Los trabajadores del Parlamento Europeo no están nada satisfechos con cómo ha gestionado la institución una reciente filtración de datos.
Desde el pasado 22 de mayo el Parlamento ha avisado a miles de trabajadores del organismo de que su aplicación de contratación online People HR sufrió una violación de datos.
El suceso ocurrió a principios de año y fue descubierto el pasado 25 de abril. Supuso que la herramienta de recursos humanos fue desactivada desde entonces, mientras se realizaba una investigación.
Fruto del incidente, quedaron expuestos detalles como tarjetas de identificación, certificados de nacimiento, diplomas, historia laboral, registros médicos, derechos a prestaciones, seguros y pruebas de trabajos de hasta una década hacia atrás de personal de la institución.
El Comité de Asistentes Parlamentarios Acreditados (APA), que representa a unos 2.000 funcionarios dentro del organismo, ha pedido a la presidenta parlamentaria, Roberta Metsola, y a a los altos funcionarios públicos que aporten más información sobre qué pasos está tomando la dirección para mitigar los riesgos en materia de protección de datos y ciberseguridad derivados de la violación.
El medio de información Politico ha charlado con tres personas que han sido víctimas de la infracción, quienes han manifestado su consternación por la falta de comunicación y posterior inacción de la institución europea. Según afirma, se han avisado ya a unos 9.000 empleados.
¿Quiénes son los autores?
Por ahora no hay información sobre quién o quiénes podrían estar detrás de este ciberataque. Ningún grupo ha reivindicado el ataque.
En un email enviado a la plantilla se señalaba que tanto los expertos en ciberseguridad del Parlamento como la policía de Luxemburgo están llevando a cabo un análisis en profundidad para aclarar "todas las circunstancias que rodearon la violación".
Politico ha accedido a varios emails donde se pone de manifiesto que se comprometieron los documentos nacionales de identidad o pasaportes, los antecedentes penales, así como los certificados de educación y el estado civil de los afectados.