A lo largo del 2021 España registró 305.477 delitos informáticos, lo que supone un aumento del 6,1% con respecto al año anterior. De esta cifra, una amplia mayoría, el 87,4% corresponde a ciberestafas, mientras que un 5,7% concierne amenazas y coacciones. Por otro lado, el conjunto de la cibercriminalidad representa el 15,6% del total de las infracciones penales, un porcentaje ligeramente inferior al 16,3% del 2020, año con connotaciones especiales por la pandemia de la Covid-19, pero muy superior al 5,7% del 2017, año que el informe toma como referencia porque fue cuando la Unión Europea estableció un marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades cibernéticas maliciosas.
Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden del IX Informe sobre la Criminalidad en España, elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de España y por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), organismos dependientes del Ministerio del Interior.
Este informe, que acaba de ser publicado por el Ministerio del Interior, es un análisis anual que recopila los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la ciberdelincuencia, en este caso del año pasado. Asimismo, aglutina una serie de informaciones divulgadas por otros organismos nacionales e internacionales –como el INE, EUROSTAT y la Comisión Europea– en relación a aquellas características más relevantes que permiten perfilar los rasgos distintivos de la sociedad española en relación a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). A partir de todos estos datos, realiza una comparativa con los años anteriores y con los demás países de la Unión Europea.
Además, el informe hace una distinción entre los hechos conocidos y los esclarecidos, así como aquellos en los que se han producido detenciones e investigaciones a raíz de los ataques. Así, indica que mientras se han producido 305.477 ciberdelitos, solo se esclarecieron un 14%, 46.141, y únicamente 13.801 tuvieron como consecuencia la detención de algunos de los atacantes y la investigación de los acontecimientos.
Desde el punto de vista geográfico, las Comunidades Autónomas que en 2021 concentraron un mayor número de infracciones penales en el ámbito de la criminalidad fueron Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, y a nivel provincial encabezan la lista Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Málaga y Vizcaya.
El perfil de la víctima de ciberdelitos en España
Los datos del informe relativos a las victimizaciones, que han sido registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contabilizan a un total de 240.000 víctimas, lo que supone un 11,4% más que en el 2020. El 51,9% de las personas afectadas por la ciberdelincuencia pertenecen al sexo masculino, tienen entre 26 y 40 años, y son objeto, principalmente, de ciberestafas, amenazas y coacciones, y falsificación informática, según destaca el informe.
Sin embargo, cuando se trata de incidentes relacionados con la usurpación del estado civil, delitos contra el honor o delitos con fines sexuales con menores de 16 años (el denominado 'groooming') son las mujeres las que exceden en porcentaje a los hombres.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el informe determina que el 87,5% de ellas son españolas y el 12,5% restante de nacionalidad extranjera. En este caso, son mayoría las procedentes de Marruecos, Rumanía y Colombia.
Por otra parte, en relación a la nacionalidad de las personas detenidas o investigadas por acciones criminales en este ámbito, el informe apunta que el 79,3% de los usuarios implicados eran españoles. El 20,7% restante se divide mayoritariamente entre ciudadanos europeos (5%), americanos (8,7%), africanos (4,7%) y asiáticos (0,8%). Además, la mayoría de las personas detenidas o investigadas por ciberdelitos en 2021 tenían edades comprendidas entre los 46 y los 40 años (1.720 de ellos), entre 18 y 25 años (871) y de 41 a 50 años (709 ciberdelincuentes en total).