La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) lleva tiempo denunciando que existen intereses que buscan terminar con la Guardia Civil, cuerpo del que defienden ha venido demostrando "altas cotas de profesionalidad y eficacia" a lo largo de sus más de 175 años al servicio de la sociedad.
Pese a ello, considera que en los últimos años está sufriendo una serie de agravios que están provocando el vaciado de cuarteles y que contrastan radicalmente con el trato que reciben otras Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. En esta línea, APROGC ha expresado en varias ocasiones la discriminación de la que es objeto la Benemérita si se compara con la Policía Nacional y tampoco ha tenido reparos en acusar directamente al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mentir, como hizo en agosto del año pasado.
Las razones de APROGC: decisiones "opinables" y "datos objetivos"
Este pasado miércoles APROGC ha enviado un nuevo comunicado en el que reitera su creencia de que se está intentado acabar con la Guardia Civil. ¿Quiénes? Esta vez no señala directamente a nadie, sino que se limita a decir que detrás de este objetivo, que "se persigue en nuestros días", están aquellos "que odian a la Guardia Civil".
La asociación reconoce que esto es "una opinión", pero subraya que "no solo es la nuestra" y la argumenta poniendo sobre la mesa una serie de cuestiones. Por un lado, expone varias decisiones que se toman en relación con la Guardia Civil que, como matiza, "sí son opinables".
"Pérdida de competencias (tráfico en Navarra, mar territorial en Cataluña, posible expulsión de la localidad de Roquetas de Mar en favor de la Policía Nacional), purgas, chivos expiatorios de conductas delictivas, incumplimiento de acuerdos, varios directores generales en poco tiempo y otras cuestiones que también están encima de la mesa (profesionales y económicas)".
APROGC ya había puesto el foco en todas estas cuestiones, las cuales admite "se quedarían en el ámbito de lo opinable, de las sensaciones". Pero, según apunta, quieren ir más allá y aportar "datos objetivos", cifras que a su juicio reflejan la "frialdad y contundencia" de las diferencias de la Guardia Civil respecto a la Policía Nacional, "el otro cuerpo estatal dependiente del Ministerio del Interior".
Los datos que ha sacado a relucir se refieren a la evolución de las plantillas y la oferta de empleo público, asuntos de los que, tal y como recuerda, ya ha manifestado "muchas veces que la Guardia Civil es constantemente perjudicada y discriminada".
Como prueba, APROGC adjunta la siguiente tabla, que recoge, "con datos extraídos de publicaciones oficiales, las ofertas de empleo público (OEP) de las convocatorias del BOE y el boletín estadísticos del personal al servicio de las administraciones públicas, al que se puede acceder en la web del Ministerio de Política Territorial (http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html)".
"En número absoluto de efectivos, entre los años 2011 y 2022 la Guardia Civil ha perdido 2.974. Sin embargo, la Policía Nacional ha ganado 3.318", destaca la asociación.
En cuanto al porcentaje de la OEP asociadas a las plantillas de cada uno de los dos cuerpos, APROGC alega que "es alarmante la diferencia negativa de la Guardia Civil frente a la Policía Nacional". Además, insiste en que es "discriminatorio" porque esta diferencia es "reiterada y constante".
En este sentido también reivindica que la OEP debe plantearse en proporción al número de efectivos perdidos por cada uno de los Cuerpo, por lo que "es lógico pensar que para la Guardia Civil se deberían ofrecer más plazas. Y si no es así, que nos lo expliquen", exige.
APROGC termina su comunicado recalcando que, a su juicio, "acabar con esta discriminación debe ser el principal reto de quien ejerza el cargo de Director General así como del resto de responsables de nuestra Institución, si no queremos seguir dando una imagen lamentable de Acuartelamientos cerrados y deterioro del servicio a los ciudadanos".
"Como estamos hartos de pedir desde APROGC, los cuarteles no hay que cerrarlos, hay que llenarlos", remata la asociación.
Presentada una acusación formal por el Guardia Civil asesinado en junio de 2022 en un secuestro en Valladolid
APROGC ha lanzado otro comunicado, también este miércoles, en el que ha querido informar de que la mujer e hijas del Guardia Civil asesinado el 30 de junio de 2022, cuando intervenía como negociador en un secuestro, han presentado una acusación formal sobre el caso.
Según recuerda, el suceso se produjo durante una intervención de la Guardia Civil por una disputa entre dos familias vecinas de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Los agentes identificaron a dos personas agredidas, de las cuales una de ellas, Dionisio A.P., "fue mortalmente herido por un disparo en el abdomen, certificando su muerte poco después". Además, señala que el acusado, identificado como Don Pablo Antonio S.H., alias "El Chiqui", no solo intentó atacar al hijo de Dionisio, quien consiguió escapar, sino que también terminó matando al Guardia Civil.
"El agente fallecido, Don Pedro, intentó negociar con el secuestrador durante varias horas hasta el momento en que el mismo disparó a la altura de los cuerpos de los agentes desde el interior de su vivienda, tras la puerta de acceso, una vez que escuchó los movimientos de los agentes preparados para intervenir, dando como resultado el impacto en la cabeza del agente negociador, el cual falleció pasados unos días. Finalmente, tras la negociación llevada a cabo por los Guardias Civiles, a cambio de hacerle entrega de metadona, el acusado se entregó sin oponer resistencia y fue detenido", explica APROGC.
En cuanto a la acusación formal detalla que "incluye cargos por delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado contra la autoridad, secuestro, coacciones y tenencia ilícita de armas. Se solicita que el acusado sea condenado a penas de prisión por un total de 84 años, que van desde los 2 hasta los 25 años, según la gravedad de los delitos imputados". Asimismo, se reclama una indemnización para la esposa e hijas que asciende a 600.000 euros por el daño moral sufrido y el lucro cesante.
"La defensa también destaca que el acusado carecía de licencia para poseer armas de fuego y que no se han identificado circunstancias modificativas de la responsabilidad penal", apunta.
APROGC precisa que el abogado defensor es Francisco José Peláez Ortiz, el titular de su propia asesoría judicial, PenalTech Abogados. Asimismo, indica que el caso será llevado ante el Tribunal del Jurado y que el abogado "se suma a las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas, incluyendo el interrogatorio del acusado y testimonios de testigos clave".
"Francisco Peláez, de PenalTech Abogados, espera que se haga Justicia con el heroico Guardia Civil fallecido en acto de servicio, y con su esposa e hijas, el cual demostró su valor y su respeto por toda la institución de la Guardia Civil a la que representa y confía en que el sistema judicial actúe con imparcialidad y rigurosidad en el proceso", concluye la Asociación Pro Guardia Civil.