El 21 de marzo de 2019, el ciudadano norteamericano Timothy Hucks fue conducido a una comisaría de policía en Rabat, desde donde lo trasladaron, junto con un grupo de inmigrantes subsaharianos, a Beni Mellal, en pleno centro de Marruecos, en autobús.
Según sus denuncias posteriores, este neoyorquino fue detenido a causa del color de su piel cuando salía de su domicilio en Rabat, a pesar de mostrarles su permiso de conducir estadounidense.
Sin teléfono y con sólo diez dólares en el bolsillo, Hucks fue conducido a una comisaría de policía cercana. “Me quitaron las esposas y me metieron en el vestíbulo con otras 30 o 40 personas, desde adolescentes hasta hombres, todos negros”, ha contado posteriormente.
Horas más tarde, Hucks fue arrojado en Beni Mellal, una ciudad del interior del país, a casi tres horas de Rabat. Con el dinero que tenía en el bolsillo, Hucks regresó a Rabat.
“Todo el mundo decía que debía llamar a la embajada -explicó-. Los llamé y me dijeron que hay una lista de abogados a los que debería llamar”.
La embajada de Estados Unidos no hizo nada al respecto. El caso de Timothy Hucks es el más famoso entre otros de ciudadanos occidentales, de vacaciones en Marruecos o Túnez, y que, por causa de ser de color negro, han sido confundidos con inmigrantes subsaharianos y trasladados a la fuerza lejos de las rutas de emigración.
El informe de Lighthose cita también el caso de Idiatou, una mujer guineana de unos 20 años que contó cómo fue interceptada en el mar cuando intentaba llegar a las islas Canarias desde Mauritania.
“La llevaron a un centro de detención en la capital, Nuakchot, donde agentes de la policía española la fotografiaron antes de que la obligaran a subir a un autobús blanco hacia la frontera con Malí”. Tras cuatro días caminando un conductor la encontró y la llevó a Senegal.
El Ministerio del Interior ha reconocido tener 50 policías españoles en Mauritania que actúan “respetando los derechos humanos de los migrantes, las leyes nacionales e internacionales” y que trabajan de forma conjunta con los mauritanos para frenar la salida de embarcaciones con migrantes.
Marruecos, Túnez y Mauritania, con la complicidad de la Unión Europea han desarrollado un filtro contra la inmigración en el que “miles de personas de piel negra son detenidas, secuestradas y abandonadas en zonas desérticas”, según una investigación, que duró un año, y fue llevada a cabo por Lighthouse Reports, un consorcio de investigación, en colaboración, entre otros, con el Washington Post, Der Spiegel, El País y Le Monde. La investigación se centró en los inmigrantes que intentaban llegar a Europa en Marruecos, Mauritania y Túnez. “La Unión Europea lo sabe y financia a los responsables”, afirman.
Según el informe, durante años, la UE ha entregado grandes sumas de dinero a los países del norte de África para la “gestión de la migración” con el objetivo de reducir el número de personas que intentan llegar a Europa.
“La UE afirma públicamente que supervisa cómo se gasta este dinero y que no contribuye a abusos de los derechos humanos contra las personas a las que pretende impedir que migren. Pero la realidad es diferente”, dice el informe.
El dossier alude a cómo miles de inmigrantes subsaharianos son tratados por las autoridades de Marruecos, Túnez y Mauritania, países en los que se apoya la Unión Europea para controlar los flujos migratorios hacia el ‘viejo continente’.
Según el informe de Lighthouse Reports en Marruecos, Mauritania y Túnez, los refugiados y migrantes, pero también otras personas que tenían estatus legal en dichos países, “son detenidos en función del color de su piel, introducidos en autobuses y conducidos en medio de la nada, a menudo a zonas áridas y desérticas”.
“Allí, se quedan sin asistencia, agua ni comida, dejándolos en riesgo de secuestro, extorsión, tortura, violencia sexual y, en los peores casos, la muerte”, destaca el informe. “A otros los llevan a zonas fronterizas donde las autoridades los venden a traficantes de personas y a bandas que los torturan para pedir rescate”, añade.
La investigación encontró pruebas de que la UE es consciente de estas prácticas y puede estar directamente involucrada. Los documentos internos muestran discusiones sobre el asunto que se remontan a 2019. La coincidencia de tipos de vehículos vinculó las expulsiones con vehículos proporcionados por la UE.
El informe también acusa a España de financiar centros de detención en Mauritania utilizados específicamente para estas expulsiones.
En el caso concreto del gobierno español y su relación con Marruecos, ya es casi imparable la sucesión de denuncias de corrupción continuada de las autoridades marroquíes, desde el tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, vulneración Convenios, etc. Cuando haya cambio de Gobierno, los integrantes del actual van a tener muy difícil escapar –si el siguiente no quiere esconderlo- de multitud de demandas por cooperador necesario.