Mohamed VI es el mayo latifundista y también el mayor beneficiario de la ausencia de control en las exportaciones de tomates marroquíes a la Unión Europea.
Es el mayor beneficiario, como hemos ya contando en anteriores artículos, porque diferentes emporios empresariales participados por Mohamed VI y el propio ministro de Agricultura de Marruecos explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental (Dakhla) para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial, algo a lo que desde estas páginas hemos bautizado como tomatópolis, y que hemos denunciado como uno de los mayores casos de “corrupción” política que se pueden observar actualmente, casi imposible de concebir en la mentalidad europea.
En octubre del 23, el gobierno de Marruecos anunciaba la subvención de la producción del tomate (es decir, a Mohamed VI y su el madjen, la casta del país) junto a la de cebollas y patatas, con entre el 50 y el 70% de su valor. En concreto, la producción de tomates recibirá un apoyo de entre 3.600 y 6.300 euros por hectárea, o lo que es lo mismo, alrededor de 70.000.000 de euros.
Además, las empresas productoras alauitas se verán beneficiadas de una subvención a los fertilizantes nitrogenados de 200 millones de euros y de la movilización de 600.000 toneladas de fertilizantes fosfatados, curiosamente de OCP (holding marroquí del que es accionista el rey marroquí) y que se extraen del Sahara ocupado.
¿Y por qué las asociaciones agrícolas acusan al gobierno de España de ser cooperador necesario para que esta infamia se lleve a cabo? El cooperador necesario, como bien se sabe, es una persona distinta a aquella que ejecuta el “delito” pero que realiza un acto indispensable para que dicho “delito” se lleve a cabo, y se acusa a nuestro gobierno de asumir este rol por diferentes razones.
En primer lugar, porque según los tratados UE-Marruecos, nuestro vecino del sur puede traer a Europa 320.000 toneladas de fruta y verdura, libres de aranceles, pero exporta 600.000, y el control español NO hace nada, como denuncia la propia COAGA.
En segundo, porque el Gobierno de Pedro Sánchez tiene denuncias concretas de las asociaciones agrarias “por la incorporación fraudulenta de las producciones del Sahara Occidental / Dakhla la tomatopolis de Mohamed VI, como propias a efectos de beneficiarse de las concesiones arancelarias”.
Y tercero, porque el gobierno español apoya con fondos públicos al desarrollo del Valle del Souss (una de las tres áreas prioritarias para la cooperación española en Marruecos), a lo que nuestro gobierno podría alegar que “la zona de Sus Masa es Marruecos, no Sáhara ocupado”, pero bien sabe y mira para otro lado porque en la zona de Dakhla-tomatopolis no solo se ha privado a los saharauis de sus tierras, sino que “la gran mayoría de los empleados son marroquíes, muchos procedentes de la región del Souss: no contratan a los saharauis porque desconfían de ellos. Esto sigue a rajatabla su estrategia de transferencia de población y su intención de revertir demográficamente a la población saharaui”, como subrayaba Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en un anterior artículo en el que recogíamos esta situación. Es decir, que con dinero de la cooperación española en Marruecos ayudamos a financiar la expulsión de saharauis de Dakhla a favor del emporio tomatero de Mohamed VI.
¿Y qué hay de los controles sanitarios de estas importaciones?
No son pocas las voces de alerta que en las últimas fechas se han hecho eco de esta situación. De hecho, las autoridades fitosanitarias de Marruecos informaron recientemente de la presencia en su territorio del virus del fruto rugoso marrón del tomate (Tomato Brown Rugose Fruit Virus, ToBRFV). El tobamovirus se detectó por primera vez en octubre de 2021 en la región de Souss-Massa, y en marzo de 2022 en la región de Dakhla, en el Sahara Occidental debido a la importación de semillas infectadas desde Sous-Massa.
Pero no solo es dudosa desde el punto de vista sanitario la importación de tomates con ToBFRV sino que en 2023, y cuando el kilo de sandias llego a situarse en los 12 euros en España, FACUA y la Unión Europea avisaban de que el sistema europeo emitían una alerta sanitaria en sandías procedentes de Marruecos en las que se encontró un alto nivel de metomilo, un pesticida no autorizado.
La Unión Europea calificó esta incidencia como unas de las más 'graves', ya que se desconocían los lugares donde se realizaba la distribución de las sandías afectadas por el laxo control de las autoridades españolas.
Sin ir mas lejos, hace dos semanas el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas pidió medidas inmediatas a la Comisión Europea ante la aparición de partidas de granadas procedentes de Marruecos infectadas con ‘falsa polilla’ (thaumatotibia leucotreta), así como una investigación del alcance de la plaga y que las autoridades marroquíes asuman responsabilidades. Cañas se ha dirigido a la Comisión ante la preocupación de varias organizaciones agrarias en España por la interceptación de un cargamento de granadas de Marruecos afectadas por esta plaga cuando el país vecino estaba considerado libre de esta enfermedad. Su propagación en Europa puede ser muy grave y reducir una media del 26% la producción de cítricos, con un especial riesgo para España.
Según el anteriormente mencionado Andrés Góngora, de COAG, en el caso de Marruecos las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo se han incrementado en un 52% desde 2013, lo que abocarían a España a ser importador neto de tomates y otros productos “de campo” en 2035.