Los datos de salud de miles de presos americanos podrían estar en manos de los cibermalos

El proveedor de salud CorrectCare ha descubierto que la información de salud protegida de algunos de sus pacientes fue expuesta durante meses.

Alberto Payo

Periodista

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Imagen de una cárcel.
Imagen de una cárcel.

La firma Correct Care Integrated Health ha advertido a sus clientes recientemente de que la información protegida de algunos de sus pacientes fue expuesta accidentalmente online y podría haber acabado en malas manos. 

El pasado 6 de julio el proveedor de servicios de salud encontró que dos directorios de archivos de su servidor web estaban mal configurados y se podía acceder a ellos a través de Internet sin necesidad de autenticación. 

La investigación forense ha determinado que los archivos llevaban expuestos desde el pasado 22 de enero. Los datos, en concreto, estaban relacionados con personas tratadas entre el 1 de enero de 2012 y el 7 de julio de 2022. 

Los archivos que habrían quedado a disposición de los actores de amenazas incluían nombres, fechas de nacimiento, números de presos e información de salud limitada, como códigos de diagnóstico, códigos CPT, proveedores de tratamiento, fechas de tratamiento, y para determinadas personas números de Seguro Social. 

Correct Care es una compañía de atención médica con sede en Nashville, Tennesee (EE.UU.) y uno de los mayores proveedores de atención médica del país para prisioneros, residencias y hospitales psiquiátricos estatales. La compañía se fundó en 2003 y cuenta con más de 11.000 empleados. 

Cientos de miles de reclusos afectados

Según se hace eco Hipaa Journal, la infracción ha afectado a pacientes tratados por Mediko, en Virginia y Health Net Federal Services (HNFS) en California. Mediko es el mayor proveedor de servicios de atención médica para personas en centros penitenciarios de Virginia, y HNFS es un socio comercial de California Correctional Health Care Services (CCHCS)/California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR). 

También se sabe que alrededor de 80.000 personas encarceladas en instalaciones operadas por el Departamento Correccional y de Seguridad Pública de Luisiana se han visto igualmente afectadas.