Andrés Manuel López Obrador, el todavía presidente de México, argumenta que el ejército constituye un baluarte contra la corrupción que infectó a los gobiernos anteriores al suyo y que las fuerzas armadas están haciendo un buen trabajo combatiendo el crimen. Sin embargo, ambas afirmaciones resultan inverosímiles, especialmente la segunda, porque se han producido más de 170,000 homicidios durante su mandato, muchos más que en las tres administraciones anteriores.
A lo largo de sus casi 6 años en el cargo, López Obrador ha transferido vastos recursos y poder a las fuerzas armadas, asignándoles tareas que anteriormente manejaban las autoridades civiles. Este cambio ha provocado un incremento significativo en las funciones del ejército y ha reducido la supervisión democrática sobre sus actividades. Con su supervisión sobre puertos, aeropuertos y fronteras, junto con su presencia general en todo México, el ejército se ha convertido en una herramienta invaluable para que el presidente haga su voluntad en todo el territorio, centralizando el poder y eludiendo a los gobiernos estatales y municipales democráticamente electos.
Incremento del poder militar
Durante toda la historia, las fuerzas armadas mexicanas han mantenido una posición subordinada al poder civil, una situación diferente si lo comparamos con otros países de América Latina. Sin embargo, López Obrador ha roto con esta tradición, asignando al ejército responsabilidades como la seguridad pública, la gestión de puertos y aeropuertos, y la administración de empresas estatales, incluyendo el Tren Maya y los aeropuertos de la Ciudad de México.
Además, el todavía presidente ha incrementado significativamente los presupuestos de los ministerios de defensa y marina, y ha creado la Guardia Nacional bajo mando militar, a pesar de una sentencia de la Corte Suprema que lo declaró inconstitucional. Según una estimación, en 2021, las fuerzas armadas de México, con más de 325,000 efectivos, incluidos 110,000 en la Guardia Nacional, estaban llevando a cabo 246 funciones más que hace 15 años.
Los generales mexicanos no han mostrado un interés abierto en tomar el control del país, pero estas situaciones tienden a suceder de manera progresiva.
López Obrador ha otorgado a las fuerzas armadas la responsabilidad de la seguridad pública hasta 2028, así como legislación y órdenes ejecutivas que ponen la migración, las aduanas, la gestión de puertos e incluso el equivalente mexicano de la Administración de Alimentos y Medicamentos bajo control militar, también el presidente mexicano ha transferido 15 empresas estatales a la gestión militar, incluidos los dos aeropuertos de la Ciudad de México, una nueva aerolínea y el nuevo Tren Maya.
Los presupuestos combinados de los ministerios de defensa y marina se han más que duplicado desde 2019, hasta 316 mil millones de pesos (18.6 mil millones de dólares). Eso es más de tres veces el presupuesto del Ministerio de Salud. Esto no incluye aproximadamente 67 mil millones de pesos (cuatro mil millones de dólares) dedicados a la Guardia Nacional, que el presidente creó para reemplazar a la policía federal y que ha mantenido bajo mando militar a pesar de un fallo de la Corte Suprema que lo declaró inconstitucional.
Consecuencias para la democracia
El fortalecimiento del poder militar ha conseguido politizar al cuerpo de oficiales y ha protegido las funciones gubernamentales llevadas a cabo por los militares de la supervisión democrática. Esto plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la democracia en México, ya que el ejército se ha convertido en una herramienta esencial para que el presidente centralice el poder y eluda a los gobiernos estatales y municipales democráticamente electos. Además, este cambio ha venido acompañado de esfuerzos por parte de López Obrador para debilitar otras instituciones del estado civil, como el poder judicial y los organismos de supervisión electoral.
Con las recién pasadas elecciones presidenciales del 2 de junio, en las cuales ganó por aplastante mayoría la sucesora natural de López Obrador, Claudia Sheinbaum, el futuro del poder militar en México podría seguir de una manera similar, dado que Sheinbaum es la candidata designada por Obrador, es probable que mantenga muchas de las políticas actuales, incluyendo el rol ampliado del ejército. Aunque es cierto que ha sugerido la posibilidad de reconsiderar la gestión militar de ciertos negocios, como el Tren Maya, su administración probablemente seguirá dependiendo de las fuerzas armadas para la seguridad pública, al menos hasta 2028, debido a la enmienda constitucional.
Todo ello para mantener la lealtad de las fuerzas armadas, que podría y debería transferirse a Sheinbaum, manteniendo la estructura de poder actual y la centralización del control bajo el mando presidencial. Pero cualquiera que sea la estrategia de seguridad pública de la nueva presidenta, las fuerzas armadas estarán a cargo de ella al menos hasta 2028 debido a la enmienda constitucional del presidente López Obrador.
Por ahora, los generales mexicanos no parecen haber mostrado un interés abierto en tomar el control del país, pero es obvio que estas situaciones tienden a suceder de manera progresiva, especialmente cuando los propios militares vean amenazados sus cuotas de poder asignadas hasta ahora.
Hay que tener en cuenta que Estados Unidos puede influir en la situación, dado su papel como el mayor socio comercial de México y la principal fuente de armas y equipo para el ejército mexicano. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos a menudo toleró o apoyó regímenes militares; sin embargo, después invirtió, con éxito diverso, en la desmilitarización y democratización de América Latina. Todo esto refuerza la necesidad de resistir un nuevo punto de apoyo para el militarismo donde nunca antes existió, justo el vecino del sur.
En definitiva, el fortalecimiento del poder militar en México bajo el mandato de López Obrador representa un cambio significativo en la dinámica política del país. Las elecciones del 2 de junio se han producido con un resultado de probable continuismo, y tendremos que esperar a ver si este aumento en el poder militar se mantiene o si se revertirá. La continuidad o cambio en estas políticas tendrá profundas implicaciones para la democracia mexicana y el equilibrio de poder entre las instituciones civiles y militares.
Confiar la seguridad total del Estado y el control de instituciones civiles al ejército, a un país que está desesperado en cuanto a seguridad en ciertas regiones, por una violencia y crimen excesivo, podría parecer de inicio una buena idea y una forma radical de reducir el crimen organizado que ronda grandes áreas de este país, pero dar un poder a este gremio armado puede significar que lleguen para quedarse y que cada vez quieran más y más poder, hasta que incluso el gobierno de turno les parezca un simple títere al que tienen que eliminar de la ecuación, porque en eso Iberoamérica tiene mucha experiencia.