Las falsas alarmas es una de las grandes problemáticas y preocupaciones del sector de la seguridad, tanto privada como pública, y que no solo afecta a los usuarios de alarmas sino a todo el conjunto de la sociedad. Como punto de partida, en un primer artículo publicado el pasado miércoles empezamos a analizar el problema que representan las falsas alarmas para las empresas de seguridad privada contando con el testimonio de José Ramón Becerra, director gerente del Grupo On Seguridad y a quien entrevistamos el pasado mes de febrero coincidiendo con la celebración de la Feria Sicur 2022.
Becerra calificó las falsas alarmas como una "lacra" y advirtió de que van a seguir aumentando si no se hace algo "pronto y distinto" durante su participación como ponente en las "IV Jornadas de CRA", organizadas por Seguritecnia y celebradas en formato online el pasado 14 de septiembre.
Escudo Digital asistió a este evento y tras cubrir en un primer artículo la primera parte de su intervención –en la que Becerra explicó las bases del Grupo On Seguridad, ofreció una panorámica del sector de la seguridad privada en España y destacó cómo hace frente al problema de las falsas alarmas así como las trabas que se encuentran en el camino–, continuamos nuestra serie desglosando la segunda y última parte de su intervención.
En ella, el director gerente del Grupo On Seguridad señaló que el origen de las falsas alarmas son principalmente los usuarios, criticó el actual marco legal, mostrando también su desconfianza hacia el Nuevo Reglamento de Seguridad Privada, y ofreció una serie de propuestas para revertir esta problemática. ¿Una las soluciones podría ser sancionar a los usuarios que las provoquen? En su opinión "No", y a continuación explicamos sus argumentos y todo lo que dio de sí la segunda y última parte de su ponencia.
Hay que centrarse en el origen del problema: los usuarios, especialmente los reincidentes
Según un análisis del Grupo On Seguridad que ha sacado a relucir Becerra, el 70% de las falsas alarmas que se reciben en una CRA son provocadas por los usuarios o están causadas por circunstancias imputables a su responsabilidad. Por tanto, considera que el origen de las falsas alarmas son los usuarios y que ahí es donde urge actuar, ya que además cree que es un área en la que "hay un gran margen de mejora a corto plazo".
En esta línea, ha querido aclarar que los usuarios de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad tienen porcentajes de falsas alarmas mucho menores al resto y también son una minoría, ya que representan alrededor de 50.000 de los algo más de tres millones de clientes de alarmas que hay a día de hoy.
"Yendo más allá, el problema se concentra en aquellos usuarios que propician reiteración de falsas alarmas y además la producen sin inmutarse y sin preocuparles sus consecuencias. Podíamos explicarlo con el 'efecto Pareto', una minoría de los usuarios producen la mayor parte del problema".
Los esfuerzos de las empresas de seguridad han resultado en vano y su filtraje está condicionado por tres imposiciones: hay que buscar nuevas formas
Becerra ha resaltado que los esfuerzos de concienciación y sensibilización sobre los usuarios que ejercen las empresas de seguridad, así como otras medidas que estas toman, no han aportado resultados significativos, algo que se lleva comprobando durante años.
"Nosotros se lo explicamos a cada usuario cuando se conecta a la CRA, recogemos en el contrato la posibilidad de rescindirlo si se produce reiteración y no la corrigen, publicamos artículos, les entregamos un díptico con recomendaciones para evitar que produzcan falsas alarmas, lo tenemos permanentemente publicado en la web, etc. Pero nada de esto funciona suficientemente así que hay que intentar otras fórmulas".
"Si se mantiene inalterado el contexto actual, no tengamos esperanzas a corto plazo de que las CRA mejoren el filtraje y de ello se note una bajada significativa de los avisos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), porque además filtramos hasta donde nos lo permiten tres imposiciones de terceros que condicionan nuestra labor", ha apuntado para continuar detallando estas tres imposiciones.
"La primera es la tecnología instalada, la cual decide facultativamente cada usuario, no la CRA, asesorado evidentemente por su instalador. Esta decisión nos condiciona el método y el alcance del filtraje. La segunda, es el interés que se toma cada usuario en no producir falsas alarmas o cortarlas rápidamente cuando comienzan. Y la tercera, es el contexto legal que define cómo y qué podemos filtrar, incluyendo los métodos de verificación con los que debemos considerar la alarma confirmada con aviso directo a FCSE".
Cobrar las salidas policiales no sería una solución
Respondiendo a los que piensan que la solución podría pasar por empezar a cobrar las salidas policiales o por imponer más sanciones a los usuarios que provoquen falsas alarmas, Becerra ha afirmado que esta alternativa ya se probó entre 2005 y 2010 y que no dio ningún fruto.
