El parlamento británico estudia un proyecto de ley de seguridad online, centrado en proteger a las usuarias durante sus recorridos online. En España, el Ministerio de Igualdad y la AEPD velan por los derechos al respeto de la propia imagen y la intimidad de la mujer.
Reino Unido está trabajando para hacer más seguros los trayectos por el ágora virtual de sus ciudadanas. Estos días se estudia una nueva disposición en un proyecto de ley, según la cual las plataformas de redes sociales deberán seguir las pautas regulatorias que protegen a las mujeres y las niñas del abuso vía Internet; así se recoge en una enmienda al proyecto de ley de seguridad en línea, presentada recientemente en el parlamento británico.
El cambio propuesto, de ser aprobado, requerirá que Ofcom, el regulador gubernamental de los medios de comunicación británicos, emita un código de buenas prácticas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. De prosperar ese matiz regulatorio, las plataformas de redes sociales tendrían que implementar la aplicación de ese código de buenas prácticas seguras
La enmienda ha sido presentada en la Cámara de los Lores por varios componentes, incluidos Nicky Morgan, el exsecretario de cultura, y Beeban Kidron, el defensor de la seguridad en línea de los niños, y cuenta con el apoyo del Partido Laborista, como recientemente informó The Guardian.
Líneas maestras del proyecto de seguridad online británico
El caso es que el proyecto de ley de seguridad en línea británico lleva casi un año tramitándose en el Parlamento. La norma establece responsabilidades de "deber y de diligencia" para que las plataformas tecnológicas respondan a lo que el gobierno británico considera "daños en línea".
La norma será supervisada por la ya mencionada Oficina de Comunicaciones del Reino Unido (OFCOM), el cual, en caso de incumplimientos de parte de las plataformas, sería el organismo encargado de imponer multas que pueden llegar a ascender a los 22 millones de dólares (18 millones de libras) o el 10% de los ingresos globales de la empresa (se aplicará la cantidad que sea mayor).
Según informa Electronic Frontier Foundation, el artículo 10 del proyecto de ley revisado dispone también penas de cárcel de hasta dos años para cualquier persona cuyo mensaje en las redes sociales pueda generar "un daño psicológico que suponga al menos una angustia grave". El mensaje no tiene por qué necesariamente causar daño. Si las autoridades británicas creen que el infractor tenía la intención de infringir daño y que ha existido un riesgo sustancial de generar el mismo, esa intención es suficiente para un procesamiento. Así mismo, el proyecto de ley tipifica que existe un delito de transmisión de "comunicaciones falsas", castigado con multas e incluso penado con hasta 51 semanas de prisión.
“Que la calle digital sea segura para caminar por la noche"
Entre otras disposiciones, el código de buenas prácticas, respaldado por grupos como Carnegie UK, Refuge y NSPCC, requiere que las plataformas de redes sociales realicen una evaluación de riesgos de cómo el diseño y desarrollo de sus servicios podría causar daños a mujeres y niñas.
Para entender mejor la dimensión de este proyecto, resulta pertinente citar la reflexión de una coautora del documento, la profesora Lorna Woods, de la Universidad de Essex, quien considera que la enmienda " trata de hacer que la calle digital sea segura para caminar por la noche".
“Más que actuar cuando alguien denuncie un contenido que atente contra las mujeres, adolescentes o niñas, las plataformas de Internet deberán, de acuerdo con el espíritu de la norma, monitorear y buscar de manera proactiva esa clase de contenidos”
A ese respecto, el recién creado Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) de Reino Unido considera que el proyecto de ley ya tenía medidas para hacer frente a la violencia en línea contra mujeres y niñas. La legislación requerirá que las empresas de tecnología aborden de manera proactiva el contenido y comportamiento ilegales, como el acoso cibernético y la pornografía de venganza (la difusión no consentida de imágenes privadas, generalmente con contenido sexual explícito o sugerente, sin el consentimiento de la persona que aparece representada). Dicho de otra manera: más que actuar cuando alguien denuncie un contenido que atente contra las mujeres, adolescentes o niñas, las plataformas de Internet deberán, de acuerdo con el espíritu de la norma, monitorear y buscar de manera proactiva esa clase de contenidos ofensivos, injuriosos o dañinos contra las féminas. Para así retirarlos de sus canales y denunciar a quien haya elaborado esos contenidos injuriosos o quien haya realizado un uso inadecuado de la red social.
