El pasado 4 de abril, a eso de las once y media de la noche, Sophie Robinson, ciudadana británica, con segunda residencia en San Antonio de Portmany, en Ibiza, desde hace muchos años -herencia de sus padres- llegaba acompañada de sus hijos a pasar unos días de descanso cuando observó, con asombro que “las luces del inmueble estaban encendidas y al intentar abrir la puerta la llave no entraba en la cerradura”, tal y como publicó hace unos días 2023 Alberto Sierra en The Objective.
Inmediatamente, Sophie llamó a la Policía Local y a la Guardia Civil, y, “personándose ambas patrullas, se entrevistaron con el ocupante del inmueble. Este manifestó que no tenía dónde vivir y que por eso ocupó la vivienda junto a su mujer y sus dos hijos”, indica el atestado de la Guardia Civil. En el mismo documento policial se atestigua que una vecina y amiga de la señora Robinson dio fe ante los investigadores de que, nada más irse ambas patrullas, pudo ver cómo en el jardín del chalet había al menos otros cuatro hombres.
En los días siguientes, y antes de volver a Reino Unido, la señora Robinson interpuso varias demandas ante el Juzgado de Instrucción de Ibiza "por un delito de usurpación de su inmueble", solicitando como medida cautelar el urgente “desalojo del inmueble ocupado, así como su debida restitución a su propietario evitando de esta manera la continuidad de la acción delictiva”, ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza.
Cabe recordar en este punto que en España, cuando hablamos de okupación, y a diferencia de los casos de allanamiento de morada, el proceder de los agentes está sujeto a una orden judicial de desalojo y a la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito, "con violencia o intimidación", en cuyo caso sí pueden hacer desalojos inmediatos.
Pues bien, la primera de las demandas presentadas por la señora Robinson aún no ha sido admitido a trámite, y en el caso de la segunda, todavía no se han pronunciado sobre la aplicación de esta medida cautelar.
Este caso de okupación no sería más que uno más entre los 10.000 acontecidos en el último año y medio (cifras que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido a un grupo de diputados de Vox, que se las requirieron), de los que dos tercios de los espacios estaban vacíos y el tercio restante, habitados, si no fuera por la relevancia en su país del señor Robinson, marido de la señora Robinson.
¿Y quién es Marc Robinson? Marc Robinson (Winchester, Reino Unido) es el fiscal jefe del servicio de Extradición del Reino Unido, una personalidad muy popular en los medios anglosajones y de medio mundo por su participación en el caso de Julian Assange.
Este fiscal vivió siete años en Madrid, donde trabajó como enlace de la Fiscalía británica con la Justicia española y, según sus propias palabras y experiencia: "En España, el gran problema es la lentitud de la Justicia. En Reino Unido también pasa, pero no a este nivel. Allí, tenemos un plazo de 182 días para llevar a un investigado a juicio y, aunque puede haber prórrogas, solemos cumplir. Y todo, teniendo en cuenta que allí los delitos graves nunca prescriben, por lo que no tendríamos por qué tener prisa. En España es alarmante la duración de algunos procesos judiciales. Hay demasiado papeleo. En Reino Unido es todo más personalizado, más directo."
La okupación en España, como bien ilustra este caso, no es solo un problema nacional, pues son muchísimos los extranjeros que tienen vivienda en nuestro país. Entre estos, sobre un mercado de casi 70.000 viviendas/año, el ranking de nacionalidades está coliderado por alemanes y británicos -en torno al 10% cada uno-, franceses (8%), seguidos de marroquíes, belgas y rumanos. Y lo que no entienden estos ciudadanos, al igual que los señores Robinson, es que tengan que pagar unos impuestos -en muchas Comunidades por encima de la media UE- y que, ante estos casos, el Estado no les ayude a solucionar su problema en unos tiempos razonablemente cortos. No entienden que tengan que pagar impuestos más una alarma -para disuadir y que no pase-, más honorarios de abogados -en caso de que pase-, más una empresa de desokupación (la señora Robinsón manifiesta haber contactado con una), etc., etc.
Esta situación no viene de nuevas, muchísimos extranjeros en similares condiciones ya se han quejado a sus respectivas embajadas, aunque la notoriedad del señor Robinson ha hecho que los medios de comunicación británicos estén haciéndose eco en los últimos días de este caso y de la situación de España frente a la okupación.
Tiempo al tiempo, pero igual a medio plazo nos encontramos que hubo un antes y un después del Caso Robinson.