Europol ha dado por concluida una macrooperación internacional contra la tenencia y distribución de material pedófilo online que se ha desarrollado de forma paralela en 13 países. Esta acción conjunta ha permitido detectar más de 90.000 cuentas online e identificar a más de 100 sospechosos en diferentes países de la Unión Europea. Además, se ha asegurado la protección de 136 niños en todo el mundo.
En el caso de España, agentes de la Policía Naciona han detenido a tres individuos, en Madrid (2) y Tenerife. Uno de los arrestados en Madrid -además de poseer abundante material de pornografía infantil- también grababa vídeos a mujeres en actitudes sexuales, sin su consentimiento, y los remitía a terceros. Otro de los detenidos intentó engañar a los agentes entregándole un móvil averiado; y un tercero trató de destruir el teléfono que utilizaba cuando los investigadores accedieron a su domicilio.
En esta investigación han participado las autoridades policiales de Austria, Grecia, Croacia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, España, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido y EEUU.
Todo comenzó en Nueva Zelanda
La investigación se inició en 2019 cuando una conocida plataforma de almacenamiento en la nube, ubicada en Nueva Zelanda, detectó la existencia de numerosas personas intercambiando imágenes de abuso sexual infantil, algunas de ellas de extrema dureza.
Se trata de una de las plataformas más utilizadas, ya que sus métodos de cifrado proporcionan una alta seguridad que impiden -incluso a la propia compañía- acceder a lo que aloja un usuario concreto si no se dispone de las contraseñas.
Además, permite compartir de forma pública o restringida el contenido de las carpetas virtuales, e incluso pasarlas de una cuenta a otra. Cuando la empresa detecta alguna transferencia de imágenes sexuales de menores -bien sea a través de denuncias, o de sistemas automáticos- bloquea y denuncia al responsable. En este sentido, las autoridades neozelandesas detectaron implicados en varios países europeos, motivo por el que informaron EUROPOL y solicitaron su ayuda.
Cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos iniciaron las pesquisas y los cruces de información con sus respectivas bases de datos. Enseguida detectaron que uno de los investigados había descargado un vídeo de especial dureza en el que torturaban a un bebé de pocos meses.
Tras varias gestiones, los agentes localizaron a este individuo en la ciudad de Madrid y registraron su domicilio. Fruto de ese registro localizaron abundante material de pornografía infantil, tanto almacenada en el dispositivo como en varias nubes, comprobando que lo enviaba a terceros a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
Por otra parte, los agentes descubrieron que también grababa imágenes en la calle a desconocidas, así como a vecinas del edificio de enfrente, al descuido y sin su consentimiento. Asimismo, localizaron imágenes de desnudo de una mujer que resultó ser su expareja, quien posteriormente manifestó que nunca supo que había sido grabada. Ese material lo enviaba a un tercero, también residente en Madrid, que declaró ante los agentes en calidad de investigado por estos hechos. Finalmente fue detenido y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.
El segundo arresto también se produjo en Madrid. En este caso, el investigado -que contaba con antecedentes por hechos similares en los años 2015 y 2016- también había sido denunciado por utilizar una aplicación de mensajería instantánea para distribuir pornografía infantil. Posteriormente, además, los agentes constataron el uso de una conocida red social para cometer hechos de la misma naturaleza.
Este individuo, localizado y detenido en el exterior de su domicilio, intentó engañar a los agentes entregándoles un teléfono móvil que no funcionaba. En el registro de su domicilio, se encontraron cantidades ingentes de material pedófilo y se pudo comprobar que lo intercambiaba a través de numerosos medios y diferentes programas de mensajería instantánea.
Por último, los agentes detuvieron a un tercer individuo en Santa Cruz de Tenerife. Durante el registro de su domicilio, en el que intervinieron gran cantidad de material informático para su posterior análisis, el investigado trató de destruir el teléfono móvil que utilizaba para cometer los ilícitos.