Cómo está la seguridad online para las mujeres en España
En nuestro país, el Ministerio de Igualdad ha compilado una serie de normas y leyes que protegen a las mujeres en España en el ámbito online. Entre otras disposiciones, las féminas tienen derecho de supresión (al olvido) de los buscadores de Internet, que consiste en “el derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a tus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por tu nombre”.
También se puede proteger la privacidad de los vídeos publicados. El proyecto de vídeos online "Protege tus datos en Internet" tiene como objetivo mostrar a la ciudadanía cómo puede gestionar su privacidad en la Red. Asimismo se detalla cómo proteger los datos en la vuelta a clase, con consejos para padres, madres, centros educativos y profesorado. Se trata de una guía que señala, entre otros aspectos, la importancia de pedir el consentimiento para emplear imágenes en redes sociales o el valor de utilizar aplicaciones que ofrezcan la suficiente seguridad y estén supervisadas por el centro e informar de ello a los padres o tutores. También se detallan pautas para proteger los datos durante las vacaciones, entre otras recomendaciones.
Volviendo a la enmienda al proyecto de ley de seguridad online británica, también contiene disposiciones para las grandes plataformas de redes sociales relacionadas con contenido que es dañino, pero no delictivo, lo que requiere que las plataformas más grandes brinden a los usuarios la opción de optar por no recibir contenido misógino.
Si los términos de servicio de una plataforma prohíben el abuso misógino, entonces se espera de esa red social que haga cumplir esas condiciones. De no hacerlo, se enfrentará a acciones de Ofcom. Las infracciones de la ley conllevarán la posibilidad de recibir una multa del 10% de la facturación global, como ya se señalaba al comienzo de este reportaje.
Palancas legales para denunciar contenido ilegal o inapropiado
A modo de síntesis de lo que representa el proyecto de ley de seguridad online británico, un portavoz del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología de aquel país señala las ventajas en términos de capacidad de decisión y empoderamiento para las féminas que representa esta ley: “Las mujeres también se beneficiarán de las nuevas herramientas que les otorgan un mayor control sobre lo que ven en las redes sociales, incluido el contenido abusivo o que incita al odio por motivos de sexo”.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la entidad responsable de tutelar el derecho de supresión en caso de que la persona encargada de la publicación de contenidos en redes sociales y otros sitios de internet no responda a la solicitud de supresión de un dato personal. De todas formas, en los casos más graves, cuando se pongan en elevado riesgo los derechos y libertades de las personas afectadas, especialmente mujeres supervivientes a la violencia de género o menores, la AEPD ha habilitado un canal específico, destinado a comunicar, con carácter prioritario, la difusión ilegítima de imágenes sensibles. A través de este medio, la Agencia Española de Protección de Datos analizará esos contenidos de manera preferente, pudiendo adoptar medidas urgentes que limiten o detengan la difusión de esos contenidos.
Hablamos de un derecho universal de respeto y salvaguarda de la propia imagen y la intimidad, como recoge la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su artículo 12. No en vano, el derecho a la privacidad representa “un pasaporte que refuerza otros derechos, en la red y fuera de la red, incluyendo los derechos a la igualdad y a la no discriminación, y a la libertad de expresión y reunión”, en la medida en que es “esencial para el desarrollo de la personalidad y la protección de la dignidad humana”.
Eso por no hablar de los derechos de las niñas y niños. En concreto, la ONU pide que se proteja a la infancia de cualquier forma de violencia desarrollada en el entorno digital, como “la trata de niños, la violencia de género, las agresiones en línea, los ciberataques y los conflictos informativos”.
Crear un espacio de seguridad y bienestar para las mujeres y niñas y niños es tanto un reto como una necesidad para construir así comunidades con mayores índices de equidad, solidaridad, bienestar y respeto activo a los derechos humanos, pilar de una sociedad más libre y más justa para todos. El desafío es que los países de todo el mundo creen un entramado legal que contribuya a garantizar esos derechos. En España y ahora parece que también en Reino Unido, con medidas más coercitivas para las empresas de redes sociales y los agresores online, se están dando los pasos adecuados para velar por esos derechos.