El Gobierno del Reino Unido ha ordenado recientemente a todos sus departamentos ministeriales que dejen de instalar cámaras de videovigilancia fabricadas por empresas chinas en edificios considerados "sensibles" para evitar posibles amenazas de seguridad.
El canciller del ducado de Lancaster, Oliver Dowden, ha señalado en un comunicado que la decisión se produce después de que se haya llevado a cabo una revisión de los "posibles riesgos de seguridad actuales y futuros asociados con la instalación de sistemas de seguridad en edificios gubernamentales", según ha informado Reuters.
"La revisión ha concluido que, a la luz de la amenaza para el Reino Unido y la creciente capacidad y conectividad de estos sistemas, se requieren controles adicionales", afirmó Dowden en su comunicado.
"Por lo tanto, se ha dado instrucciones a los departamentos (ministeriales) para que dejen de desplegar dichos equipos en sitios sensibles, donde son fabricados por compañías sujetas a la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China". "Dado que las consideraciones de seguridad siempre son primordiales en estos sitios, estamos tomando medidas ahora para evitar que se materialice cualquier riesgo de seguridad", agregó Dowden.
Siguiendo la información de la agencia de noticias, con sede en el Reino Unido, la determinación del ejecutivo británico se aplica a las cámaras fabricadas por empresas sujetas a las leyes de seguridad chinas e incluye instrucciones para que los departamentos desconecten dichos dispositivos de las redes informáticas centrales y consideren eliminarlos por completo.
Por otra parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, ha afirmado que su país siempre ha alentado a las empresas chinas que operan en el extranjero a cumplir con las leyes locales.
"China se opone firmemente a la exageración del concepto de seguridad nacional por parte de algunas personas para reprimir injustificadamente a las empresas chinas", destacó Mao, quien también advirtió que el gobierno chino va a salvaguardar firmemente "los derechos e intereses legítimos y legales" de las empresas de su país.
Las sospechas del Reino Unido sobre China y sobre sus empresas, también restringidas en EE.UU.
Reuters también recuerda que el gobierno británico ha tomado esta decisión después de que "decenas de legisladores pidieran la prohibición de la venta y el uso de cámaras de seguridad fabricadas por Hikvision y Dahua, dos empresas chinas parcialmente estatales, por temores de privacidad y preocupaciones de que sus productos estén vinculados a abusos contra los derechos humanos en China".
En este sentido, señala que la mayoría de los organismos públicos británicos utilizan cámaras de vigilancia de ambas marcas, según denunció el pasado mes de julio el grupo de defensa de la privacidad Big Brother Watch. Asimismo, apunta que tanto Hikvision como Dahua, así como otras empresas chinas, se enfrentan a restricciones comerciales y de uso en Estados Unidos.
Hikvision se ha defendido de las acusaciones, asegurando que "no puede transmitir datos de usuarios finales a terceros" y que no administra "bases de datos de usuarios finales ni vendemos almacenamiento en la nube en el Reino Unido", ha declarado un portavoz de la compañía en un comunicado a Reuters.
No obstante, desde la comisión para Videovigilancia y Biometría del Ejecutivo sostienen que las empresas tienen "la obligación de compartir los datos con sus gobiernos en el marco de su legislación nacional", según alertó el comisionado Fraser Sampson el pasado mes de junio. Además, el primer ministro británico, Rishi Sunak, reconoció recientemente que China representa un "desafío sistémico", en el marco de la cumbre del G20 celebrada los días 15 y 16 de noviembre en Bali (Indonesia).
Este es el contexto que ha rodeado a la medida anunciada por el Gobierno británico, que la presidenta del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, la conservadora Alicia Kearns, ha respaldado advirtiendo que "eliminar las cámaras de vigilancia chinas de este edificio es un paso en la dirección correcta, pero debemos ir mucho más allá" extendiendo la decisión a todas las "entidades públicas y autoridades locales".