Congreso de los Diputados ha convalidado el pasado jueves con 312 votos a favor el decreto de Ciberseguridad 5G, que establece los nuevos estándares en esta materia necesarios para el despliegue de las nuevas redes.
El decreto finalmente no será tramitado como proyecto legislativo, pese a que inicialmente estaba contemplado como un proyecto de ley en las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con esta base legal, el Gobierno podrá determinar que algunos proveedores son de alto riesgo, lo que implicaría que no podrían ser utilizados en zonas estratégicas de las redes de los operadores.
El sistema incluye también requerimientos para las empresas de telecomunicaciones como tener más de dos proveedores para determinados componentes.
Si los operadores se vieran obligados a sustituir los equipos, productos o servicios proporcionados por dichos suministradores, disponen de un plazo de cinco años para llevar a cabo la sustitución en los elementos críticos de red.
El Gobierno se ha dado un plazo de cuatro meses para determinar qué operadores son de alto riesgo. Entre las razones para determinar si un operador es de alto riesgo se encuentra el vínculo con terceros países.
Cómo puede afectar al desarrollo de la tecnología 5G en España
Una interpretación estricta de esta norma, según expertos consultados, tendría importantes consecuencias para el desarrollo de la tecnología 5G en nuestro país. Por un lado, una menor competencia (al dejar de contar con algunos de los grandes fabricantes actuales) implicaría mayores costes y, por tanto, servicios más caros. Según un estudio realizado por Oxford Economics, si se impide competir en el mercado 5G a alguno de los principales fabricantes que actualmente están ofreciendo sus soluciones en el mercado los costes de despliegue de 5G para los operadores se incrementarán aproximadamente un 19% durante los próximos años, un periodo clave para acelerar y completar la cobertura 5G y posibilitar la transformación digital de la sociedad.
Este encarecimiento supondría asimismo que los servicios avanzados basados en 5G llegarían más tarde. Y es que si esos costes de despliegue subieran, y considerando que cualquier empresa inversora (como los operadores) tienen unos ratios de inversión sobre ingresos que mantener estables para hacer sostenibles sus modelos de negocio, resultaría en que el plazo para alcanzar el mismo objetivo de cobertura 5G se retrasaría en el tiempo. Según el mencionado estudio de Oxford Economics, para un año concreto (por ejemplo 2023), estaríamos hablando de una desaceleración del 11% (cinco millones de ciudadanos) en la cobertura de la población española.
Como consecuencia, esa desaceleración en la llegada del 5G se traduciría a largo plazo en una pérdida en el impacto positivo sobre el PIB esperado por el 5G y la transformación digital asociada a su uso de aproximadamente 3.700 millones de euros.