"En mi opinión, ninguna de estas propuestas va a resolver el problema. La solución la veo clara, debe basarse en una rápida adaptación legal a nivel de órdenes ministeriales, algo bastante sencillo de llevar a cabo si hay voluntad de los organismos administrativos de control. El objetivo sería introducir algunos cambios y nuevas funciones a las CRA para que puedan mejorar su capacidad de filtraje y para que detecten y actúen directa e inmediatamente en los casos de reiteración".
"El contexto legal es irregular y anacrónico" y el Nuevo Reglamento de Seguridad Privada puede nacer "desfasado"
Según Becerra, el contexto legal es "irregular y anacrónico", una afirmación que ha argumentado explicando que actualmente "está conviviendo una ley de hace 8 años sin desarrollo reglamentario, con un reglamento 'en funciones' de hace 28 años y unas órdenes ministeriales principales de hace 12 años.
"Hacer que todo fluya buscando mayor eficiencia con este escenario legal es como tratar de explicar la cuadratura del círculo, imposible por mucho que nos esforcemos en intentarlo. Y no podemos seguir esperando al tan manido nuevo Reglamento de Seguridad Privada, el que se supone será la panacea de muchos de nuestros males. Eso habrá que verlo".
En cuanto a este nuevo reglamento, Becerra lo ha comparado con la obra teatral "Esperando a Godot", recordando que se le esperaba un día tras otro con renovadas esperanzas pero que nunca llegaba aparecer. "Además, si aparece, según la relación del último borrador de 2018 sin una actualización previa consensuada nuevamente con el sector, nacerá desfasado en muchos aspectos y quizá será peor el remedio que la enfermedad".
Propuestas para revertir el problema de las falsas alarmas
El director gerente del Grupo On Seguridad ha sugerido una serie de propuestas para revertir el problema de las falsas alarmas. A continuación las enumeramos siguiendo su propio testimonio.
- Modificar el mecanismo para que sean las CRA quienes detecten los casos de reiteración y corten directamente e inmediatamente el servicio, al menos en lo que supone avisar a las FCSE y en la línea de lo que pretendía el artículo 50 del reglamento y el 15 de la orden INT 316, que lamenta no ven aplicar. Eso sí, implantaría esta medida solo en las viviendas y establecimientos que no estén obligados a disponer de medidas de seguridad.
- Incluir la obligación de informar al usuario para que investigue las causas y actúe para atajarlas y dar la atribución a las CRA para restablecer el servicio una vez que el usuario certifica haber resuelto las circunstancias que la provocaban.
- Retirar la consideración directa de alarma confirmada a las alarmas de atraco, de forma que las CRA puedan verificarlas ya que sostiene que el 99% de ellas son falsas. Esto ya se permite en Cataluña, pero no en el resto de España.
- Retirar también la consideración de alarma confirmada a las de robo que lleguen de tres o más detectores junto a señales de conexión o desconexión, o que llegue la señal de desconexión en un breve espacio de tiempo después, puesto que evidencian errores del usuario al entrar o salir.
- Estudiar la posible incorporación de nuevos métodos de verificación basados en Big Data y análisis predictivo.
- Incluir la obligatoriedad de que los usuarios faciliten a las CRAs tres teléfonos de contacto a los que avisar en caso de alarmas y que, además, los mantengan actualizados a no ser que tengan contratado el servicio de respuesta a las alarmas por vigilantes.
- Aclarar y definir si las alarmas conectadas directamente al teléfono móvil de un usuario son equiparables a la verificación de una CRA y, por tanto, son los usuarios quienes tienen la potestad de decidir si se las comunican o no a las FCSE, una práctica que últimamente está aumentando y que Becerra señala es preocupante para su sector.
- Procurar aplicar los mismos criterios de verificación de alarmas en todo el territorio nacional.
Tras poner sobre la mesa estas propuestas, Becerra ha aprovechado la ocasión para plantear otros problemas que afectan a instaladores y CRA, que se podrían intentar resolver "si se aborda la modificación solicitada". Entre ellos, ha citado la necesidad de determinación de lo que se considera retraso injustificado en el proceso de verificación; la reducción de las numerosas exigencias documentales en papel y libros de control; la necesidad de digitalización de la gestión administrativa; la reducción del número de mantenimientos anuales en establecimientos no obligados a disponer de medidas de seguridad; y la mejora de la definición de los requerimientos a comprobar en los mantenimientos, principalmente los bidireccionales, así como quién puede realizarlos y en qué contrato deben recogerse.
"La situación solo mejorar si se actualiza rápidamente el marco legal a nivel de las ordenes mencionadas y se centra el foco en los usuarios, causantes de la mayor parte del problema. Esto puede hacerse, valga la expresión, de hoy para mañana, pero tiene que haber voluntad. La pregunta es ¿la hay?", ha sentenciado el director gerente del Grupo On Seguridad.
Estas declaraciones de José Ramón Becerra son una muestra del sentir que comparte el sector de la seguridad privada respecto a la problemática de las falsas alarmas. Próximamente profundizaremos sobre esta cuestión con otros artículos en los que contaremos la visión del sector de la seguridad pública. Concretamente de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.