La situación de indefensión que padecen los vigilantes de seguridad de los Ferrocarriles de la Generalitat está en el origen de las concentraciones indefinidas que se celebrarán todos los miércoles, desde el pasado 11 de diciembre, frente a la estación de Sant Cugat Centre (Barcelona), como protesta por la estrategia de Trablisa, la compañía prestadora del servicio de vigilancia y seguridad de las líneas del Valles.
Juan Antonio Hernández López, de la Secretaría de Acción Sindical del Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Cataluña (STS-C), explica a este diario que las reivindicaciones se centran en reclamar “mejoras en la seguridad de los compañeros”. “Aparte de una indefensión jurídica, precisamos protección y que las medidas de prevención ante las intervenciones se cumplan”, añade. El sindicato pone el foco en la falta de una política en materia del Plan de Riesgos Laborales que desarrolle las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del personal de seguridad.
Presión en las redes sociales
Al sector le afecta la falta de medios y personal. Propone Hernández la creación de una unidad especial de Mossos d'Esquadra para los transportes públicos. Lamenta también que las intervenciones están constantemente en la polémica mediática: “Cuando realizamos una intervención dentro de la legalidad, suele estar cuestionada por las redes sociales, que nos acusan de abuso de la fuerza. En muchos de estos operativos, que no salen a la luz, requisamos objetos punzantes. La ciudadanía no es consciente de que estamos para servir a las personas. Y tenemos una imagen, bueno, de 'seguratas', como se dice despectivamente”.
Manuel Pintado, delegado sindical del STS-C parte activa en las concentraciones de San Cugat, señala que “en la ley de seguridad privada hay un artículo que dice que ante infracciones administrativas debemos intervenir; pero la empresa y bastantes vigilantes de seguridad entienden que intervenir es engrilletar y no es eso”. “Intervenir es llamar la atención. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el vigilante por una infracción administrativa no puede detener a nadie. Y en Ferrocarriles de la Generalitat te obligan a hacerlo. Cuando hay controles de interventores, tenemos que identificar a gente y estamos deteniendo. Esta situación provoca muchas agresiones”, añade.
“Esto se da mucho en el transporte público —afirma Pintado— porque hay mucho desconocimiento jurídico y las empresas se aprovechan de ello. Un vigilante por un billete o porque un pasajero que ha fumado no tiene que llegar a engrilletarlo ni a pegarle ni a que le peguen a él”.
¿Tiene futuro el sector?
Se queja también el sindicato de que se tiene que prestar el servicio sin pareja, cuando “el Plan de Seguridad de Ferrocarriles, avalado por los Mossos, establece que los vigilantes de seguridad deben trabajar en pareja a partir de las 22 horas y en situaciones singulares, y en unidades en el resto de franjas horarias y de situaciones”. A esto hay que sumar, comenta Pintado, que “los descansos de jornada establecidos por la ley a veces no se cumplen, hay muchas bajas por depresión y lesiones por agresión”.
“De los vigilantes abusan en todos los transportes públicos —indica Pintado—. El sector necesita sindicatos que no estén corruptos y comprados por la empresa. Además, está envejecido. Hay una media de edad de 55 años. La juventud no quiere esta profesión porque está mal pagada. Tenemos libre un fin de semana al mes. Un vigilante sin pluses está ganando 1.100 euros limpios. Para sacar un sueldo digno necesitas hacer 300 horas y así no tienes vida. Debe mejorarse el convenio colectivo, no solo en salario, también en conciliación familiar. Muchos vigilantes de seguridad trabajan en dos empresas”.
Para Hernández, “este trabajo no es atractivo a nivel económico. La gente busca servicios con menos complicaciones, con menos intervenciones, con menos problemas que te pueden suponer un juicio tras una denuncia por cumplir con tus obligaciones”.
Las movilizaciones del Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Cataluña (STS-C) se extienden a otras empresas como Securitas Seguridad España, S.A., en concreto en el servicio de Westfield La Maquinista, uno de los mayores centros comerciales de Barcelona. El motivo: la falta de negociación ante los incumplimientos laborales y por unas condiciones laborales dignas.
¿Qué pasa con los transportes públicos?
Algo está pasando, sin duda, en el ámbito de la seguridad privada en el transporte público de Barcelona. Los trabajadores de Securitas, una de las empresas adjudicatarias junto a Prosegur del contrato de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), están protagonizando movilizaciones para solicitar subidas salariales. El origen de las protestas fue constatar que el incremento del plus de su nómina ha sido de tan solo siete céntimos la hora.
Escudo Digital se ha hecho eco que en el sindicato Alternativa Sindical no descartan incluso convocar una huelga de hambre en el caso de que sus demandas no fueran atendidas.