Las cifras provisionales ya mostraban una violencia contra los trabajadores penitenciarios en 2024 similar a la del año anterior. Finalmente se ha cerrado con 504 ataques, solo cuatro menos que en 2023, que marcó un triste récord. En total, en estos dos últimos años ha habido 1.012 agresiones a funcionarios de presiones. Los datos podrían crecer, porque la estadística, del Ministerio del Interior, no recoge situaciones como amenazas, acoso sexual o intentos de agresión que logran ser sofocados por los empleados públicos.
Ante esta situación, el sindicato ACAIP-UGT ha mostrado su preocupación por la escalada de agresiones que se producen en los centros penitenciarios y por su gravedad: “Es necesario un protocolo de prevención de agresiones que refleje la realidad dentro de las prisiones”.
Indefensión
Considera ACAIP-UGT que son unas cifras insoportables para el colectivo: “La ausencia de mecanismos de protección eficaces ha permitido que estos incidentes aumenten, dejando a los trabajadores en una posición de indefensión. Tenemos demasiados ejemplos recientes que demuestran la gravedad del problema: ataques con objetos cortopunzantes, ataques con lesiones múltiples, amenazas graves”.
No parece que las sanciones impuestas a los agresores tengan especial fuerza disuasoria. Las cifras no engañan. Indica el sindicato de funcionarios de prisiones que “este contexto de inseguridad repercute negativamente no solo en la integridad física y psicológica de los trabajadores, sino también en el adecuado funcionamiento de las prisiones”.
Agentes de autoridad
La necesidad de que los trabajadores penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad resulta vital, destacan: “Es necesario un marco legal que evite decisiones judiciales dispares cuando se produce una agresión a un trabajador penitenciario”. Se busca de esta manera dotar de mayor seguridad jurídica las actuaciones que se realizan en los centros penitenciarios.
Estima ACAIP-UGT que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad no es solo una cuestión de derechos laborales, sino también “una medida imprescindible para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y, por extensión, en toda la sociedad”.
Factores para la conflictividad
“La conflictividad en las prisiones se debe a muchos factores —expone ACAIP-UGT en su comunicado—. El principal es una clasificación interior ineficiente derivada de la política buenista de la administración en la que se prima el mal comportamiento, con internos inadaptados en un régimen de vida ordinario que distorsiona la convivencia y dificulta el trabajo de reinserción con el resto de la población reclusa”.
Reclama la organización sindical que la secretaría general de Instituciones Penitenciarias debe dejar de obviar que existe “un porcentaje de presos especialmente conflictivos con los que hay que tener un tratamiento individualizado acorde a sus características”.
La atención sanitaria es otro de los problemas de las cárceles españolas. Las plantillas médicas de los centros penitenciarios apenas superan el 25%, más del 70% de las plazas están vacantes, denuncia ACAIP-UGT. A esto se debe sumar la incidencia de patologías de salud mental que se observa entre la población reclusa. “Aproximadamente el 30% toma algún tipo de medicación psiquiátrica, lo que hace imprescindible un control adecuado y constante, imposible con el déficit de plantilla actual”, denuncia.