El fair-play entre empresas no supone únicamente que estas deban jugar limpio entre ellas, sino que además han de hacerlo respetando las leyes del mercado, compitiendo mutuamente para que, como consecuencia, queden fijados los precios de los productos y servicios, se garantice la calidad de estos, y estas consigan un beneficio por ello.
Esta norma básica del libre mercado es algo que, sin embargo, parece haber sido ajeno al mundo de la consultoría en España, ya que, como se ha podido saber, en los últimos diez años casi una treintena de estas firmas se ha limitado a respetar la primera parte, la concerniente a la de jugar limpio entre ellas, intercambiándose abiertamente información y clientes de la administración pública, y dejando la parte de competir, de luchar por mejorar la oferta propia respecto a las de terceros, para otro momento.
Si hubiera que poner nota a la capacidad de estas consultoras, entre las que se encuentran nombres como los de Deloitte, PwC o KPMG, para ponerse de acuerdo cara a estas actuaciones habría que ponerles un diez. Impecable su trabajo a la hora de formar un cártel, el llamado cártel de las consultoras, desde el que han evitado competir y con el que han generado un beneficio conjunto durante todo este tiempo.
La pena (para ellas) es que ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando esta práctica anticompetitiva, que lleva en marcha al menos una década (desde 2009 y hasta 2018), y por la que se han estado repartiendo la adjudicación de contratos con las administraciones, dejando fuera del pastel a otros competidores.
¿Cómo actuaba el cártel de las consultoras?
Tras la convocatoria de un nuevo concurso por parte de algún organismo de la Administración Pública, las consultoras implicadas, tal y como ha desvelado El País, se hacían favores mutuos al presentar ofertas simuladas que les permitían hacerse con contratos de la administración sin preocuparse por los rivales ni de mantener unos precios competitivos.
Dependiendo del concurso, entre ellas seleccionaban la que presentaría la mejor oferta en función de las relaciones personales de los directivos, o de la cercanía estratégica (y física) de las empresas. Y desde la elegida se solicitaba a otras firmas amigas del sector que hicieran llegar en paralelo a los clientes las llamadas "ofertas de cobertura", o lo que es lo mismo, ofertas falsas que fueran más sencillas, pero más caras.
La empresa que aspiraba al concurso, según el informe elaborado por Competencia, al que ha tenido acceso El País, "se ofrecía a preparar la oferta de sus competidores, que únicamente tendrían que estampar su firma y membrete y enviarla" al Ayuntamiento o Gobierno de turno.
Por estos hechos, Competencia habría propuesto sanciones de más de 47 millones de euros contra 22 consultoras por infracción "muy grave", de mayor a menor cuantía en función del tamaño. Las tres más grandes podrían desembolsar sumas millonarias: Deloitte (17,2 millones), PwC (10,4 millones) y KPMG (10,2 millones).
La propuesta de sanción delsupervisor propone además que se les prohíba contratar con la administraciónpública, aunque no detalla por qué periodo, y teniendo en cuenta que todavíaestas empresas pueden presentar alegaciones.
El último capítulo de esta investigación, de la que se esperan muchos movimientos en los próximos meses, lo acaba de escribir la CNMC, que, tras estas últimas informaciones publicadas, ha enviado un escrito a las empresas investigadas para advertirles de las consecuencias penales y civiles de filtrar información del expediente, tal y como publica Vozpópuli.
El caso es que la investigación sigue su curso y ya, pase lo que pase, los rótulos en los que estas firmas exhiben sus nombres desde los edificios más emblemáticos de las grandes ciudades, brillan un poco menos.