El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha acordado paralizar el proceso de adjudicación del contrato de seguridad y vigilancia para varias sedes y centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Esta resolución, emitida el pasado 20 de noviembre, estima un recurso presentado por el sindicato Alternativa Sindical, que denunció irregularidades en los pliegos de la licitación por los que solicitaba su anulación, según informamos recientemente en Escudo Digital.
Como explicamos, el recurso del sindicato se basaba principalmente en dos aspectos de los pliegos del contrato. Por un lado, en que el presupuesto no contemplaba los incrementos salariales previstos para 2026 en el convenio colectivo de vigilancia privada, lo que podría "provocar que las empresas licitaran con gran riesgo de pérdidas a futuro, por lo que finalmente serían los trabajadores los que sufrirían el impago de sus salarios ante la falta solvencia de la empresa que resultara adjudicataria".
Y, por otro lado, que establecía el criterio de asignar determinados puntos a las empresas que se postularan al contrato en función de su "capacidad de respuesta ante averías de sistemas pasivos", lo que podría suponer problemas en la realización de las tareas de mantenimiento de los equipos que, a su vez, derivarían potenciales riesgos de seguridad tanto para los vigilantes como para el resto de personas y las instalaciones.
La resolución del Tribunal
Alternativa Sindical ha compartido la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid a través de un comunicado, remitido a nuestro medio. En él, subraya que la decisión del Tribunal de suspender automáticamente el expediente de contratación en fase de adjudicación tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados.
En esta línea, el recurso señala que, en los casos de licitación de este tipo de servicios, "los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado y en aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación del servicio".
Concretamente, según precisa el sindicato, se estima que el presupuesto base de licitación no se ajusta a la legalidad, dado que el estudio económico no ha tenido en cuenta el incremento de los costes salariales que, de forma cierta, se va a producir durante la ejecución del contrato teniendo en cuenta que el contrato ordinario tendrá una duración de 12 meses más una prórroga de 48 meses adicionales.