La Europol alertó ayer lunes de que la crisis económica derivada del coronavirus puede abonar las "condiciones ideales" para que crezca el crimen organizado, al hacer que "ciudadanos ordinarios" se acerquen a la actividad de redes criminales y que las propias comunidades sean más tolerantes con ciertas actividades en medio de un clima de crisis.
Así lo recoge el informe presentado por la Oficina Europea de Policía sobre nuevas amenazas delictivas en la UE. En concreto apunta a una mayor connivencia con actividades como el contrabando o el cultivo y tráfico de cannabis e indica que la falta de empleo entre los jóvenes puede impulsar a muchos a entrar en estas redes criminales.
En este sentido, la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, ha afirmado que una posible recesión económica amenaza "puede facilitar el crecimiento de organizaciones criminales en Europa". "Esto afecta a todas las capas de la sociedad. Aparte de a las sociedad socava la economía, las instituciones y el estado de derecho", ha alertado durante la presentación del informe en Lisboa junto a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y la ministra de Justicia de Portugal, Francisca Van Dunem.
Las nuevas tramas desarrollan más de una actividad criminal
En términos generales, el informe, conocido como SOCTA (Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado, en sus siglas en inglés), recalca que el crimen organizado es una "hidra moderna" con una dimensión y complejidad global. Las tramas criminales implican a más de 180 nacionalidades diferentes, la mayoría operan en varios países de la UE a la vez y un 40% de ellas desarrollan más de una actividad criminal.
Según algunos datos que ha desgranado De Bolle, el 40% de las organizaciones activas se dedican a la producción y tráfico de drogas, que sigue representando el principal negocio delictivo en la UE. También ha puesto el énfasis en que el 60% de las redes se implican en tramas de corrupción, con el 80% envueltas en negocios legales que encubren sus actividades, lo que supone una importante amenaza a los valores democráticos de la UE.
Las ayudas europeas, objetivo del crimen organizado
En el contexto de la pandemia, el informe asegura que las ayudas del Plan de recuperación para Europa ya son un objetivo del crimen organizado. Por ello, advierte de la necesidad de aumentar las salvaguardas ante el plan de recuperación que distribuirá ayudas millonarias los próximos meses.
"Estos fondos ya han sido objeto de ataque de estafadores que buscan acceder ilegalmente a estos miles de millones de euros. Pese a las garantías para prevenir el abuso a nivel nacional y europeo, las autoridades han tenido que distribuir estos pagos tan rápido que esto ha debilitado algunos de los procedimientos y permitido que algunos delincuentes se beneficiaran ilegalmente de fondos", sostiene el informe.
Europol avisa, además, de que la pandemia ha confirmado la capacidad de las redes criminales de adaptarse a las nuevas situaciones y sacar provecho de circunstancias como la limitación de movilidad, que ha servido de "catalizador" de nuevos fraudes en la red y ciberataques. "Los obstáculos se convierten en oportunidades criminales y suele ser tan simple como adaptar su 'modus operandi' a una nueva narrativa", ha indicado la directora de Europol.
La importancia de la cooperación permanente
Durante la presentación, la comisaria Johansson ha reclamado una mayor cooperación entre Estados miembros, al señalar que el 70% de los grupos criminales operan en más de un país de la UE. Es por ello que considera fundamental generar una cooperación policial permanentemente entre los Veintisiete y no limitarse a operaciones concretas.
La política sueca ha aprovechado para adelantar que en el plan contra el crimen organizado que presentará esta semana propondrá reforzar la cooperación. "Solo podemos combatir el crimen si trabajamos juntos en Europa. Europol es la piedra angular de esa cooperación, por ello pido aumentar su mandato para apoyar mejor a las fuerzas de seguridad", ha subrayado.
De su lado, Van Dunem ha apostado por reforzar la cooperación no solo entre fuerzas de seguridad europeas, sino entre autoridades judiciales. "Hay que implicar a las autoridades judiciales para garantizar que la cooperación no es solo policial, y el asunto de los derechos fundamentales es clave también", ha apuntado la ministra lusa.