La reciente visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Madrid ha avivado el debate sobre el gasto militar de España en relación con sus socios euroatlánticos. La cuestión no es nueva y desde hace más de una década, concretamente desde la Cumbre de la Alianza en Cardiff en 2014, la cuestión planea sobre la mente de nuestros dirigentes políticos sin que por el momento se haya dado una solución a un problema que nos aqueja desde hace muchas décadas. En Cardiff, los miembros de la Alianza Atlántica acordaron alcanzar en diez años un mínimo del 2% del PIB en sus presupuestos nacionales en materia de defensa.
Pero más que con la visita de Rutte, que probablemente se enmarca en su primera ronda de contactos que realiza a todos los países de la Alianza tras su reciente nombramiento, el debate se ha recrudecido sin duda con la vuelta de Trump a la Casa Blanca y su permanente demanda a sus socios europeos de incrementar su gasto en defensa. De hecho, en su reciente intervención en el Foro de Davos, el nuevo mandatario norteamericano ha elevado la exigencia del gasto en defensa a sus socios atlantistas situándolo nada más y nada menos que en un 5%, nivel que ningún miembro de la OTAN cumple hoy en día. Según fuentes de la OTAN, en 2024 Polonia es el que más se acerca con un 4,12%. En último lugar figura España con un 1,28 %.
La promesa de Sánchez
Por ello, casi con toda seguridad Mark Rutte no ha venido a abogar por las tesis de Trump de un aumento radical del gasto en defensa en Europa. Sabe que, a pesar de la guerra de Ucrania y el recrudecimiento bélico en Oriente Medio, un incremento de esa envergadura es “misión imposible” para muchos países de la organización, entre los que destaca España por su histórica reticencia a disponer de un presupuesto en defensa acorde con el tamaño de su economía.
El secretario general de la OTAN ha venido a España a recordar al Gobierno socialista la promesa de su presidente, realizada en la cumbre de la OTAN de Madrid del 2022, por la que aseguraba que el país alcanzaría su compromiso del 2% del PIB en defensa para el 2029. Puede parecer un gesto de desconfianza, pero tiene su lógica, después de Cardiff, el Gobierno español del PP no cumplió ya con su compromiso de aumentar progresivamente el gasto en defensa hasta el 2% acordado en Cardiff, que incluso llegó a fijar dos años antes del plazo en 2022. Con la llegada del PSOE al poder en 2018 las cosas no cambiaron.
Es cierto que, tras la invasión rusa de Crimea en 2014, que motivó la necesidad de un rearme en la vieja Europa, llegó una terrible pandemia en 2020 y una guerra abierta en Ucrania en 2022 que sirvió para constatar que el objetivo marcado del 2% en Cardiff era a todas luces imposible de alcanzar. Pero en nuestro país solo se había pasado del 0,92% en 2014 al 1,2% en 2022. Y el problema persiste.
El Gobierno socialista puso ya las cartas sobre la mesa cuando solo se atrevió a aventurar un porcentaje del 1,28% para el 2024 a pesar del conflicto en Ucrania. Luego la congelación presupuestaria lo ha complicado aún más dejando la cifra del 2023, que asciende a 14.073.846,88 euros, como el presupuesto actual del Ministerio de Defensa. De esta forma se ha estancado incluso la lenta progresión presupuestaria que el Gobierno pretendía mantener incluso con la última proyección pública en materia de gasto en defensa (para el 2026) que llega solo a los 15.205 millones, con un porcentaje del PIB muy similar al del 2024.
Cómo aumentar el presupuesto de defensa
La cuestión ahora estará sin duda en cómo el Gobierno piensa aumentar en 14.000 millones estimados para que el presupuesto de defensa en solo cinco años pueda alcanzar en el 2029 ese tan ansiado 2% del PIB. Una situación ya insostenible que tanto el presidente del Ejecutivo como la ministra de Defensa se empeñan en minimizar alegando que aún existen mecanismos para alcanzar el soñado objetivo. Unos mecanismos que, con los presupuestos generales del Estado congelados son difíciles de identificar, más allá de aumentar la deuda pública o mantener la tendencia alcista de la subida de los impuestos. Una situación que se agrava en tanto en cuanto sigue sin existir mecanismos adecuados de programación presupuestaria en materia de defensa.
La ausencia de una tan necesaria y demandada Ley de programación del gasto en Defensa es sin duda el talón de Aquiles de los sucesivos Gobiernos en los últimos años. Su ausencia fue lo que probablemente hizo imposible alcanzar los objetivos de la cumbre de la OTAN en Cardiff en 2014 y lo que probablemente hará imposible alcanzarlos en 2029 según lo anunciado en la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022.
Inmenso desafío político
De esta forma, de aquí hasta el 2029, sea cual sea el color del Gobierno que lo afronte, la asignación presupuestaria para la defensa supondrá un auténtico reto político. El extraordinario reforzamiento presupuestario que se necesita se realizará en su caso en detrimento de otras políticas públicas. El desafío político es inmenso, sobre todo en actual escenario partidista que tenemos, pero de momento no hay debate político al respecto ni nada que se le parezca ni por supuesto se ha propiciado ningún debate social.
Se está esperando a sacar “el conejo de la chistera” y para ello Europa no nos va ayudar, es demasiado dinero para un esfuerzo que España no ha sido capaz de afrontar a diferencia otros socios (quizás los más próximos a Rusia) que ya han hecho, o están en vías de hacerlo, sus deberes desde hace una década.
Pero la situación en nuestro país es la descrita. Una situación producto de la imprevisibilidad por no decir inexistencia de una mínima prospección que cualquier Gobierno que se precie debe de explorar. La “sacada de pecho” después de la cumbre de la OTAN de Madrid en 2022 tiene ahora que afrontarse y es difícil saber de qué manera. Todo apunta a que la “patata caliente” del actual Gobierno pase al siguiente. al igual que ocurrió en 2018. La realidad, en consecuencia, es que el problema presupuestario que tiene España en materia de defensa ha crecido a todas luces como una gran “bola de nieve” cuyo final se sabe imprevisible.
Ahora que el “gran amigo americano” amenaza de nuevo con dejar Europa a su suerte, las alarmas han vuelto a sonar. Hace dos años, en 2022, ya en un informe de la prestigiosa Fundación Alternativas se alertaba de la que se nos venía encima como país para cumplir los compromisos del 2% en defensa antes del 2029.
España, en lugar de analizar en profundidad la situación estableciendo planes efectivos de dotación presupuestaria para el fortalecimiento de la defensa de su territorio como parte del suelo europeo, adoptó la “técnica del avestruz” y no quiso (o quizás no pudo) trasladar a un debate público la defensa como una necesidad vital para la supervivencia de España como Estado soberano. Ni siquiera a las concienzudas encuestas del CIS se han hecho mucho eco de ello en una situación de permanente abstractismo de lo que ocurre en nuestro entorno estratégico cercano.