Europol alerta sobre el impacto del enrutamiento doméstico en las investigaciones policiales

Ha explicado por qué "obstaculiza gravemente" la capacidad de las fuerzas del orden y ha advertido que es necesario encontrar una solución.

Silvia

Redactora especializada en Seguridad y Tecnología.

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Imagen representativa del enrutamiento doméstico (Foto: Tung Nguyen en Pixabay)
Imagen representativa del enrutamiento doméstico (Foto: Tung Nguyen en Pixabay)

Europol ha lanzado una advertencia sobre el "grave desafío" que representan las tecnologías de mejora de la privacidad (las 'Privacy Enhancing Technologies' o PET) utilizadas en el enrutamiento doméstico ('Home Routing') para la recopilación de información por parte de autoridades judiciales y de aplicación de la ley.

En un documento publicado este pasado jueves, Europol expone los problemas que genera el enrutamiento doméstico para las fuerzas policiales en el desempeño de las funciones y presenta posibles alternativas para salvaguardar su capacidad para proteger a los ciudadanos e investigar a los criminales.

¿Qué es el enrutamiento doméstico?

La Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea responde a esta pregunta en un comunicado, también emitido este pasado jueves. Según explica, el enrutamiento doméstico permite que las compañías de telecomunicaciones puedan seguir prestando servicio a sus clientes cuando estos viajan al extranjero, de forma que sus comunicaciones (llamadas, mensajes y datos) se siguen procesando a través de su red local en lugar de la red del país que está visitando).

"En consecuencia, esto significa que el proveedor de servicios en el extranjero no puede entregar datos de comunicación a las autoridades policiales tras una solicitud judicial, si el servicio nacional prestado ha habilitado PET en 'Home Routing'.

"Una vez que se implementa 'Home Routing', ya no se puede interceptar a ningún sospechoso que utilice una tarjeta SIM extranjera. Este problema se produce tanto cuando un ciudadano extranjero utiliza su propia tarjeta SIM (extranjera) en otro país como cuando los ciudadanos o residentes utilizan una tarjeta SIM extranjera en su propio país. La única excepción actual es cuando un proveedor de servicios nacional (al que se pueden enviar órdenes de interceptación nacional) tiene un acuerdo de cooperación que desactiva la PET en 'Home Routing' con el proveedor de servicios de otro país", detalla Europol.

¿Por qué dificulta la labor policial?

Europol continúa su comunicado argumentando los motivos por los que el enrutamiento doméstico "obstaculiza gravemente" la capacidad de las fuerzas del orden para recabar pruebas en sus investigaciones.

Según alega, el 'Home Routing' constituye una "laguna jurídica" que los delincuentes aprovechan para evadir la aplicación de la ley, ya que les permite crear un desequilibrio entre ellos mismos y las fuerzas del orden, cuyas capacidades se ven seriamente limitadas.

"En el caso de ruta nacional, no es posible ejecutar una orden de interceptación nacional a través de las fronteras. En su lugar, se puede emitir una orden de investigación europea, pero la respuesta puede tardar hasta 120 días, lo que es demasiado tiempo cuando se necesita una interceptación de emergencia", subraya.

Además, recalca que "no es deseable" que el ejercicio de los poderes de investigación nacionales dependa de la cooperación voluntaria de un proveedor de servicios de telecomunicaciones extranjero.

Insta a solucionar el problema logrando un equilibrio

Ante esta problemática, Europol incide que "se debe encontrar una solución que permita a las autoridades de un país interceptar legalmente las comunicaciones de un sospechoso dentro de su territorio, sin obstaculizar desproporcionadamente las comunicaciones seguras".

"Para conseguirlo, debemos lograr un equilibrio entre aprovechar la innovación técnica para el bien social, como la protección de los derechos a la privacidad, y al mismo tiempo evitar que se abuse de ella con fines delictivos", apunta.

La Agencia para la Cooperación Policial de la UE profundiza sobre esta cuestión en el documento anteriormente citado, en el que ofrece "elementos clave que deben considerarse como parte de la respuesta social, analizando aspectos operativos, técnicos, de privacidad y de políticas".