Que dos de cada tres empresas del área metropolitana de Barcelona recurran a servicios de seguridad que no cuentan con la licencia necesaria para empresas que ofrecen protección afecta sobremanera al sector, a los puestos de trabajo “usurpados” y al propio concepto de vigilancia.
Así lo explica Ignacio González, responsable de la empresa de videovigilancia de proyectos de construcción BauWatch España: “Aunque esto pueda parecer una solución rápida o económica a corto plazo, la realidad es que esta práctica tiene consecuencias negativas tanto para la industria de la construcción como para la seguridad misma. Contratar empresas ilegales significa, en muchos casos, no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y protección, lo que pone en riesgo tanto los activos de la obra como a las personas que trabajan en ella”. “Además, recurrir a empresas no reguladas puede ocasionar problemas legales graves, tanto para el contratista como para el cliente, ya que pueden no contar con los permisos adecuados, ni con personal capacitado y certificado. Es un riesgo que no vale la pena correr”, añade González.
Esta práctica está muy extendida en todo el territorio nacional. “Los estudios indican ―afirma González― que en Cataluña hay una prevalencia significativa de empresas que recurren a seguridad privada no regulada, pero esta no es una problemática exclusiva de esa comunidad. La contratación de empresas de seguridad ilegales es un problema que puede encontrarse en otras comunidades autónomas de España. La falta de conocimiento de la regulación actual o la presión para reducir costes son algunas de las razones que impulsan esta tendencia”.
En toda España
Juan Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada, reconoce que es una práctica común “también en Andalucía, Extremadura o Madrid”. “Estadísticamente se da más en Cataluña, porque el porcentaje de construcción es mayor”, apunta. Un paseo por las zonas de Madrid donde se están levantando los nuevos desarrollos urbanísticos sirve para constatar que esta práctica no es exclusivamente catalana.
El porcentaje en Cataluña muestra una profunda división entre las constructoras que se aprovechan de las circunstancias y las que rechazan esta manera de obrar. Las pseudoempresas de seguridad se aprovechan de esta falta de acuerdo en el sector, que en una clara mayoría apuesta por “contratar” estos servicios, bien por el supuesto ahorro económico o por miedo a las amenazas.
Las consecuencias de aplicar medidas de seguridad inadecuadas puede tener graves consecuencias, y no solo de imagen, sostiene el responsable de BauWatch: “Una seguridad insuficiente o poco profesional puede dar una falsa sensación de protección, lo que en última instancia provoca robos, vandalismo o incluso accidentes en la obra. Las empresas que optan por soluciones no especializadas o que recurren a empresas de seguridad que no cumplen con los estándares legales pueden encontrarse en situaciones legales complicadas, además de sufrir importantes pérdidas económicas. Una vigilancia ineficaz puede generar retrasos prolongados, aumento de los costes del proyecto y una falta de confianza por parte de los clientes”.
Clanes familiares
Estas falsas empresas están dominadas por clanes familiares que se reparten las zonas. “Los de la rueda” o “la carretilla”, por la imagen que colocan en los perímetros de las obras, se acogen a una especia de omertá (código de honor de la mafia siciliana que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas).
Para marcar territorio, los miembros de las falsas compañías de seguridad cuelgan su enseña en el perímetro de la obra. La bandera consta de dos franjas horizontales: de color azul, en la parte superior, que representa el cielo; y de color verde, en la parte inferior, que simboliza el campo. En el medio, incluye la rueda de carro, que alude a la libertad del pueblo gitano.
La prudencia, el temor o la complacencia favorecen que el silencio se amplíe a la parte contratante y a los jefes de obras. Tres asociaciones patronales de construcción han rechazado, con distintos argumentos, realizar declaraciones a Escudo Digital sobre el asunto. Gómez avala la existencia de esta cierta complicidad: “Algunos constructores o contratistas utilizan dinero negro para pagar estas llamadas seguridades. Siempre hay personas de un bajo calado moral a las que no les importa infringir todas las normas o las leyes que existen con tal de que les salgan las cuentas de resultados”.
¿Intrusismo? ¿Piratería? ¿Mafia? “Tenemos constancia de que se desplazan, son itinerantes. Parece ser que hay clanes españoles y rumanos, que no se roban entre ellos. Estos grupos utilizan también a personas del norte de África”, relata Gómez.
Táctica y estrategia
¿Y el modus operandi? Algunos miembros del clan inspeccionan zonas parceladas donde se está moviendo maquinaria. Entonces ofrecen sus “servicios”, comenta el presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada: “Si el contratista o el constructor no han estado rápidos en cerrar un trato con una empresa de seguridad homologada, estas personas se ponen a disposición para vigilar la obra. Si no se accede a sus deseos, se puede encontrar con un robo. Si han puesto un vigilante, puede recibir visitas donde se le amenaza”.
En cuanto a las tarifas, Gómez señala que “se dice que están pagando hasta 3.000 euros al mes por 24 horas de vigilancia al día”. “Siempre serán unos precios más baratos que si se contrata a una empresa de seguridad, que paga sus impuestos, inscribe a los trabajadores en la Seguridad Social y les abona sus nóminas. Aquí no hay nada de eso. Es una mafia, así de claro”, apunta. Hay otra versión low cost, que consiste en una rondita en algún momento de la noche.
La complicidad de las mafias y ciertos constructoras se puede extender al ámbito político. Juan Carlos Ramos, concejal del PSC en Sant Adrià de Besòs, contrató a clanes gitanos para proteger viviendas de protección oficial. La Justicia le condenó a nueve años de inhabilitación en 2020, por pagar al patriarca apodado Tío Cristina para vigilar la promoción entre 2012 y 2016.
Soluciones
La respuesta de BauWatch ante el incremento de robos y actos de vandalismo en obras consiste, en parte, en el desarrollo de soluciones específicas para mitigar los riesgos. Ofrece sistemas y torres de videovigilancia con cámaras equipadas con inteligencia artificial, capaces de detectar actividad sospechosa en tiempo real. Estas cámaras distinguen entre movimientos legítimos y posibles amenazas, como intentos de intrusión, lo que permite actuar de manera preventiva. Además, las soluciones están conectadas a un centro de control que monitoriza 24/7.
La IA permite analizar grandes cantidades de datos para prever patrones de comportamiento y mejorar la eficacia de las medidas de seguridad, considera González: “Puede identificar movimientos anómalos o actividades sospechosas de forma más rápida y precisa que los sistemas tradicionales, reduciendo los falsos positivos y optimizando los tiempos de respuesta a menos de un minuto. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también reduce los costes para las empresas constructoras”.
Por su parte, desde la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad animan a los constructores extorsionados a denunciar. "Sólo así podremos entre todos erradicar una práctica ilegal que no es garante de nada. Existen muchas empresas de seguridad que siguen unas pautas rigurosas y podrán ofrecer unos servicios adecuados a cada economía", sentencia Juan Gómez.