El acoso escolar por redes sociales e internet es un grave problema que afecta a miles de menores en España y que traspasa el espacio del aula. Insultos, burlas y amenazas son moneda de cambio en el día a día. Desde este curso, un nuevo "agente" patrulla colegios e institutos, tanto públicos como privados, de Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros de deportes, en todos aquellos sectores que tengan relación con menores.
Son los coordinadores de bienestar y protección (CBP), que nacen en virtud de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es un cargo voluntario que recae en orientadores, miembros de los equipos directivos o docentes.
El acoso escolar tiene distintas tipologías. Pero el ciberbullying supone ya el 18’1% de los casos, según señala un reciente informe de la Fundación ANAR. El citado estudia revela que el 95,2% de los docentes estiman que la utilización indebida de las redes sociales y las nuevas tecnologías es el principal factor de riesgo para que suceda el acoso escolar.
Un comienzo accidentado
La nueva figura del coordinador de bienestar, con competencias más extensas que la de frenar el ciberacoso, ha generado una cierta sensación de caos por la falta de directrices. Tampoco puede Educación legislar sobre el asunto para no invadir los ámbitos de actuación de las comunidades autónomas.
La propuesta del Ministerio se articula en cinco fases de acción básicas: planificación de las actuaciones, prevención, organización de la formación del personal del centro y el alumnado, la detección temprana y finalmente la intervención, en coordinación con la dirección del centro. Todos los pasos del nuevo "agente" están destinados a proteger al alumnado ante cualquier manifestación de violencia.
M. R. ejerce esta función en un centro escolar de la Comunidad de Madrid. Explica a Escudo Digital que el protocolo que tiene que seguir depende de cada caso, “aunque es toda la comunidad educativa la que tiene que estar pendiente del bienestar de los alumnos menores”. “Cuando se activan los protocolos hay que estar siempre en coordinación con dirección o inspección”, añade. En cualquier caso, M. R. considera que no tiene la suficiente formación específica para desempeñar adecuadamente su labor.
Y tiene tarea por delante, porque según la Agencia Española de Protección de Datos, ha aumentado la difusión de datos personales a través de redes sociales y otros sitios web, con especial relevancia de grabaciones de contenidos sexuales o violentos, conducta muy habitual en los casos de acoso.
Sin fondos para los coordinadores
Educación ha dejado claro que no habrá fondos específicos para los coordinadores de bienestar, y que, en cualquier caso, correspondería a las comunidades autónomas. “Básicamente se trata de una responsabilidad más -comenta M. R.-, más trabajo por el que no te pagan y ni siquiera te dan horas para realizarlo. Se da el agravio comparativo de que a otros cargos de nueva creación, los coordinadores digitales (CompDigEdu), se les abona un plus”. Es una circunstancia bastante criticada en ámbitos sindicales.
Las tres plataformas que más usan los acosadores virtuales a menores son WhatsApp, Instagram y TikTok, aunque también se utilizan Twitch y Facebook, sobre todo en Primaria, donde aparecen porcentajes superiores a secundaria, y con un perfil de víctima todavía más vulnerable debido a su corta edad.
El 85,2% de los alumnos dicen, según el estudio de Fundación ANAR, que los acosadores son compañeros conocidos del centro escolar e incluso más de la mitad (53,9%) son compañeros de la misma clase. Las redes sociales favorecen la sensación de impunidad, aunque nada más lejos de la realidad. Si se produce una denuncia, se puede rastrear la IP.
¿Se puede prevenir el ciberbullying?
La prevención del ciberbullying pasa por una buena educación digital, en familia y en los centros educativos. Se precisan además protocolos en colegios e institutos. Cuando se produce un ataque, la víctima no debe callárselo. Tiene que pedir ayuda un familiar, a su tutor, al orientador o a cualquier docente. Tampoco hay que responder a las agresiones ni proceder a su borrado, pues conviene recopilar las pruebas por si hay que cursar una denuncia. Fundamental también resulta el papel de los testigos. El silencio de los espectadores les puede hacer cómplices del acoso.
Ante el auge del ciberacoso, la comunidad educativa ha propuesto el control de las redes sociales de los alumnos. La recomendación del Ministerio de Educación es que los agentes educativos se dediquen a detectar de manera proactiva las situaciones de riesgo para la ciberconvivencia.
Aunque no existen pautas definidas para realizar esta tarea, la propuesta he provocado cierto debate, sobre todo teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Así, de manera general, el Ministerio sugiere que se monitoricen comentarios y la actividad del alumnado en el seno de las plataformas educativas, o que se sigan los hashtags y menciones vinculadas con el centro escolar en las redes sociales preferidas por el alumnado, e incluso que se creen alertas en buscadores con términos relacionados con el colegio o instituto.
Pretende Educación que los docentes puedan saber qué se menciona en las redes sociales y qué expresan los menores para poder establecer una mejor comunicación con ellos. También trabaja el Ministerio en el establecimiento de unos protocolos en casos de ciberacoso, la formación de todos los actores para que pueda darse una detección temprana de posibles conflictos.