El crimen organizado prolifera en la mayoría de países latinoamericanos constituyendo una gravísima crisis de seguridad. Así, la tasa de homicidios de Ecuador superó a la ya alta de México el año pasado.
Un dato: en lo que va de año se registraron en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas –una de las zonas más virulentas de Latinoamérica– más de 70 muertes violentas, 94 detenidos por narcotráfico, mil 400 kilos de drogas incautados y 360 robos en casas, de vehículos y a personas.
Los asesinatos políticos relacionados con el narcotráfico, los secuestros y los coches bomba se han convertido en algo habitual desbordando a las autoridades. En Venezuela delitos como la extorsión, la trata de personas, el feminicidio y el abuso sexual son cada vez más virulentos. En Chile la percepción ciudadana de inseguridad sube a niveles incontrolables y agudiza las fracturas en el Gobierno de Gabriel Boric.
El narcotráfico es el responsable de la mayoría de asesinatos cometidos por sicarios. En Costa Rica el año pasado se registraron 656 homicidios, un 11% más que en 2021, una cifra récord si se compara con los 603 registrados en 2017. Según la Oficina de Justicia, seis de cada diez homicidios en el país centroamericano en 2022 están relacionados con “ajustes de cuentas” vinculados al narcotráfico.
El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la organización de tráfico de cocaína más importante de América Latina, superando al cártel de Sinaloa y a otras estructuras de narcotráfico mexicanas y colombianas. Además de México, norte de Centroamérica, Ecuador, Colombia y Venezuela está expandiendo su operación en diferentes partes del mundo. La diversificación de sus actividades incluye el tráfico ilícito de medicamentos falsos y productos farmacéuticos falsificados; una industria multimillonaria.
A la lacra del narcotráfico se han sumado trata de personas, tráfico de armas y de migrantes y aumento de las extorsiones.
En cuanto a las bandas, antes los principales grupos operativos eran colombianos o mexicanos mientras que los grupos caribeños y las estructuras centroamericanas desempeñaban un papel secundario. Pero esto ha cambiado de raíz, ya que las bandas se han convertido en amenazas criminales y militares transnacionales. Y como muestra dos ejemplos:
El primero, la MS-13 (Mara Salvatrucha), que opera de forma preferente en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) con cada vez más presencia en México. Por su cercanía desafía directamente a EE.UU.
El segundo, el Primeiro Comando da Capital (PCC), activo en la mayoría de estados brasileños perturba y desestabiliza Paraguay y Bolivia. Su amplio alcance se extiende a Colombia, Perú y Venezuela. Y tiene capacidad para suministrar cocaína y otras sustancias a Europa.
Ambas estructuras están no solo cada vez más implicadas en el tráfico mundial de drogas y conflictos armados, sino que además han alcanzado además un entendimiento con el régimen de Maduro.
Las redes ilícitas de organizaciones transnacionales amplían su control territorial, sus ecosistemas de corrupción, su poder político y sus líneas de productos. Cuentan con la ayuda e influencia de actores extrarregionales como China, Irán y Rusia.
Otro tráfico ilícito muy lucrativo es el de los recursos naturales. No solo abre nuevas vías de ingresos para las organizaciones delictivas transnacionales y para el blanqueo de dinero. Es asimismo responsable de la masiva degradación del medio ambiente. La extracción ilegal de oro es un comercio en auge en todo el hemisferio. El régimen de Maduro en Venezuela ha recaudado así cientos de millones de dólares, a menudo con el apoyo de facciones disidentes de la guerrilla colombiana. Cantidades crecientes de oro fluyen desde Venezuela, Nicaragua, Surinam o Ecuador hacia actores estatales y empresas criminales globales que operan en China, Emiratos Árabes Unidos, Kenia o Turquía.
Las redes ilícitas de organizaciones transnacionales amplían su control territorial, sus ecosistemas de corrupción, su poder político y sus líneas de productos. Cuentan con la ayuda e influencia de actores extrarregionales como China, Irán y Rusia. En Argentina el gobierno negocia en secreto el litio con Pekín, bajo acuerdos opacos y una enorme corrupción. Algo similar ocurre en Bolivia con los gobernadores de provincia.
Junto a la influencia creciente de China, Rusia e Irán, hay una presencia cada vez mayor de grupos de Europa del Este, Turquía y los Balcanes. En noviembre pasado salió a la luz el papel de Panamá como eje logístico central de organizaciones criminales extrarregionales. En Venezuela, el crimen organizado turco viene desarrollando incursiones desde al menos 2020. Grupos delictivos albaneses, kosovares y griegos están compitiendo por el poder en Ecuador con los cárteles mexicanos. En Argentina y Chile actúa la delincuencia organizada italiana con lazos en Centroamérica a lo largo de las rutas del narcotráfico hacia Europa.
Ante este incremento vertiginoso de la delincuencia organizada no pocos Estados latinoamericanos han pasado de una deplorable inactividad a medidas controvertidas y un exceso de autoritarismo.
Ecuador, una de las democracias más frágiles de la región, ha flexibilizado la ley que permite portar armas y ha impuesto hasta diez estados de excepción en menos de dos años desde que el conservador Guillermo Lasso llegó al poder. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se ha visto sacudido por escándalos: altos cargos acusados de corrupción y vinculados con el crimen organizado han huido o aparecido muertos.
Argentina utiliza la estrategia de “saturación policial”, que según la dirección del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, consiste en colocar de modo figurado “un policía en cada esquina”. Aunque pueda dar algún resultado, no resuelve el problema.
En El Salvador el estado de excepción lleva un año en vigor. La medida que ha sido extendida por Nayib Bukele es seriamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Honduras también ha prorrogado el estado de excepción en vigor desde diciembre. Aunque inicialmente aplicado solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya se ha ampliado a 123 de los 298 municipios. En Guatemala el periodista José Rubén Zamora ha sido encarcelado y sentenciado por señalar corrupción en el gobierno.
De igual manera agencias de la ONU y ONGs consideran excesiva la militarización del territorio en México. Más de 92.000 personas están asignadas a tareas de seguridad pública, cifra que se ha reforzado a lo largo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
En su reciente estrategia “Nueva Agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe”, la Comisión ha propuesto entre sus prioridades un apartado propio: justicia, seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado transnacional. Un aspecto crucial a ser tratado en unas semanas en la cumbre entre la UE (bajo la presidencia rotatoria española) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ella se podrán discutir y analizar las polémicas disposiciones arriba mencionadas.
Las perentorias reformas de las fuerzas policiales no pueden significar una falta de control de las mismas. Y la urgente reflexión estratégica requiere la participación de organizaciones tanto estatales como de la sociedad civil. Con ello se logrará reforzar la democracia, sociedad civil y estabilidad regional. La cooperación con la UE se perfila como necesaria y beneficiosa para ambas orillas del Atlántico.