El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha anulado la adjudicación a la empresa I-SEC Spain Aviation Security del contrato para el "servicio de vigilancia y protección en la sede del Complejo Ministerial Cuzco", el cual acoge las sedes centrales de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, de Hacienda, de Economía, Comercio y Empresa, de Industria y Turismo, y de Transformación Digital, así como la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La resolución del mencionado tribunal, publicada en la plataforma de contratación del Estado, estima el recurso interpuesto por Sasegur, una de las competidoras de I-SEC en la licitación, tramitada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cuyo valor estimado era de 5.857.878,06 euros para un periodo de 12 meses desde la fecha prevista de inicio, que estaba fijada en el 6 de junio de 2024, el jueves de la semana pasada.
Sasegur, cuya oferta quedó clasificada en segundo lugar, argumentó su recurso exponiendo, entre otras alegaciones, que I-SEC había incurrido en fraude de ley al ofertar pagar únicamente 0,01 céntimos la hora a algunos de sus trabajadores, una cifra irrisoria que el TARC ratificó como un fraude de ley ante el que ha procedido a invalidar la adjudicación.
Tal y como consta en el acta de la mesa de contratación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, I-SEC ofreció esta ínfima retribución para los vigilantes sin arma en horario festivo nocturno y para los inspectores de seguridad en horario festivo diurno, dos de los siete servicios cuyos costes debía determinar al presentar su oferta económica. Así, redujo sus costes y consiguió posicionarse como la propuesta más ventajosa económicamente, sumando un total de 43,62 puntos en la valoración de las ofertas económicas, el criterio que más peso tiene en la licitación al otorgar hasta 49 puntos sobre 100.
Quebranta los pliegos administrativos de la licitación
Aunque el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades adjudicó la licitación a I-SEC, el TARC se la ha quitado porque su oferta vulneraba claramente los pliegos de las cláusulas administrativas (PCAP) de la licitación, que estipulan los importes unitarios salariales que en ningún caso pueden ser ofertados a la baja. Según el PACP, los servicios por los que I-SEC ofertó pagar 0,01 céntimos la hora tienen unos costes salariales de 14,49€/h y unos costes directos de 19,36€/h en el caso del servicio de vigilante sin arma en horario festivo nocturno y, en el caso del servicio de inspector de seguridad en horario festivo, de 26,02€/h y 34,77€/h respectivamente.
En su resolución, fechada el 23 de mayo de 2024, el TARC considera que la oferta presentada por I-SEC no tiene otra finalidad que "aprovechar la conformación de los criterios de adjudicación para acaparar los puntos atribuidos a uno o varios criterios de valoración", "lo que le confiere una ventaja ilegítima y arroja serias dudas sobre su capacidad de ejecutar el contrato en los términos configurados por el órgano de contratación", por la vía de maximizar la obtención de puntos conforme al Anexo 7 del PCAP, pero sin tener que incurrir en una situación de baja temeraria ya que "en el global de su oferta se compensa con el resto de los precios, donde la oferta de I-SEC es prácticamente el precio total de licitación", como alega Sasegur.
En consecuencia, el TARC ha decidido anular la adjudicación a I-SEC y ha ordenado además retrotraer el procedimiento de contratación a la fase de presentación de ofertas. No obstante, I-SEC podría apelar esta resolución, que, si bien es definitiva en la vía administrativa, permite interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación. Se desconoce si la empresa tiene intención de recurrir, pero parece una opción poco probable y todo apunta a que el proceso se reabrirá.
Esta resolución ha salido a la luz solo unos días después de I-SEC recibiera otro varapalo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó a la empresa a abonar los pluses pactados con los vigilantes que tiene desplegados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El TSJM tomó esta decisión a instancias de una denuncia del sindicato Alternativa Sindical, que considera a I-SEC como una empresa "pirata" y también presentó un recurso contra su adjudicación del contrato de vigilancia del Complejo Ministerial Cuzco.
Alternativa Sindical ha expresado su satisfacción por el fallo del TARC, subrayando que tumba una oferta que era una "cacicada" y una "vergüenza" y que supone una "nueva victoria moral" en su lucha por unas condiciones laborales justas en el sector de la seguridad privada.