Los sobrecostes en las llamadas de atención al cliente van a empezar a desaparecer a partir de este martes 22 de diciembre. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que modifica los artículos 21.2 y 49 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para poner fin a los "abusos" de líneas de teléfono como el 902 de empresas que prestan servicios básicos, tanto públicas como privadas.
Con esta medida, se impide a las compañías utilizar números de tarificación especial para atender a los consumidores y ningún teléfono que preste este servicio podrá suponer un coste mayor al de una llamada telefónica a un fijo o móvil.
El Ministerio de Consumo, que lidera Alberto Garzón, ya había adelantado en septiembre que pretendía llevar a cabo esta prohibición al considerar que estos números eran "abusivos" y suponían una barrera para las rentas más bajas. Tras el pertinente proceso de consulta pública con la ciudadanía y las asociaciones, ahora ha visto cumplidas sus intenciones.
"Hasta ahora han existido discrepancias sobre la interpretación del concepto de tarifa básica y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman", han señalado desde el departamento dirigido por Alberto Garzón.
Esta decisión tiene también respaldo europeo, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró estos servicios como ilegales al superar el precio de una llamada normal en una sentencia de 2017.
¿A quién afecta esta medida?
Según ha señalado el Ministerio de Consumo, la disposición afecta a las compañías de agua, gas, electricidad, seguros, transporte aéreo, terrestre y marítimo, protección a la salud, saneamiento, residuos, saneamiento y de servicios financieros y postales. Para el resto de empresas, se establece la obligación de disponer de un número de teléfono fijo o móvil, que deberá figurar en la publicidad de la atención al cliente.
El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Consumo, pretende así garantizar que los consumidores siempre disponen de un número de tarificación básica para comunicarse con las empresas con las que adquieren productos o servicios.
"La medida del Ministerio de Consumo acabará con los abusos y sobrecostes en las facturas telefónicas provocadas por las llamadas a servicios de atención al cliente que, en el caso de los números 902, el coste por minuto se sitúa entre los 0,12 y 0,40 euros, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital", ha subrayado el Ejecutivo tras aprobar este Real Decreto.
Asimismo, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incorpora como infracción el incumplimiento de estas obligaciones relativas a los servicios de atención al cliente, garantizando así la imposición de sanciones por las comunidades autónomas en caso de incumplimiento.