El Instituto Nacional de Ciberseguridad se sienta hoy en el banquillo del Juzgado de lo Social de León, acusado por el sindicato independiente CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), por no entregar a los representantes gremiales "información a la que tiene derecho para ejercer su legítima actividad y responsabilidad, poniendo así obstáculos a la negociación colectiva".
El CSIF reclama desde principios de año a INCIBE la constitución de la Comisión Paritaria contemplada en el artículo 3 del acuerdo colectivo, que aún no ha sido creada, según indica la Central. Esta instancia de negociación permitiría tanto vigilar el cumplimiento de ese acuerdo base, como estudiar y proponer cuestiones relacionadas con los problemas y las condiciones laborales de los más de 150 trabajadores que tiene la empresa.
El comité de empresa, en el que el sindicato independiente CSIF tiene mayoría, ha aprobado por unanimidad una plataforma reivindicativa que agrupa las principales demandas y que "lleva meses tratando de presentar, hablar y negociar con la dirección". Allí se reclama la actualización de los salarios a la realidad del sector, ya que "el 30% del personal de INCIBE, con una dilatada experiencia laboral, así como formación específica, cobra apenas 200€ más que los becarios que están en formación a través de un convenio con la Universidad de León, quienes experimentan su primera actividad profesional", detalla CSIF.
Esto sucede en un contexto en el que el propio INCIBE, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha publicado el documento "Análisis y diagnóstico del talento de ciberseguridad en España", en el que asegura que los sueldos que oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros no son suficientemente competitivos. El sindicato apunta que "en INCIBE apenas se llega a las cifras que menciona ese estudio".
Otras demandas tienen que ver con la equiparación salarial dentro de todas las categorías profesionales de la empresa, la implantación de incentivos por antigüedad, el establecimiento de un nuevo acuerdo de guardias, la consolidación y mejora del teletrabajo, la implantación de las 35 horas de trabajo, y las convocatorias de empleo "abiertas, específicas y transparentes". Demandas y propuestas sobre las que la empresa no se ha pronunciado ni ha dado ninguna respuesta a los representantes sindicales, tras ocho peticiones formales de reunión a la dirección, según apuntan los representantes de los trabajadores.
El CSIF expresa que "resulta sorprendente la falta de conciencia sindical de una entidad pública como INCIBE, cuando se supone que tenemos un Gobierno progresista. El abandono y desprecio que mantiene la dirección con sus trabajadores y sus representantes es inadmisible".
En el medio de este tenso clima, una convocatoria de la empresa para cubrir 20 puestos técnicos fue impugnada judicialmente por el sindicato al considerar que varias cláusulas presentaban irregularidades. Luego de esa denuncia, "la empresa no se presentó a la reunión de conciliación-mediación sin dar justificación alguna, proponiendo una reunión alternativa que no tenía garantías jurídicas", aseguran desde el sindicato. Finalmente, INCIBE decidió anular esa convocatoria.