Un grupo de trabajo formado por seis jueces y dos ingenieros trabaja ya en la elaboración de un catálogo de herramientas de inteligencia artificial que puedan aplicarse a la Justicia en España. Bajo el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha reunido este mes por primera vez, pero se espere que trabaje aproximadamente hasta verano en la confección de este catálogo.
El objetivo, según fuentes del CGPJ recogidas por La Razón, es investigar la aplicación del blockchain para “algoritmizar y automatizar tareas y decisiones judiciales”. Liderándolo está el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y con él un grupo de magistrados escogidos de diferentes jurisdicciones y con perfiles orientados a lo tecnológico para que cada cual aporte su visión sobre qué es necesario y útil.
Se trata de Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial; Carlota Cuatrecasas, jueza de instrucción en Martorell; Nieves Buisán, magistrada de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que revisa los desfases de la Agencia de Protección de Datos; Javier Ercilla, juez de lo Social en Las Palmas; y Cristina Sanz, jueza de primera instancia de Madrid. Además, colaboran dos ingenieros para la parte más técnica.
El recurso a la Inteligencia Artificial puede ser una forma de descargar de trabajo a los jueces y de agilizar los procesos de manera espectacular. Hay que tener en cuenta que la IA puede analizar en segundos lo que un humano tardaría días en leer. Esto, en los casos de macroprocesos con miles de folios que llegan, por ejemplo, a la Audiencia Nacional, ayudaría a que el juez pueda saber inmediatamente qué diligencias se han practicado en la investigación y cuáles restan por ser llevadas a cabo.
Asimismo, se podría poner en marcha una oficina judicial automatizada para mejorar el acceso de los ciudadanos con herramientas ad-intra -que faciliten la labor de los propios trabajadores- y ad-extra para echarle una mano a los abogados.
Dictar sentencias automáticas
Aunque es pronto para hablar de jueces robots, el grupo de estudio -que ha adoptado el nombre "Tecnología, Inteligencia artificial y administración de justicia"- estudia la posibilidad de que se dicten sentencias automáticas. Por ejemplo, con resoluciones de divorcios de mutuo acuerdo, las partes rellenan un formulario y el ordenador desarrolla el documento que legaliza la ruptura matrimonial sin necesidad de que medie el concurso del juez.
Esto puede generar muchas reticencias entre los ciudadanos, pero el grupo también está preparándose para esto. Por eso, investigan herramientas de análisis de riesgos que sean capaces de identificar los errores que las propias máquinas puedan cometer. Asimismo, un juez podrá evaluar, por ejemplo, el riesgo de fuga de un investigado. Y sobre esos parámetros (edad de la persona, vínculos en el país, antecedentes, etc) la herramienta dirá si se debe o no enviar a prisión provisional.
La Inteligencia Artificial podría utilizarse también para controlar y organizar la labor de los propios jueces. Se podrá monitorizar la inspección de los jueces en función de las sentencias que pongan, el número de auto o los asuntos tratados y saber con exactitud qué juzgados tienen más carga de trabajo.
De momento, no se trata más que de un documento de trabajo. Pero, insisten los responsables, es ya un primer paso para trabajar en esta dirección y, de paso, poder reclamar parte del dinero de los Fondos Europeos para digitalizar la Justicia.