase. Según sus palabras, la sanidad está preparada para acoger a 1,5 millones de nuevos beneficiarios. O cuando la ideología política es mucho más fuerte que la tozuda realidad de un sistema con gravísimos déficits. JUPOL, por su parte, estima que “el sistema público de salud no podrá asumir a los funcionarios que actualmente reciben su prestación sanitaria a través de MUFACE, por lo que su desaparición supondría una grave irresponsabilidad por parte del Ejecutivo, que derivaría en una merma en la calidad asistencial no solo de los funcionarios, sino de todos los españoles y en un incremento en el gasto sanitario del Estado”.
Una de las consecuencias de esta tensa espera es la cancelación de citas que se está produciendo. Por su trabajo, los policías sufren lesiones y heridas en acto de servicio. Algunos tratamientos rápidos, necesarios para el pronto retorno al puesto de trabajo, no pueden llevarse a cabo por estos reajustes.
ISFAS y MUGEJU
Hay más funcionarios en el alambre. MUGEJU (Mutualidad General Judicial, con 91.834 afiliados) e ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas, con 559.887) están en el proceso de firmar un nuevo convenio. El brazo unificador de la ministra de Sanidad también quiere alcanzar a estas dos organizaciones e integrarlas en la sanidad pública.