Norvik Security Services (NSS), antigua INV, arrastra un nuevo impago a sus trabajadores. El caso ha sido destapado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Navarra, que lleva meses denunciando los constantes retrasos que comete la empresa de seguridad en el pago de la nómina a su plantilla y que el pasado mes de octubre interpuso un requerimiento que llevó a la Inspección de Trabajo de Navarra a abrir un expediente sancionador a la compañía que le podía costar una multa de hasta 30.000 euros.
Pese a este expediente, CSIF asegura que Norvik Security Services "sigue debiendo su salario a un centenar de empleados de Navarra" en un adeudo que ha desembocado en que la Administración General del Estado haya dejado sin seguridad una oficina del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en Navarra.
Según señala el sindicato, esta situación es el resultado de un proceso en el que Norvik Security Services comunica que el servicio de seguridad de la oficina del SEPE pasa de estar en sus manos a llevarse a cabo por CLECE, aunque esta última empresa no lo ha confirmado. "Por su parte, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, como medida cautelar a un recurso de otra empresa de seguridad, suspende el servicio de seguridad hasta la resolución del mismo. Por lo tanto, mientras no se resuelva el recurso, queda suspendida la seguridad del recinto", explica.
CSIF denuncia que este caso, en el que se ha suspendido la seguridad privada de un organismo "sin sopesar las consecuencias", pone "nuevamente" de manifiesto que, "por mucho que nos vendan lo contrario, la protección del trabajo en España es inexistente y la seguridad de los trabajadores de la administración y usuarios muy deficiente e incluso nula". En este sentido, cabe recordar que los reiterados impagos de Norvik Security Services también han puesto recientemente en entredicho al Ayuntamiento de Barcelona.
Finalmente, el sindicato navarro advierte que ha informado del caso a la Inspección de Trabajo y que va a tomar "todas las medidas legales oportunas para proteger los intereses de nuestros afiliados afectados".