La conocida como ley mordaza parece tener sus días contados. Esa es al menos la intención del bloque de la investidura (formado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu), en este caso con el apoyo de Junts, que pretende continuar con la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Diez meses después de la última reunión, este pasado miércoles se retomó la ponencia para reavivar un cambio legislativo que, según fuentes sindicales de la Policía, no ha contado con el asesoramiento u opinión de los expertos en materia de seguridad ciudadana.
Está previsto que los grupos políticos vuelvan a tratar la reforma en enero, pero no hay fecha todavía para que la remozada Ley de Seguridad Ciudadana se eleve a la Comisión de Interior, que es el paso previo y obligado para que pueda ser aprobado en el Pleno del Congreso.
Sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles se plantean acordar acciones conjuntas en rechazo de los cambios que se quieren introducir en la legislación, a la espera de recibir notificación oficial del Ministerio de Interior. Si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones, no se descarta una acción común. En la memoria está la manifestación histórica de noviembre del año pasado, que reunió, por primera vez a policías nacionales, locales, autonómicos y a miembros de la Guardia Civil.
Según JUPOL, sindicato que nació fruto del movimiento JUSAPOL y que engloba a funcionarios de todas las escalas y categorías, “es inconcebible que se pretenda modificar una ley con la que se busca garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley”.
Se podrá “rodear el Congreso”
Una de las novedades más destacadas de la reforma consiste en la supresión del artículo 36.2, que penalizaba rodear el Parlamento. La “perturbación grave” ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas autonómicas dejará de ser delito.
También preocupa a los policías que se retire la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de una concentración o manifestación y que, salvo excepciones (si pueden afectar a la seguridad de los policías, sus familias o a algún operativo en marcha), no se sancione la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad. A este respecto, Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, ha declarado que esta reforma “sitúa a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes”.
Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la de no sancionar al que provoque desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada. Otros cambios polémicos son la rebaja de sanciones en caso de desobediencia a la Policía y el nuevo sistema de identificación para ciudadanos indocumentados, que paraliza el trabajo policial. Tampoco serán sancionables la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, denominado popularmente top manta, ni la “perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos.
El secretario general de JUPOL considera que los cambios previstos suponen “un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier Estado democrático” y advierte que desde JUPOL “seguiremos vigilantes ante los avances que puedan producirse en sede parlamentaria de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y mantendremos nuestro carácter reivindicativo en caso de que cualquier punto de esta reforma atente contra los derechos de los policías, contra su seguridad o la de sus familias o contra nuestras condiciones sociolaborales”.