Italia acaba de dar un paso de gigante en su lucha contra las IPTV ilegales y se postula como el espejo donde se pueden mirar el resto de los países europeos. A instancias de la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones (AGCOM), el máximo organismo regulador de telecomunicaciones en Italia, el Gobierno ha conseguido que el Senado apruebe la ampliación de la ya existente Piracy Shield, una plataforma para restringir el acceso a plataformas IPTV y páginas web, pero que hasta ahora solo afectaba a los proveedores de servicios internet (ISP) italianos.
La principal novedad de las nuevas enmiendas es que corrige la anterior en cuanto a que, a pesar de los bloqueos, se podía seguir accediendo a estos contenidos a través de herramientas VPN. Ahora, la nueva propuesta incluye la obligación a los servicios VPN y DNS, quienes desde este momento también estarán obligados a cumplir con órdenes de bloqueo de contenido ilegal si las empresas titulares de los derechos así lo reclaman. Además, se incluye la posibilidad de que, tanto estos servicios de VPN y DNS como las propias teleoperadoras y proveedores de servicios, se enfrenten a sanciones, incluyendo penas de hasta un año de prisión, si no reportan las actividades relacionadas con la piratería de las que son conocedores.
La industria, en riesgo
Otro punto que suma esta enmienda es la eliminación de los límites en el número de dominios y direcciones IP que los ISP deben bloquear. Esto supone una protección extra para los titulares de los derechos, ya que la mayoría de los servicios dependen de la nube, donde se alojan diferentes tipos de páginas pero con la misma dirección IP. Ahora, gracias a otra de las novedades incluidas en estas enmiendas, se podrán bloquear todas las páginas de una sola dirección. Eso sí, al mismo tiempo, la norma prevé que se puedan desbloquear estas direcciones después de seis meses si se ha detenido el uso ilegal.
Por último, estas enmiendas a la Ley 93 de 2023 en Italia, que todavía tienen que pasar por la Cámara de Diputados para ser aprobadas, vienen a ampliar la cobertura legal en la lucha contra el fraude audiovisual, expandiendo así su radio de acción ante una práctica que pone en riesgo la industria audiovisual del entretenimiento en general, y la del fútbol en particular.
Pérdidas en España
En concreto, se estima que los delitos de piratería suponen a los clubes profesionales de futbol españoles unas pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros al año. Por ello, LALIGA lidera esta lucha a través de su filial LALIGA Content Protection, que cuenta con avanzadas herramientas tecnológicas integradas en su propio laboratorio antipiratería ubicado en Madrid, como Marauder, Lumiere, Neko y Black Hole, desde donde también apoyan a creadores de contenidos como Telefónica, Atresmedia, Wimbledon, DORNA, SKY México y también cuenta con un acuerdo con el Ministerio de Cultura desde 2017.
Sin embargo, según denuncian desde la patronal del fútbol, grandes tecnológicas como Google o Apple no colaboran en la lucha contra la piratería, ya que dicen que se benefician de "lucrativos ingresos" con ella a través de sus motores de búsqueda, apps stores o anuncios, entre otros. De hecho, si Google colaborase, la piratería se reduciría en un 80%, señala LALIGA. Ante esta situación, aunque se han realizado algunos avances a nivel institucional, LALIGA reclama al Gobierno de España que adapte la legislación a las recomendaciones que la Unión Europea ha hecho en materia de protección de los derechos de autor y evitar consecuencias irreversibles en uno de los símbolos de nuestro país.