La defensa del ciudadano británico de 22 años, James O'Connor, acusado de hackear numerosas cuentas de Twitter de políticos y famosos, se ha opuesto este jueves a la extradición Estados Unidos aludiendo a sus "patologías psicológicas" y a su falta de arraigo en el país norteamericano, y valoran que de llevarse acabo estaríamos muy cerca de adoptar con él un "trato degradante inhumano".
James O'Connor fue detenido el pasado mes de julio en Estepona tras ser reclamado por Estados Unidos acusado de 'hackear' numerosas cuentas de Twitter, incluidas algunas pertenecientes a políticos, famosos y empresas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 'hackeo' habría comenzado en julio de 2020 y se habría dirigido contra las cuentas de Twitter de personajes de toda índole, entre ellas las del actual presidente norteamericano, Joe Biden, y la de su antecesor Barack Obama, así como las del magnate Bill Gates o las de Apple y Uber.
La Fiscalía, que interesa su extradición, explica que O'Connor conspiró ese mes para "operar una trama" que buscaba "intercambiar un acceso a cuentas de Twitter obtenido ilícitamente y sin autorización por pagos de criptomoneda". 'PlugwalkJoe' comenzó a hacer negocios entonces con otras tres personas, con quienes vendió las mismas y lavó las ganancias a través de transacciones en línea de la divisa.
Desde estos perfiles ofrecía a los seguidores poder doblar el dinero que ingresaban en Bitcoins en una cuenta virtual, perpetrando con ello una estafa. El FBI inició entonces una investigación en la que participaron numerosos equipos como el Servicio Secreto de los Estados Unidos, autoridades de Reino Unido y la Policía Nacional, quien finalmente detuvo a O'Connor en su casa en la ciudad malagueña.
Pero, además de su "papel en la intrusión informática de Twitter", O'Connor también estuvo "involucrado" en dos ataques informáticos a cuentas de redes sociales asociadas con dos figuras públicas, estando acusado igualmente de cometer "acoso cibernético contra una víctima menor de edad".
En el caso de la primera víctima el hacker, junto con los otros acusados, tomaron el control de su cuenta de TikTok y subieron varios vídeos en los que incluían grabaciones de audio de la voz del propio O'Connor y referencias a su mote.
Con otra de las afectadas, la trama fue más allá. Corría junio de 2019 cuando los acusados se hicieron con su cuenta de Snapchat, de la que obtuvieron fotografías desnuda. El propio O'Connor se encargó de reenviar a sus colaboradores sus imágenes, llegando a amenazarle con publicarlas a menos de que publicase un mensaje asegurando que los hackers le habían devuelto su cuenta.
Además de los hechos anteriormente relatados, Estados Unidos presentó una nueva solicitud de extradición incluyendo los mencionados delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos, estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, contando también con el visto bueno del fiscal para su entrega.
Robó casi un millón de dólares en criptomonedas
Todo ello, recoge el escrito del Ministerio Público, por los ataques informáticos que O'Connor perpetró entre marzo y mayo de 2019 junto a otras personas, junto con las que logró acceder a varias cuentas y sistemas informáticos de una compañía de criptomonedas ubicada en Manhattan.
Gracias a ese ataque pudieron hacerse con el control del teléfono móvil de un ejecutivo de la propia compañía, vinculando el mismo a una tarjeta desde que la que lograron desviar sus llamadas y mensajes a otro dispositivo. Después, obtuvieron el acceso no autorizado a cuentas de la víctima registradas con ese número de teléfono móvil.
La organización se apoderó de criptomonedas con un valor aproximado de 784.000 dólares. A continuación, procedieron al blanqueo del dinero por medio de docenas de transferencias, transacciones e intercambios de las criptomonedas por Bitcoin.
En la vista extradicional celebrada en la Audiencia Nacional, el letrado del conocido como 'PlugWalkJoe' ha solicitado dos condiciones en el caso de que el tribunal entendiera que, como pide el Ministerio Fiscal, procede su entrega: que no se le condene a cadena perpetua y que cumpla la pena en el Reino Unido, informa Europa Press
O'Connor, que se enfrenta a 94 años de prisión --47 por cada una de las solicitudes de extradición--, ha tomado el turno de palabra para alegar únicamente que no había podido reunirse con su abogado para preparar de forma previa la vista.
Esta ha sido una de las cuestiones referidas por su abogado, que ha asegurado que no pudo tener contacto con el hacker desde que asumió su representación debido a que O'Connor "estaba en confinamiento por COVID". "No hemos podido siquiera tratar la vista para que él pudiera declarar: esto afecta a la autodefensa", ha asegurado.
Su abogado alega también problemas de acceso a la cloud del Ministerio de Justicia para defender los intereses del hacker
Su letrado también ha aludido a, precisamente, el poco tiempo que ha tenido para preparar su caso, destacando que únicamente ha contado con "ocho días para dos extradiciones". "Realmente era imposible, solicitamos la suspensión y se nos denegó", afirma, y añade que bajo ningún concepto el cambio de representación tuvo intención dilatoria alguna.
Como cuestión preliminar, su abogado también ha lamentado lo que ha achacado a un simple "error". "Se nos ha denegado el acceso al cloud (la nube) de Justicia. No tenemos el vídeo de la declaración antes de la prisión provisional. Nos ha generado indefensión", ha afirmado.
Entrando al fondo de la petición de extradición, el letrado ha sostenido que se debería notificar a Reino Unido la posibilidad de librar una Orden Europea de Detención y Entrega , o el mecanismo alternativo, por si tuvieran interés en asumir un caso cuyas supuestas "víctimas pueden ser británicas".
Además, su representación también se ha referido a la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar estos hechos citando jurisprudencia del propio tribunal. "No será tanto el lugar en que efectivamente se ha producido el desplazamiento patrimonial sino el lugar del domicilio del intermediario o investigado. ¿Cuál era el domicilio? España, en todos ellos. Primero en 2019 y luego en 2020", ha recordado.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha ratificado los dos escritos en los que avala sendas extradiciones. En el primero, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y con uno de extorsión. En segundo caso, y es que O'Connor también es reclamado por el supuesto robo de bitcoins, por el que se le acusa de un delito de acceso ilícito a sistemas informáticos, estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Así, el fiscal también se ha referido a la alusión a la salud mental del joven británico y que, a su juicio, "no sería mas que la consecuencia de la reclamación extradicional y de la aflicción inherente al estar ingresado en prisión pero que", a su juicio, "no puede generar la posibilidad de suspender la entrega".
Además, el representante del Ministerio Público ha asegurado que su letrado "sí ha tenido oportunidad de entrevistarse" con O'Connor a pesar de las "circunstancias de la pandemia" que, ha añadido, "no habrían impedido en ningún caso" ese encuentro teniendo en cuenta "el tiempo transcurrido".
Y, en cuanto al supuesto de los hechos se hubiesen producido en España, el fiscal se ha referido a varias decisiones de la Sala de lo Penal. "En el caso de infracciones cometidas tanto en España como en el país requirente, no existe razón para denegar la entrega en aquellos supuestos en cuya parte sustancial del hecho se haya producido en extranjero", ha añadido.