Esta semana el Parlamento Europeo ha acordado una mayor protección contra los periodistas de los estados miembros y en detrimento de la vigilancia gubernamental a estos profesionales, amparándose en la futura Ley Europea de Libertad de Prensa.
En septiembre se habían tomado algunas medidas en esta línea. El artículo 4 del reglamento introducía una prohibición general a los estados miembros que intentaran “detener, sancionar, interceptar, someter a vigilancia o registro e incautación, o inspeccionar a los proveedores de servicios de medios de comunicación o, en su caso, a sus familiares, a sus empleados o a sus familiares, o a sus locales corporativos y privados, por negarse a revelar información sobre sus fuentes, salvo que esté justificado por una exigencia imperiosa de interés público”.
Además, se hablaba expresamente de prohibir cualquier tentativa de “implementar software espía en cualquier dispositivo o máquina utilizada por los proveedores de servicios de medios o, si corresponde, a sus empleados o sus familiares, a menos que la implementación esté justificada, caso por caso, por motivos de seguridad nacional".
Los aspectos del interés público y la seguridad nacional podían resultar bastante ambiguos y opacos en algunos supuestos. Por ello, se ha confeccionado una versión modificada que ha sido adoptada por los eurodiputados y que incluye una prohibición general de uso de spyware dentro de la Unión Europea.
"El software espía que otorga acceso completo e ilimitado a datos personales, incluidos datos confidenciales, en un dispositivo podría afectar la esencia misma del derecho a la privacidad y, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debe considerarse necesaria y proporcionada según el derecho de la Unión”, reza el texto.
Aún por definir
No obstante, a finales de este mes el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeos negociarán a finales de este mes los detalles del texto final de la norma, según recuerda The Record.
La Ley Europea de Libertad de Prensa se introdujo después de una serie de incidentes en los que los dispositivos de algunos periodistas parecían haber sido pirateados en circunstancias políticas en determinados estados miembros, incluyendo casos en Hungría, Grecia y también en España, descubriéndose spyware en los teléfonos de algunos periodistas catalanes afines al independentismo.