En uno de los capítulos de la penúltima entrega de la serie Shameless un amigo de Frank Gallagher, necesitado de una diálisis, solo puede permitirse pagar a un veterinario 150 dólares para que le realice una diálisis destinada a perros y no a personas. Al carecer de seguro médico y vivir en Estados Unidos, la única solución, afirma en una escena de la serie, sería hacer algo para "ir a la cárcel, el único sitio donde nos dejan a los pobres atención médica pagada".
El argumento de la serie, una tragicomedia que pone el dedo en la llaga sobre muchos temas de actualidad con los que el público occidental está familiarizado (veganismo, bullyiing, locales libres de violencia de género, Covid, pruebas genéticas para conocer los ancestros, hípsters), chirría en este episodio. Y es que las cárceles no son precisamente el lugar donde un enfermo puede conseguir atención, ya que las Comunidades Autónomas, en su inmensa mayoría, se han desentendido o intentan desentenderse de ellas, según fuentes sindicales.
Si a esto unimos la escasez de médicos en nuestro país tenemos todos los ingredientes para la tormenta perfecta. Con independencia de todas las obligaciones que asumen y recoge la legislación, nos encontramos con un colectivo cuya presencia en los centros constituye un elemento imprescindible para su normal funcionamiento. Sigue aumentando el déficit de médicos en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: a junio de este año existen total de 300 plazas vacantes lo que supone el 58,25%.
¿Por qué los médicos de las cárceles españolas cobran menos que en un centro de salud?
Si comparamos la situación asistencial con la de hace un año, junio de 2021, este déficit se ha visto incrementado en casi 10 puntos porcentuales. Hay que tener en cuenta que los médicos de prisiones, como los funcionarios, también registran una media de edad muy alta, y se jubilan sin que se produzca el reemplazo. Por otra parte, no se trata de un destino atractivo para los médicos de familia, y no por la naturaleza del centro: al no depender de las Comunidades Autónomas, como debería ser ateniéndonos a la legislación del 2003, cobran menos. Dependen del Gobierno, y su sueldo es menor que el de cualquier otro destino.
Los funcionarios de prisiones han protestado reiteradamente sobre el enorme déficit de médicos y especialistas psiquiátricos en prisión . Y hoy están de enhorabuena. El defensor del pueblo ha admitido a trámite la denuncia realizada por el sindicato mayoritario de prisiones ACAIP-UGT, relativa a la ausencia de asistencia sanitaria a la población reclusa en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.
El problema de las lesiones a otros reclusos, las autolesiones y las lesiones a funcionarios: no se pueden solucionar de forma telemática
Según el comunicado remitido a nuestra redacción, ACAIP-UGT, en su denuncia, pone de manifiesto las deficiencias y problemas médico-legales que puede ocasionar el proyecto de “guardias telemáticas de apoyo con profesionales de Instituciones penitenciarias” que se está desarrollando en los centros penitenciarios y que consiste en la asistencia telefónica médica a los internos.
La asistencia sanitaria en el medio penitenciario, se divide en dos vertientes, según explican desde el sindicato: "La primera es el seguimiento de las patologías que presenta la población reclusa, como enfermedades infectocontagiosas y trastornos mentales, además de otras, no extrapolables al resto de la sociedad. También se atienden las urgencias que en el día a día puedan originarse".
La segunda de las vertientes tiene un carácter más penitenciario. En situaciones regimentales que es precisa la presencia del médico, como en el caso de alteraciones en la conducta que requiera sujeción mecánica, o cuando se producen autolesiones, lesiones a otros internos o a profesionales de los centros.
La intervención facultativa es imprescindible en la aplicación de programas que tiene la propia Administración, a título de ejemplo el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental, o ser el propio Subdirector Médico o Jefe de los Servicios Médicos miembro de la Junta de Tratamiento.